Movimiento animalista

El accidente de los elefantes reabre el debate sobre los circos con animales

Uno de los elefantes que ha resultado herido tras volcar el camión en el que viajaba.

Lo que en un inicio se presentó bajo la forma de accidente vial se ha revelado como la consecuencia de un modelo que asociaciones animalistas llevan años denunciando. Se trata de los circos itinerantes que utilizan animales salvajes en sus espectáculos y del último episodio generado por uno de ellos, el Circo Gottani, tras el accidente en una autovía de Albacete que este lunes provocó la muerte de un elefante. Diversas asociaciones animalistas del país se han apresurado en reiterar su petición de terminar con los circos itinerantes con animales salvajes y han requerido a la administración pública acciones concretas para proteger la vida de estos animales.

Los elefantes, según ha informado la Asociación Parlamentaria por la Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), "pertenecían al domador Joy Gartner, del circo Gottani, que cuenta con tres expedientes sancionadores en Galicia y que había pasado varios días en el municipio de La Gineta (Albacete)". Todos los elefantes "fueron capturados en la naturaleza en la década de 1960 para ser entrenados y exhibidos en circos como Pinder y Médrano en Francia", señala la organización.

Alberto Díez, director de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) e integrante de InfoCircos, explica en conversación con infoLibre que este tipo de transporte está sometido "a los riesgos de la circulación vial", pero "las consecuencias una vez ocurrido son completamente diferentes". Díez diferencia entre un vehículo que transporta materiales sencillos de aquel que porta animales salvajes. Aunque las consecuencias han recaído exclusivamente sobre los animales, "podían haber sido terribles para los ocupantes de otros vehículos", dice la asociación que representa.

InfoCircos recuerda que la Comisión Europea declaró oficialmente que el Reglamento 1/2005 sobre la protección de animales salvajes durante su transporte no es aplicable a los animales circenses. "No existe una legislación específica para los animales utilizados en los circos, de manera que el transporte en el que viajaban los elefantes no estaba homologado para trasladar elefantes, simplemente porque no existe tal homologación", recalca la organización.

El equipo de juristas que pertenece al partido animalista Pacma estudia actualmente acciones legales, mientras que la formación ya ha convocado una concentración este miércoles a las 19.00 horas frente al Ministerio de Medio Ambiente. Pacma ha abierto, además, una petición de firmas –que a las 20.00 horas del martes reunía más de 55.000 rúbricas– para reivindicar que el Estado se haga cargo de los elefantes con el fin de que no vuelvan a participar en espectáculos circenses. El accidente, sostiene la portavoz del partido, Laura Duarte, "ha vuelto a despertar la sensibilidad de la sociedad". 

Seguridad, sanidad y protección

En el camino hacia la prohibición a la que aspiran los animalistas, es necesario tener en cuenta tres elementos clave: sanidad animal, seguridad física y protección de los animales. La legislación actual, apunta Alberto Díez, "no cuenta con ninguna medida específica para garantizar estos tres aspectos" en el caso de los animales de circo. El problema, señala el animalista, es que resulta imposible asegurar esa garantía "porque la ciencia veterinaria ya se ha manifestado muy claramente diciendo que estos tres aspectos son imposibles de garantizar en un circo itinerante con animales salvajes" y aunque "ahora el accidente se ha quedado en la carretera, mañana puede ser en un campo a las afueras de un municipio", advierte. La Federación de Veterinarios de Europa (FVE) y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España han declarado oficialmente la imposibilidad por parte de los circos itinerantes de garantizar la seguridad, la sanidad y la protección de los animales salvajes en los circos, y han instado a las autoridades competentes a prohibir este tipo de espectáculos siguiendo el ejemplo de 23 países europeos donde ya han sido prohibidos.

Alberto Díez insiste, no obstante, en "no demonizar ni estigmatizar" el mundo del circo. "Yo no creo que sean maltratadores de animales, son pocas empresas, seis o siete con animales salvajes en propiedad, pero la circunstancia no es que el animal se encuentre mal por estar sujeto a golpes o condiciones de insalubridad, sino que es imposible que el animal esté en buenas condiciones a pesar del buen trato que se le pueda querer dar". En todo caso, celebra Díez, el clamor social ha propiciado no sólo una evolución a nivel institucional, sino también empresarial. "En el último año y medio tres circos han entregado a sus animales y ahora plantean un programa alternativo y lo aplaudimos y les apoyamos", afirma. La organización, además, ofrece la posibilidad de iniciar un proceso de rescate y acogida de animales. "Desde los centros de rescate se van ofreciendo posibilidades de colocación de estos animales, incluidos con los zoos, que pueden tener una labor esencial", sostiene el animalista.

Por tanto, subraya el activista, "debemos actuar consecuentemente al sentir social e ir ayudando desde las administraciones a que haya una reconversión" de las empresas circenses hacia un modelo "con más compromiso de futuro y adaptado a la sensibilidad" de la ciudadanía. En este sentido, comenta, la evolución social ha sido fundamental. "La protección animal es el elemento que más impacta desde el punto de vista social", la necesidad de "garantizar que los animales puedan llevar una vida digna". La gente, relata, "ha reaccionado" y las administraciones se han hecho "eco de esa inquietud". 

