Dependencia

94.900 personas renunciaron en 2013 a buscar empleo por tener que cuidar a dependientes

El sistema de Dependencia pierde beneficiarios cada mes.

Los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió este viernes sobre la relación entre ocupación y cuidados a la dependencia vienen a corroborar una realidad que asociaciones de trabajadores de servicios sociales y los colectivos de afectados en el devenir de la Ley de Dependencia vienen denunciando.

El número de personas que no buscan trabajo por estar cuidando a sus familiares pasó de 526.700 en 2012 a 550.400 el año pasado. Es decir, hubo un aumento del 4,3%. De todas las personas que en 2013 es mantuvieron en la inactividad por los cuidados en el entorno familiar el 17,2% –94.900 en términos absolutos– lo hicieron porque no podían costear los servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o mayores, según recogen los datos desagregados de la Encuesta de Población Activa. Tradicionalmente la atención a los cuidados también han recaído en las manos de las mujeres. Y eso es algo que también reflejan los datos oficiales, pues un 88.3% de esas 94.900 personas eran mujeres. En 2013 también aumentó el número de personas que trabajaron a tiempo parcial porque tenían a su cargo a personas dependientes. Pasaron de 276.100 en 2012 a 322.100 en 2013. Es decir, hubo 46.000 más. La mayoría de ellas, el 95%, son mujeres. De 286.200 en 2012 a 305.900 el año pasado. El aumento del número de mujeres fue del 13,17%. 

La tendencia que evidencia la estadística oficial tiene que ver con los recortes que ha sufrido desde 2012 la Ley de Dependencia, una norma cuestionada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes incluso de su llegada a La Moncloa. Cuatro días antes de las elecciones de noviembre de 2011 cuestionó su viabilidad bajo el pretexto de la crisis económica en una entrevista en El País. Los recortes comenzaron a llegar poco después. 

En 2012 el Gobierno aprobó un polémico decreto por el que, entre otras medidas, acordó dejar de cotizar por los cuidadores no profesionales de dependientes a partir de noviembre de ese año. Ese mes, 85.233 personas salieron del sistema de la Seguridad Social por este motivo. Hasta ese momento, y desde que en 2007 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha esta nueva legislación, el Estado se hacía cargo de sus cotizaciones. Esta medida se puso en marcha para facilitar a estas personas el acceso a una pensión en el futuro por sus dificultades para mantener un empleo sin descuidar a sus familiares dependientes. Desde entonces, el Ejecutivo les ofrece seguir cotizando pero pagándoselo de su bolsillo.

Además, las estadísticas demuestran también que existe una apuesta clara por favorecer las ayudas monetarias en lugar de la prestación de servicios públicos, como puede ser la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día, lo que también dificulta la incorporación al mundo laboral. Según los datos de marzo de 2010 (últimos publicados), el 53,8%% de las prestaciones que se otorgaron a las personas dependientes estaban destinadas para casos en los que la persona en situación de dependencia está siendo atendida por su entorno familiar. La lógica de este reparto, explican desde la asociación de gerentes de servicios sociales, es que las prestaciones económicas son menos costosas de gestionar.

Una financiación a la baja 

Aunque para este año la asignación del nivel mínimo de protección –el dinero que el Estado da a las comunidades por cada dependiente según su gravedad– permanece prácticamente congelada, Sanidad es el ministerio que más ha visto recortado su presupuesto –un 35,6%– según el anteproyecto de cuentas públicas. Sin embargo, se apresuran a aclarar en el Ministerio de Sanidad, esta cifra se explica porque en los Presupuestos de 2013 se incluyó una partida "extraordinaria" de 1.034 millones para pagar las cotizaciones atrasadas de los cuidadores no profesionales de dependientes. Si se elimina este efecto, el presupuesto apenas sube un 0,16% hasta los 1.912 millones de euros. No obstante, aunque se obvie esta cantidad, las cuentas para el próximo año consolidan un recorte acumulado del 15% en Dependencia, si se compara con el dinero otorgado a esta partida en 2012.

Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías. De hecho, la inversión del Estado ha pasado del 39,2% en 2009 al 21,4% en 2012.

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