Las declaraciones de Santiago Abascal sobre la necesidad de “hundir” el barco de rescate de la ONG Open Arms, a cuyos miembros ha calificado de “negreros” han encontrado el rechazo del Gobierno —Yolanda Díaz o Félix Bolaños—, del presidente canario, Fernando Clavijo, y de la propia organización, que ha calificado el exabrupto del líder de Vox de “indecencia” e “insulto a la verdad”.
La amenaza de Abascal hacía referencia a hundir el barco después de “confiscarlo” y no “con los inmigrantes dentro”, como ha creído oportuno matizar el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta. A pesar de este intento de desligar la violencia física de la amenaza de hundimiento, Abascal pretende que este “sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa”, según su publicación en X.
La idea de enviar mensajes políticos mediante la destrucción de símbolos —ya sean barcos o edificios institucionales— también fue explorada por Javier Milei en su campaña presidencial cuando habló de su intención de dinamitar el Banco Central de Argentina, aclarando que no se trataba de una metáfora. Una amenaza que, de momento y por suerte, no ha cumplido.
En esta ocasión, el líder de la ultraderecha va un paso más allá y en su mensaje incluye también una amenaza a sus adversarios políticos sobre “el final que les espera” si apoyan la actividad de organizaciones como 'Open Arms'.
Los precedentes existen
Se trate de una amenaza vacía, como la de Milei, o de un ejemplo más de la retórica provocativa que caracteriza a su partido, lo cierto es que las declaraciones de Abascal evocan a un historial real de violencia marítima estatal contra migrantes y activistas que da una pista de qué políticas querría imponer la ultraderecha si llegase al poder.
El precedente histórico que antes viene a la cabeza cuando uno piensa en un Estado democrático hundiendo una embarcación civil de una ONG contraria a sus intereses es el Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace. En 1985, el gobierno socialista francés de François Mitterrand mantenía un pulso con la organización, que se oponía a los ensayos de armas nucleares que Francia llevaba a cabo en el Océano Pacífico.
El 10 de julio de ese año, en el puerto neozelandés de Auckland, donde el Rainbow Warrior esperaba atracado para realizar una acción de protesta, un equipo de buceadores de combate de la Armada francesa colocó cargas explosivas en el casco del barco, hundiéndolo con la detonación. Como resultado del atentado, falleció el fotógrafo de Greenpeace Fernando Pereira.
Tras tres meses negando su implicación, Francia reconoció la autoría del ataque, y acordó pagar compensaciones a la ONG y al Gobierno de Nueva Zelanda, aunque las disculpas tardaron 30 años en llegar y lo hicieron a título personal, no institucional: en 2015, el coronel responsable de la operación pidió perdón a la víctima, a su familia, a Greenpeace y a Nueva Zelanda en una entrevista con Mediapart, socio editorial de infoLibre.
No hace falta remontarse al siglo pasado para ver a un Gobierno atacar embarcaciones humanitarias. Los abordajes militares de flotillas civiles que transportan comida y medicamentos a Palestina son una práctica habitual de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El último tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando Israel interceptó en aguas internacionales las naves de la coalición Flotilla de la Libertad y detuvo a su tripulación, entre la que se encontraba la activista sueca Greta Thunberg y el ingeniero español Sergio Toribio, a pesar de no encontrarse bajo jurisdicción del país hebreo.
Los tripulantes fueron retenidos brevemente por las FDI y luego puestos en libertad, sin embargo, no todos los activistas interceptados en el mar por Israel han corrido la misma suerte. En 2010, una flotilla con ayuda con ayuda humanitaria para Gaza, similar a la que partirá de Barcelona el 31 de agosto, fue abordada en aguas internacionales por las fuerzas israelíes, que asesinaron a diez activistas a bordo del Mavi Marmara, un buque turco de la organización IHH que encabezaba la llamada Flotilla de la Libertad.
Las imágenes del asalto, grabadas por los propios tripulantes y difundidas por medios de todo el mundo, mostraron el uso de munición real por parte de los comandos israelíes. El incidente supuso una crisis diplomática con Turquía y abrió una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que las fuerzas israelíes habían actuado “de manera desproporcionada” y vulnerado el derecho internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional renunció a llevar a cabo acciones contra Israel por el ataque, al considerar que “no tuvo la gravedad suficiente”.
A la represión contra barcos de activistas se suman las prácticas violentas y sistemáticas en las rutas migratorias. En el Mediterráneo, diversas organizaciones y periodistas han documentado que guardacostas griegos y libios disparan, embisten o sabotean embarcaciones con personas migrantes para impedir que lleguen a Europa. En 2024, un reportaje de la BBC relató casos en los que las autoridades griegas habrían arrojado inmigrantes al agua tras golpearles y atarles las manos.
Además de los casos de violencia activa, existen numerosos casos de omisión de socorro, como el naufragio de una embarcación con centenares a bordo en la costa de Grecia en 2023, o el de Calabria en el mismo año, donde murieron al menos 30 personas tras una respuesta tardía de las autoridades, pese a las llamadas de socorro.
Estos antecedentes demuestran que, lejos de ser una simple bravata política, la violencia marítima estatal contra ONG y migrantes no es una hipótesis. Francia voló y hundió un barco ecologista; Israel ha matado activistas en alta mar; y las políticas de control migratorio en Europa han dejado cientos de muertos por agresión directa u omisión. En ese contexto, el discurso de Abascal normaliza una violencia que ya existe —y que tiene víctimas mortales—, reforzando el clima de criminalización hacia quienes rescatan vidas en el mar.
Las declaraciones de Santiago Abascal sobre la necesidad de “hundir” el barco de rescate de la ONG Open Arms, a cuyos miembros ha calificado de “negreros” han encontrado el rechazo del Gobierno —Yolanda Díaz o Félix Bolaños—, del presidente canario, Fernando Clavijo, y de la propia organización, que ha calificado el exabrupto del líder de Vox de “indecencia” e “insulto a la verdad”.