Comunidades y ayuntamientos

El paso de rechazar los circos con animales salvajes comenzó a darse en municipios, hasta alcanzar los más de 470 actuales. El listado de las ciudades de más de 100.000 habitantes donde aún se toleran circos con animales salvajes se reduce paulatinamente. Actualmente son doce: seis andaluzas (Sevilla, Granada, Almería, Jaén, Algeciras y Dos Hermanas), dos madrileñas (Madrid y Torrejón de Ardoz), Bilbao, Salamanca y Santander. Hace más de un año, en enero de 2017, Ahora Madrid prometió prohibir este tipo de espectáculos y el Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría una proposición respecto a una nueva ordenanza que declarará a la ciudad libre de circos con animales. El Consistorio de Manuela Carmena, no obstante, no ha avanzado al respecto.

Más allá de la labor municipal, la prohibición real y efectiva parte de las comunidades autónomas. A día de hoy son cuatro las que han terminado con este tipo de espectáculos: Galicia, Murcia, Cataluña y las Islas Baleares.

Cataluña fue pionera en la prohibición del uso de animales salvajes en circos. En octubre de 2015, CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP presentaron de forma conjunta una proposición para incorporar a la ley de protección de los animales catalana un nuevo punto que impidiera este tipo de espectáculos, después de que 99 ayuntamientos catalanes ya lo hubieran hecho previamente. Tras dos años de moratoria, y pese a la abstención de Ciutadans y el voto en contra del PP, la norma entra en vigor en julio de 2017.

Baleares cuenta asimismo desde agosto del año pasado con una nueva ley de protección animal que se expresa en términos similares a la catalana, mientras que en octubre de 2017 es la Región de Murcia la que se suma a la prohibición de circos con animales silvestres a través de la su ley de protección animal. La norma fue propuesta por el PP e incluye una disposición adicional que prohíbe la instalación en el territorio de circos con animales salvajes, a petición de Ciudadanos –el resto de la oposición apostaba por incluir también a los animales domésticos–.

Finalmente, Galicia acoge desde enero de 2018 una nueva ley de protección de animales, que también prohíbe este modelo de circos, después de que 71 ayuntamientos gallegos ya se declarasen libres de circos con animales. Según la norma, serán los poderes públicos los encargados de reubicar a estos animales de forma que se garantice su bienestar.

Alberto Díez explica que "un ayuntamiento no tiene capacidad legal para prohibir una actividad" en relación a la seguridad, sanidad y protección animal, porque no legisla sobre ello. No obstante, añade, "sí que aplica la legislación y está obligado a garantizar" que se cumpla. Es ahí donde surge su herramienta de actuación: cada vez que un ayuntamiento recibe solicitud de un espectáculo y constata que intervendrán animales salvajes, "ante la falta de legislación garantista y siguiendo la recomendación de las autoridades científicas", puede denegar dicha petición.

Es diferente en el caso de las comunidades autónomas, que sí cuentan con las competencias pertinentes. "Pueden prohibir los circos en itinerancia con animales salvajes", explica Díez, aunque en cada comunidad se produzcan diferencias. En Baleares, por ejemplo, sí se decidió extender la prohibición también a animales domésticos "por una cuestión ética".

Ley estatal

Existen asociaciones animalistas que apuestan por ir más allá de la acción de las comunidades autónomas. La APDDA defiende la creación de una ley estatal que prohíba los animales salvajes en circos e insta al Gobierno a impulsarla. Chesús Yuste, coordinador de la asociación parlamentaria, explica en conversación con infoLibre que si bien las competencias de la protección animal son autonómicas, lo cierto es que "afecta a varias administraciones y en los últimos años se ha abierto la posibilidad de una ley estatal". Accidentes como el del lunes, estima, únicamente son evitables con una norma común.

Lo importante en esta tarea "es que haya voluntad política y que se haga caso al conocimiento científico". A partir de ahí "los poderes públicos tendrán que hacer suyas las medidas de una sociedad que ya lo está demandando", de modo que desde la APDDA se trabaja por ver "en qué términos se plantea" la norma y "cómo se pronuncian los grupos".

También Pacma se inclina por una ley global. En su afán por abordar todas las aristas de la lucha animalista, el partido presentó en mayo del pasado año la que bautizaron como Ley Cero, que aspira a convertirse en una ley general de protección y bienestar animal para frenar de raíz el maltrato hacia los animales. La llamada Ley Cero persigue legislar sobre la abolición de todos los festejos taurinos y tradiciones crueles con los animales, impulsar el sacrificio cero de animales, prohibiendo su venta y fomentando la esterilización y adopción, y finalmente lograr el cierre de circos, zoológicos y delfinarios para terminar con la explotación y cautividad.

La norma ha pasado ya de la Comisión de Peticiones a la Comisión de Medio Ambiente, de manera que "previsiblemente, pronto se va a debatir", sostiene Laura Duarte. La portavoz del partido entiende que es un asunto "complicado" debido a las transferencias a las comunidades, pero "el objetivo de la Ley Cero es establecer un marco legal de mínimos a nivel estatal para que sea mejorado en las comunidades".

Alberto Díez entiende que "si todas las comunidades autónomas están de acuerdo en ceder parte de sus competencias y no hubiera ninguna pega, bienvenido sea". En el contexto actual, añade, sería requisito fundamental un acuerdo previo cuya viabilidad el experto pone en tela de juicio. En todo caso, se detiene en un aspecto que considera importante y sí es competencia de la administración central. "El circo es un hecho cultural y por tanto sujeto a subvenciones" que el animalista se inclina por mantener pero que matiza: "Dentro de esas subvenciones existe una línea abierta que incluye a los circos con animales salvajes". Para Díez, esas ayudas podrían replantearse de forma que sirvan "al propio sector del circo a realizar una reconversión" porque, a día de hoy, está "muy claro que los circos en itinerancia con animales salvajes tienen que acabar". 

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