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Un 8% del PIB para vivienda y educación, gravar a los ricos o cerrar los CIE: Sumar lanza su proyecto de país

La vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz en un acto de Sumar.

La "escucha" ha terminado. Siete meses después de que Yolanda Díaz presentase a los coordinadores de los 35 grupos de trabajo encargados de elaborar las conclusiones del proceso de escucha que inició el pasado verano, Sumar —el proyecto que encabeza la vicepresidenta segunda— ha publicado este jueves sus conclusiones. Pero este no es el final. Desde Sumar quieren que sus inscritos aporten también su punto de vista y por ese motivo han abierto una plataforma, que estará vigente hasta el 2 de junio, para que todas las personas interesadas puedan trasladar sus apreciaciones a los documentos ya publicados. ¿Y qué sucede si una propuesta es muy votada pero no encaja con los ideales de Sumar? Desde la organización se reservan el derecho a veto, pero insisten en que se trata de un "proceso constructivo".

Las conclusiones que se han hecho públicas este jueves buscan sentar las bases de un "proyecto de país para la próxima década", aunque también pueden servir de apoyo a Díaz para un evento que llegará mucho antes: las elecciones generales, que se celebrarán a finales de este año. Entre las 35 materias que se han trabajado está vivienda, educación, modelo territorial, calidad democrática, fiscalidad, trabajo o juventud, pero no hay un apartado dedicado, por ejemplo, al modelo del Estado. Desde la plataforma se marcan finales de verano para tener los documentos definitivos.

Los encargados de presentar estas conclusiones han sido Carlos Corrochano, coordinador del grupo de trabajo de política internacional, y Paula Moreno, coordinadora de economía y cuidados. "Son medidas largas, no medidas concretas, para poder implementar en una década, una mirada que va más allá del corto plazo", han explicado en rueda de prensa. Ambos han destacado que Sumar aún no se ha constituido como "un partido político" sino que es "un movimiento ciudadano" que va "mucho más allá de Yolanda Díaz".

Entre los nombres que han coordinado los grupos destacan el del exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial Fernando Salinas, el del politólogo y analista Ignacio Sánchez-Cuenca, el de la activista medioambiental Yayo Herrero, el del filósofo César Rendueles y el de la profesora experta en feminismo e igualdad Arantxa Elizondo. Perfiles alejados de la política institucional, a excepción de Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, encargado de supervisar el área de educación, que este jueves ha acudido también a la rueda de prensa. Estas son las principales propuestas:

Fiscalidad

En el apartado de fiscalidad, desde el grupo de trabajo de Economía por una vida mejor abogan por recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones en toda España. "Las herencias son hoy un importante factor de desigualdad y generan, en ocasiones, una gran capacidad de pago que no está siendo gravada", exponen. En ese sentido proponen introducir un mínimo y máximo estatal de las exenciones, escala de gravamen, reducciones, bonificaciones y deducciones en el marco del futuro modelo de financiación autonómico para "impedir" que "la posible espiral de competencia a la baja termine "con la práctica desaparición del tributo".

Además, creen que el impuesto sobre las grandes fortunas, actualmente en vigor pero de manera temporal, sea de carácter permanente. "Se debe establecer, dada una escala estatal claramente progresiva, un mínimo para todas las comunidades autónomas, evitando las bonificaciones autonómicas al 100 % de la cuota y mínimos exentos similares a los vigentes en el impuesto sobre patrimonio", explican.

Vivienda y educación

Este jueves se ha aprobado la ley de vivienda en el Congreso y muchas de las medidas que proponen desde los grupos de Sumar van en sintonía con lo que ya se ha acordado. Pero además también defienden "el liderazgo de la banca pública, cooperativa y ética en la generación de vivienda social": "Para eso es clave aumentar la inversión pública en vivienda, del 0,1% actual, al 1% del PIB de media en la próxima década", exponen.

A propósito de la educación, defienden "garantizar la suficiencia financiera y de centros para garantizar que el 90% del alumnado pueda escolarizarse en la red pública priorizando la proximidad al domicilio y una escolarización equilibrada del alumnado". Y también creen que se debe priorizar la financiación pública frente a la privada, con especial cuidado en la educación de 0-6 años y la FP: "El objetivo es llegar de manera gradual a una financiación del 7% del PIB en los próximos diez años", señalan.

