Medios más transparentes y periodistas expuestos al espionaje: luces y sombras de la 'ley de prensa' de la UE
La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) continúa cocinándose lentamente en pleno corazón comunitario. El reglamento, que la Comisión Europea puso sobre la mesa hace poco menos de un año y cuya aprobación no se espera hasta comienzos del próximo, se encuentra ahora en la Eurocámara. Y aunque trae consigo importantes avances en materia de transparencia o independencia, lo cierto es que la posición negociadora adoptada recientemente por el Consejo de la Unión Europea ha generado una enorme preocupación. Básicamente, porque abre la puerta al espionaje de periodistas o sus fuentes.
"Los medios de comunicación son un pilar de la democracia, pero este pilar se está agrietando actualmente por las presiones de gobiernos y grupos privados", señalaba el pasado mes de septiembre la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova. Poner fin a ese deterioro es, justamente, el gran objetivo que se esconde tras la propuesta del Ejecutivo comunitario. Un texto que, con carácter general, ha tenido una buena acogida por parte de los colectivos profesionales. "Abre nuevos caminos significativos en nuestros esfuerzos para proteger la libertad de los medios", resaltaron en su momento desde la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés).
El reglamento planteado por el Ejecutivo comunitario incluye pasos importantes en materia de transparencia. Así, obliga a los "prestadores de servicios de medios de comunicación que ofrecen noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad" a hacer "accesible, de forma sencilla y directa" el nombre o los nombres "de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas". En resumidas cuentas, a hacer público quiénes son sus dueños. Pero no solo eso. También a "garantizar la divulgación" de cualquier "conflicto de interés real o posible" de cualquier parte que tenga una participación en el medio "que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos".
Más allá de la propiedad mediática y los vínculos de interés, la propuesta de Bruselas hace especial hincapié en la independencia. De ahí que plantee, entre otras cuestiones, que las empresas mediáticas deban adoptar medidas para "garantizar que los editores sean libres" a la hora de tomar "decisiones editoriales individuales en el ejercicio de su actividad profesional". Una libertad que tampoco podrán intentar socavar las propias autoridades de los Estados miembros. "No interferirán ni tratarán de influir de ningún modo, directo o indirecto, en las estrategias y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación", deja claro el artículo cuarto del texto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo comunitario.
La batalla del artículo cuarto
Es en este precepto, que precisamente rechaza la instalación de "programas espía" en dispositivos o máquinas usados por los periodistas, donde se encuentra ahora mismo buena parte de la preocupación de los colectivos profesionales. Sobre todo, después de que la posición negociadora adoptada por el Consejo de la UE incluya, a propuesta de Francia, la siguiente coletilla al final del artículo: "Este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional". Una brecha que centró parte del seminario organizado el pasado viernes en Madrid por Europa en Suma sobre la EMFA. "La protección de las fuentes es la piedra angular del periodismo", recordó Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas.
Con toda probabilidad, explican fuentes al tanto de las conversaciones, este será uno de los puntos de fricción que existan entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE cuando el próximo otoño se abra lo que se conoce como trílogo –negociaciones interinstitucionales entre Eurocámara, Comisión y Estados miembro–. "Introducir eso al final del artículo supone dejar una puerta abierta para que los países puedan utilizar un concepto tan etéreo como la seguridad nacional para dejar sin efecto todo el precepto, lo que afectaría tanto a la cuestión del espionaje a los periodistas como a la libertad editorial", resaltan esas mismas fuentes, que recuerdan que el Parlamento ha sido contundente en lo relativo a frenar los abusos en el uso de programas de vigilancia.
Las fuentes consultadas también prevén que haya un intenso debate con el nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo compuesto por autoridades nacionales de medios que tiene como objetivo asesorar y apoyar a la Comisión para promover la aplicación del nuevo reglamento. O en lo referente al contenido de los "prestadores de servicios de medios de comunicación" en las "plataformas digitales de muy gran tamaño". Tampoco descartan, del mismo modo, que haya discusión sobre el alcance de la transparencia exigible a los propios medios. "Es un asunto muy fragmentado y extenso, lo cual complica la negociación", explicaba Diana Riba, del grupo Los Verdes, en el seminario de Europa en Suma.
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En relación con la transparencia, otro de los aspectos interesantes de la propuesta tiene que ver con la asignación de publicidad institucional, al que se le dedica todo un artículo. En este sentido, el texto obliga a las autoridades a conceder cualquier fondo, remuneración o ventaja "conforme a criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios". Y a hacerlo mediante "procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios". "La regulación en este ámbito está fragmentada y es limitada, dado que muchos Estados miembros carecen de normas específicas y las normas vigentes tienen ámbitos de aplicación discrepantes, lo cual va en detrimento de la seguridad jurídica y entraña el riesgo de decisiones arbitrarias o discriminatorias", recuerda la Comisión.
Además, todos aquellos que repartan publicidad institucional deberán publicar anualmente "información exacta, exhaustiva, inteligible y detallada" sobre cuánto han gastado y a qué medios ha ido destinado dicho dinero. Ahora bien, a nivel local sólo estarían obligados a hacerlo, según la propuesta del Ejecutivo comunitario, los gobiernos "de entidades territoriales que superen el millón de habitantes". Esto, en el caso español, dejaría fuera a la práctica totalidad de ayuntamientos. Al fin y al cabo, tan solo superan dicha barrera Madrid o Barcelona. Habrá que ver si, finalmente, dicha excepción se elimina o se mantiene en el momento de aprobar el texto final. Algo que no ocurrirá, según prevén las fuentes pulsadas, hasta comienzos del próximo año.
En el citado seminario celebrado en Madrid, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, defendió también la necesidad de "ampliar los criterios para la adjudicación de publicidad institucional. Reducirlos a la audiencia o número de clics supone premiar con recursos públicos a medios que no ejercen un periodismo fiable sino que dedican grandes cantidades de dinero a comprar tráfico para así aumentar sus ingresos comerciales o para acceder a los concursos de campañas institucionales". Representantes de la FAPE y de distintos sindicatos mostraron su apoyo a esa ampliación de criterios. Hace sólo unas semanas, cinco medios digitales, entre ellos infoLibre, denunciaron "la utilización caprichosa, ideológica y totalmente discriminatoria de los recursos públicos" que ejercen, por ejemplo el gobierno autonómico de Díaz Ayuso y el municipal de Martínez Almeida en Madrid para "beneficiar a ciertos medios mientras se castiga a otros considerados críticos".
