Sólo 42 contadores sociales para hogares vulnerables: fracasa el plan catalán para garantizar la luz
42 contadores sociales en año y medio. Ese es el resultado obtenido por la Generalitat de Caraluña tras la firma en 2021 de un convenio entre la administración y Endesa para evitar que nadie tuviera que estar a oscuras en su casa. Incluso en los casos de ocupación, siempre y cuando acreditaran estar empadronados. En ninguno de los 15 municipios más poblados de la comunidad autónoma se ha instalado un solo aparato para garantizar la luz a estas familias en riesgo de exclusión social. Hay que remontarse al número 18, Castelldefels, donde se ha puesto uno. En total, solo son 19 municipios, de un total de 947 que hay en Cataluña.
“Es una cifra pobrísima”, critica Josep Babot, portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE), una de las organizaciones sociales que más ha peleado durante años para que se sellara el acuerdo entre la administración pública y la compañía privada. ¿A qué se debe este resultado tan nimio? “El bloqueo parte de un documento extra que pide Endesa y que no se establece en el convenio”, responde Babot. Según la APE, es un texto que exige una firma del trabajador social, cuando la entidad asegura que lo pactado es que los afectados sean quienes tengan que solicitar ese contador social, en vez de los trabajadores de los Ayuntamientos. Eso, consideran algunos, puede exponer a los empleados de la administración.
Por su parte, Endesa muestra su “compromiso y la voluntad de cumplir el acuerdo con la Generalitat”, considera válido el pacto y pone como ejemplo los aparatos ya instalados, cuentan fuentes de la compañía a infoLibre. Además, esgrime que 107.700 familias catalanas disponen del bono social, que rebaja substancialmente su factura. La compañía controla el 95% de la distribución eléctrica en Cataluña y es también la mayor comercializadora.
El texto, firmado el 29 de marzo de 2021, establece: “Endesa asumirá la regularización de la titularidad de los contratos de subministro”. Asimismo, “Endesa se compromete a garantizar el derecho al acceso de urgencia al suministro básico de electricidad mediante la instalación de un contador sujeto a una contratación del servicio de electricidad temporal, a las personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que no tengan título que legitime su ocupación de la vivienda pero que estén domiciliados”.
Estos son los municipios que han instalado los mencionados contadores, por orden de cantidad: Sallent (8), Lloret de Mar (7), Santa Eulàlia de Ronçana (7), Blanes (3), Sant Feliu de Guíxols (3), Almacelles (1), Amposta (1), Anglès (1), Arenys de Munt (1), Castelldefels (1), El Pont de Vilomara i Rocafort (1), Lleida (1), Lliçà d’Amunt (1), Lliçà de Vall (1), Llorenç del Penedès (1), Olesa de Montserrat (1), Sant Feliu de Llobregat (1), Sant Salvador de Guardiola (1), Vilassar de Dalt (1).
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“Cuando salió el convenio lo usamos, porque un bloque de un banco estaba ocupado por muchas familias con niños que tenían la luz pinchada, hubo un incendio y se quedaron sin corriente”, rememora Sílvia Tardà, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sallent, el municipio que lidera la tabla de contadores sociales instalados. “Fuimos muy insistentes con Endesa, recuerdo dos y tres llamadas diarias [para que instalaran los aparatos], porque la situación de las familias era insostenible”. Y lo lograron, tras tres semanas intentándolo.
Más tarde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña mandó un escrito a los trabajadores sociales sugiriendo que no pusieran su nombre en la documentación requerida por la compañía. “Se les recomendó que no firmaran porque consideraban que no eran ellos quienes lo tenían que hacer, porque entonces asumían la responsabilidad en caso de impago, pero las nuestras ya lo habían hecho”, cuenta Tardà. Hasta el momento no ha ocurrido nada y la concejala asegura que, en caso de que haya algún problema jurídico, “respaldarán al 100% a las trabajadoras sociales”. Sobre las cifras totales, “sorpresa”, reconoce Tardà: “Todo el mundo puso muchas esperanzas, pensábamos que solucionarían muchas cosas y no fue así”.
El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha comparecido este miércoles en la comisión de Derechos Sociales del Parlament para abordar esta cuestión y ha asegurado que con el nuevo Govern, tras la marcha de Junts del Ejecutivo catalán, la situación cambiará. Para ello ha puesto como ejemplo el anuncio de este miércoles, donde ha asegurado que se va a condonar la deuda que las familias vulnerables habían contraído con Endesa en 2021, por un importe de 17,9 millones de euros. El convenio firmado exigía que ese coste lo pagaban a partes iguales la empresa y las administraciones públicas, pero tras la firma del texto no se volvió a saldar la deuda. “Es una situación impresentable para estas familias”, ha apuntado Campuzano. En total, hasta ahora estaban en vilo 41.000 hogares catalanes.
