Al menos 44 ayuntamientos y tres diputaciones han aprobado mociones contra la ‘ley mordaza’

Al menos 44 ayuntamientos y tres diputaciones –las de Barcelona, Sevilla y Huelva– han aprobado mociones de rechazo a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, tal y como ha contabilizado el colectivo No Somos Delito. Aunque la seguridad es una competencia prácticamente exclusiva del Estado, la plataforma promueve la creación de una red de ciudades "libres de mordazas" que sirva como método de presión al próximo Gobierno para que derogue esta norma en los primeros 100 días de gestión. Las Cortes de Aragón también aprobaron el pasado diciembre una proposición no de ley en la que la cámara regional pide la derogación de esta norma. 

Alba Villanueva, portavoz de No Somos Delito, explica a infoLibre que este colectivo está promoviendo también cambios en las ordenanzas y las normas internas de los municipios con el objetivo de que las diferentes policías municipales sean mucho más cercanas a la ciudadanía, "que los abusos reflejados en la ley mordaza sean mermados"ley mordaza y que la legislación local refleje el "correcto y libre" uso del espacio público "sin olvidar que los ciudadanos son inteligentes maduros democráticamente y no deben considerarse delincuentes por ejercer sus derechos de forma libre y pacífica". 

Para lograr este objetivo el colectivo considera que la formación de los cuerpos de seguridad es un aspecto fundamental. Entre los ayuntamientos que han aprobado mociones que instan al Gobierno a derogar esta ley están los de Albacete, Ciudad Real o Santander, también los de otros municipios como Níjar (Almería); Parla, Leganés, Pinto, Aranjuez Alcobendas o Fuenlabrada, todos en la Comunidad de Madrid; o Calahorra y Arnedo, ambos en La Rioja. 

En la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Oviedo, Aranjuez (Madrid) y Ames (A Coruña) las mociones defiende también la derogación de la reforma del Código Penal, que incluye, entre otras cuestiones, la prisión permanente revisable.

Por otro lado, está previsto que mociones de rechazo a la ley mordaza se lleven a votación próximamente en los consistorios de Alicante, Barcelona, Cádiz y Ourense. Además, hay otros tres ayuntamientos –San Sebastián, Salamanca y Logroño– en los que propuestas similares fueron rechazas por la mayoría de concejales. 

Multas de hasta 600.000 euros 

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –que entró en vigor el pasado 1 de julio– establece multas que varían desde 100 hasta 600.000 euros por conductas como impedir un desahucio, escalar edificios o monumentos, acampar en la Puerta del Sol de Madrid, okupar un banco o una vivienda, perturbar gravemente el orden público en manifestaciones próximas al Congreso o al Senado, o manifestarse sin haberlo comunicado previamente en lugares críticos como centrales nucleares, hospitales o aeropuertos.

Numerosos colectivos profesionales y civiles consideran que este ley es innecesaria, que es "represiva", "reactiva", y sólo busca "amordazar" la protesta en las calles, justo en una legislatura caliente, donde la contestación social a los recortes de derechos fue una constante. La suavización progresiva del texto limando los aspectos más polémicos, no fue suficiente para rebajar el no rotundo de los grupos, salvo PP y su socio, UPN.

No obstante, por el momento, parece que la Administración no está poniendo excesivo énfasis en su aplicación. infoLibre reclamó el pasado jueves el Ministerio del Interior datos actualizados sobre las actuaciones en materia de protección de seguridad ciudadana realizadas en virtud de esta ley, pero no obtuvo respuesta. ABCpublicó algunas cifras el pasado noviembre. Según este diario, de las 118.186 denuncias presentadas al amparo de esta norma en los tres primeros meses desde que entró en vigor el pasado 1 de julio, solo 25 (un 0,02%) lo fueron por perturbar una manifestación lícita, y tan solo 4 por manifestación no comunicada a las autoridades. 

Alba Villanueva, portavoz de No Somos Delito, enmarca estas cifras en el período preelectoral. "Es difícil hacer una valoración en un año en el que ha habido varias citas electorales, incluyendo en las generales, que ha podido llevar al Gobierno a no aplicar la ley de forma tan dura", subraya. No obstante, recuerda que sí ha habido algunas sanciones. "Hay casos extravagantes como el del camionero que fue multado con 300 euros por llamar "colega" a un agente o la denuncia interpuesta contra un ciudadano de Tenerife por llamar "escaqueados" a la policía en Facebook o el cerrajero de Málaga multado por criticar la ineficiencia de la policía municipal de su pueblo", señala el colectivo en su página web. 

Villanueva recuerda otros casos como el de los ocho jóvenes de Málaga que, en base al artículo 37.1, multaron con 101 euros a cada uno por jugar al parchís a las dos de mañana en una plaza; o el de otras cinco personas, también en Málaga, que fueron multadas por dar una rueda de prensa en las puertas de los juzgados el día que habían ido a apoyar a 12 compañeras que estaban siendo juzgadas en ese momento por una protesta precisamente contra la ley mordaza.

Demanda en Estrasburgo

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana también ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la demanda presentada contra esta norma por la coalición Defender a quien Defiende junto a  los medios de comunicación Ahötsa (Navarra), La Directa (Barcelona) y Diagonal (Madrid). El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite del documento, que se presentó a mediados del pasado diciembre. 

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Los demandantes consideran que la "arbitrariedad" de artículos como el 36.23 de la llamada ley mordaza ya está implicando que en ocasiones algunas personas, sobretodo fotoperiodistas, se vean compelidas por los agentes a dejar de grabar o fotografiar actuaciones policiales por el riesgo a ser sancionadas. Por ese motivo, se considera que las personas que trabajan en el sector del periodismo y audiovisual son un colectivo especialmente afectado por esta disposición, ya que pone en peligro su función principal: informar sobre hechos de relevancia pública.

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Esta información ha sido editada a las 17.45 horas del 25 de enero de 2016 para actualizar la lista de ayuntamientos que han aprobado mociones de rechazo a la 'ley mordaza'.