Los activistas ultras que desde hace años agitan a sus seguidores utilizando imágenes que suben en redes sociales para dar publicidad a sus provocaciones a dirigentes políticos, portavoces, diputados y periodistas en el Congreso, saben que sus días de impunidad en la Cámara baja tienen los días contados. La iniciativa que va a modificar el reglamento del Parlamento español para castigar sus prácticas superará previsiblemente este lunes su primer trámite en el pleno con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra, exclusivamente, de PP y Vox.
La reforma tardará todavía un tiempo en entrar en vigor porque tendrá que debatirse en comisión antes de volver al pleno para su aprobación definitiva, pero los agitadores de extrema derecha ya anuncian su intención de trasladar el acoso que hasta ahora cometían dentro del Congreso a los domicilios particulares de sus víctimas.
Uno de ellos, Javier Negre, el activista de extrema derecha que mejor encarna el fenómeno de los seudomedios en España y que consiguió hace cuatro años que le otorgasen una credencial para acceder al Congreso, ha publicado en redes sociales que una vez que la reforma que prohíbe el acoso y el boicot a los periodistas dentro de la Cámara entre en vigor, irán “a preguntarles con el micro a las puertas de las casas de los diputados que promuevan esa expulsión”.
En una anotación publicada en la red social X, propiedad del empresario ultra Elon Musk, añadió: “Como le hicieron a Ayuso. Como le hicieron a Rita Barberá. Si nos impiden hacer nuestro trabajo en la sede de la soberanía nacional que pagamos todos los españoles y atentan contra nuestro derecho a informar, no nos quedará otra”.
Plataforma de agitación
Negre sostiene que su plataforma de agitación, EdaTV, “es un medio de comunicación como cualquier otro” y que lo único que hacen son “preguntas pertinentes que nunca nadie hacía a la izquierda”, pero que “este Gobierno corrupto, sus socios y sus periodistas comprados reaccionaron en contra por preguntas sobre la corrupción del PSOE que con el tiempo se demostraron totalmente coherentes”.
En realidad, lo que hacen estos agitadores no es periodismo. Es boicotear las ruedas de prensa de portavoces de la izquierda y sus conversaciones con periodistas profesionales saltándose el turno de preguntas y haciendo intervenciones que sólo buscan la reacción de los interlocutores para después difundirlas en redes sociales y monetizar el resultado.
Es el caso de EdaTV, Periodista Digital o la extinta 7NN y sus empleados, que han aprovechado la falta de regulación en el Congreso respecto a los deberes y los límites para acreditarse en la Cámara Baja —con la autorización del departamento de prensa— desde donde amenazan, insultan y señalan a quienes no piensan como ellos, a los que denominan “palmeros”, pese a que estos agitadores nunca preguntan a la derecha y tampoco siguen el día a día de la actividad parlamentaria. Su único objetivo es viralizarse a sí mismos.
Otro de los más conocidos, Vito Quiles, también en la misma red social, ha escrito que la reforma ha sido diseñada específicamente contra él. “El Congreso celebra un pleno extraordinario para debatir mi expulsión. No hablan del colapso en los trenes, aeropuertos o la violación en Alcalá de Henares. Banda criminal”.
En su apoyo, la organización ultra Hazte Oír ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas pidiendo, nada menos que a Naciones Unidas, “que intervenga en defensa de la libertad de prensa en España”.
La reacción de Bertrand Ndongo, otro de los habituales en el activismo político dentro y fuera del Congreso, ha sido menos sutil: “Nos vais a comer los huevos”, ha dejado escrito en X.
Reforma legal
Las amenazas de los ultras se han recrudecido coincidiendo con la sesión del Congreso de los Diputados que este lunes da el primer paso para reformar su reglamento en lo que se refiere a la presencia y comportamiento de los periodistas en la Cámara.
La propuesta, impulsada por una coalición de grupos progresistas y nacionalistas (todos los de la Cámara, a excepción de PP y Vox), busca responder a las quejas de profesionales de la información que, con el apoyo de organizaciones profesionales como los Colegios de Periodistas y la FAPE, denuncian la proliferación de actitudes intimidatorias y de acoso por parte de algunas personas acreditadas como prensa que, en realidad, solo son activistas de extrema derecha. El objetivo es garantizar el derecho a la información poniendo coto a comportamientos que obstaculizan el trabajo periodístico o interfieren en el normal funcionamiento del Parlamento.
La reforma introduce un nuevo sistema de concesión y renovación de credenciales para los medios de comunicación. Será la Mesa del Congreso quien fije los requisitos exigibles, incluyendo el respeto a las normas de cortesía parlamentaria y a las instrucciones internas de la Cámara. Además, se tendrá en cuenta el historial previo del solicitante: quienes hayan protagonizado incidentes o vulneraciones de las normas podrán ver denegada su renovación.
Una de las principales novedades es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Este órgano estará integrado por un representante de cada grupo parlamentario y contará con la participación de entidades profesionales del periodismo. Su función será asesorar en el procedimiento sancionador cuando se produzcan conflictos o infracciones por parte de personas acreditadas.
Infracciones
El PP trata de boicotear el reglamento para luchar contra los agitadores ultras en el Congreso
El texto enumera detalladamente qué se considerará una infracción leve, grave o muy grave. Entre las conductas sancionables figuran el acceso a zonas no autorizadas del Congreso, la grabación de imágenes o audios sin permiso, la interrupción de ruedas de prensa o la publicación de contenidos obtenidos vulnerando las normas internas. También se castigarán con mayor severidad los insultos, las descalificaciones personales o el uso de dispositivos ocultos para grabar en espacios reservados.
Las sanciones irán desde el apercibimiento o la suspensión temporal de la credencial hasta la retirada definitiva de la misma, en los casos más graves. Además, si una infracción grave o muy grave aparece publicada sin autoría identificable, la sanción se extenderá a todas las acreditaciones del medio en cuestión durante un periodo de entre seis meses y tres años.
La reforma prevé que los periodistas acreditados deberán suscribir de forma expresa su compromiso de respetar las nuevas normas. Quien se niegue a hacerlo perderá automáticamente su credencial. La nueva regulación, que aún tiene pendiente completar su tramitación en el Congreso, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Los activistas ultras que desde hace años agitan a sus seguidores utilizando imágenes que suben en redes sociales para dar publicidad a sus provocaciones a dirigentes políticos, portavoces, diputados y periodistas en el Congreso, saben que sus días de impunidad en la Cámara baja tienen los días contados. La iniciativa que va a modificar el reglamento del Parlamento español para castigar sus prácticas superará previsiblemente este lunes su primer trámite en el pleno con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra, exclusivamente, de PP y Vox.