La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025.
Aún así, su reducción no es algo reciente. En los últimos años, el presupuesto destinado por las autonomías ha ido bajando hasta llegar al punto actual. Si en el 2010, un 67,4% del presupuesto se destinaba a estas partidas, la cifra ha mermado hasta un 59,1% en 2024.
La crisis del covid 19 puso de manifiesto la importancia de políticas sociales efectivas. Algo que no parecen haber asimilado los gobiernos regionales, que en los últimos años sólo han incrementado un 14,5% el dinero que destinan a estas medidas, mientras que, en el resto de políticas hubo un aumento hasta 4,5 veces mayor.
La educación, la sanidad y los servicios sociales se han visto golpeados por una caída del presupuesto en 8 puntos porcentuales. Si se ejemplifica en números, el gasto en sanidad ha caído en 6,4 puntos desde el año 2012, cuando el porcentaje se encontraba en un 37,3%. Aunque la reducción es menos brusca en la educación, esta se ha visto igualmente afectada con un contraste entre el 23,9% que recibía en 2010 y el 20,4% que ostenta ahora.
La única política social que, no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado en presupuesto han sido los servicios sociales. A pesar de lo positivo de esto, el aumento es solo de unas décimas entre el 7,3% de 2011 o 2019 y el 7,8% actual.
Madrid, la comunidad que menos invierte por habitante
Madrid, Cataluña y Murcia dedican a gasto social por habitante hasta 660 euros menos que el resto
En conjunto, las comunidades han aumentado el gasto en 34.542,30 millones de euros, aunque no de manera uniforme, con distintas aplicaciones e inversiones por parte de cada región. Unas dando mucho peso a lo social y otras con una discriminación presupuestaría en esta materia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Madrid. Esto supone un aumento de la desigualdad entre comunidades, denuncian desde la Asociación, ya que las que menos invierten son precisamente las que menos han aumentado su gasto en políticas sociales por habitante en los últimos años.
De todas ellas, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la que menos destina por habitante a lo social, con 574 euros menos que la media nacional. Esto contrasta con otras comunidades como Navarra, que destina 4.500 euros por ciudadano, o como el País Vasco con 4.343. Los madrileños reciben casi la mitad, con 2.703 euros por persona.
En términos de aumento, desde el 2019 al 2024, Madrid ha sido la comunidad que menos ha aumentado su presupuesto social por habitante con 381,3 euros, mientras que la media de todo el territorio se sitúa en los 658,1 euros.
La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025.