Migraciones

Una de las medidas más destacadas del apartado de migraciones es la que tiene que ver con cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y revisar y reformar la Ley de Extranjería. Desde el grupo de trabajo liderado por Viviane Ogou señalan que es necesario proteger a la infancia migrante y refugiada, simplificar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional, promover el sistema de cualificación profesional para mejorar la empleabilidad y brindar a los migrantes un sistema sanitario universal. "Queremos avanzar también en materia de derechos políticos promoviendo la participación de las personas migradas en los asuntos públicos y estableciendo el sufragio universal", apuntan.

Bienestar y derechos sociales

El equipo de bienestar y derechos sociales propone "explorar y debatir" el establecimiento de una herencia universal. Es decir, "un sistema público de dotación de capital que se asignaría a cada joven para difundir la propiedad en la base y limitar su concentración en la cúspide". Una medida que, a juicio de los expertos de Sumar, podría "contribuir a cerrar la creciente brecha generacional que existe en nuestra sociedad" porque "la gente joven, abocada a la precariedad o el desempleo, se ha visto obligada a aplazar el disfrute de una vida digna e independiente debido al empeoramiento de las condiciones de trabajo y a los altos precios del mercado inmobiliario".

Calidad democrática

El grupo de trabajo que ha liderado Sánchez-Cuenca contiene una crítica a la función de los partidos, un planteamiento que va en la línea de lo que traslada Díaz. "Los partidos políticos han invadido grandes espacios de la vida pública y la corrupción es una lacra que la sociedad española no tolera", expone el documento. Por ese motivo señala que "es necesario reducir el poder partidista en asuntos que no deberían serlo, por ejemplo, a través de comisiones plurales de nombramiento de los diferentes poderes del Estado que incluyan a servidores públicos y miembros de la sociedad civil". En ese sentido, creen que administraciones como las autonomías deben participar en la propuesta y elección en diferentes instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones independientes.

Modelo territorial

No hay ninguna mención a la palabra referéndum o consulta en ningún documento de las conclusiones, un asunto en el que Yolanda Díaz mantiene una tibia posición. Lo más lejos a lo que llega Sumar es a un "nuevo pacto territorial" que "articule la complejidad del país, que comprenda su pluralidad política, tanto la voluntad de autogobierno de cada comunidad, como la voluntad de gobierno compartido del conjunto". Sin aludir tampoco al modelo federalista, consideran necesaria la "evolución de un sistema de gobierno multinivel y multicéntrico, mediante variadas síntesis de autogobierno, sólido y garantizado, para las comunidades, y gobierno compartido en materias de interés común".

Juventud

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Sumar también le dedica un capítulo a los jóvenes, que define como "una generación invisible caracterizada por la frustración debido a las dificultades para emanciparse e iniciar un proyecto de vida y la inestabilidad laboral". Por lo que respecta a medidas concretas, abogan por "promover el voto a partir de los 16 años" como un elemento que puede ayudar a "reducir la brecha" política de los jóvenes, menos interpelados, de manera general, por la política. También proponen "eliminar la discriminación en el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de las personas menores de 23 años y eliminar los requisitos especiales para los y las menores de 30 años.

Modelo urbano

Sumar propone un modelo de ciudad "ecofeminista" y desde "los cuidados". Por ese motivo abogan por medidas que "garanticen la calidad de vida" de sus habitantes como las supermanzanas "en las que los barrios son articuladores de vida" y medidas de proximidad como la "ciudad de los quince minutos". En ese sentido creen que el barrio debe incorporar la producción local de bienes de consumo y de energía, así como el acceso a la alimentación, el comercio, la cultura, el deporte y también el ocio.

 Administración y buen gobierno

Díaz ha señalado en varias ocasiones que la administración está desfasada. Por ese motivo no es de extrañar que uno de sus grupos de trabajo vaya en la misma línea. "Es necesario apostar por una Administración de calidad, sin laberintos burocráticos, en la que la transparencia sea la principal vacuna anticorrupción", exponen. "No puede ser un búnker aislado del exterior, sino una herramienta de la ciudadanía para resolver sus problemas y hacerse escuchar, y para ello es necesario hablar el mismo idioma y evaluar las medidas que adopta y pone en marcha".

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