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Abuso policial

Amnistía acusa a la Policía de violar derechos humanos y al Gobierno de no indagar

Amnistía acusa al Gobierno de abusar de la fuerza para reprimir protestas pacíficas

Ibon Uría

Amnistía Internacional ha presentado este jueves el informe España: el derecho a protestar, amenazado, en el que acusa al Gobierno de ejercer un “uso excesivo de la fuerza” a través de la Policía y de trazar planes para “reforzar una legislación represiva” contra las manifestaciones pacíficas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal.

La organización internacional advierte así señales claras de que el Ejecutivo trata de “sofocar las protestas" a toda costa y, sobre la situación actual, censura especialmente los métodos empleados para reprimir a los manifestantes. Por ejemplo, se recuerda que las porras y pelotas de goma han causado “heridas y mutilaciones tanto de manifestantes como de transeúntes”.

Pero más grave aún, según Amnistía, es la falta de investigaciones sobre estos hechos. Durante la presentación de este trabajo, la directora adjunta para Europa de la organización, Jezerca Tigani, ha vinculado a la Policía española con violaciones de los Derechos Humanos y ha reiterado que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para indagar en lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Por su parte, la responsable de política interior de Amnistía, Virginia Álvarez, ha explicado como la adopción de políticas de austeridad ha empujado a los ciudadanos a las calles ante la restricción de derechos. "La mayoría de manifestaciones son de carácter pacífico, pero Amnistía ha recibido muchas denuncias por el uso excesivo de la fuerza", ha subrayado.

En este contexto se enmarcan casos como los de Ester Quintana, que en 2012 fue alcanzada por una plota de goma disparada por la Policía y que, a consecuencia de ello, perdió el ojo izquierdo, o las denuncias de "trato violento y humillante" en la comisaría de Moratalaz (Madrid), donde agentes habrían obligado a detenidos a permanecer de pie de cara a la pared durante horas.

Síntomas de represión

Álvarez ha desgranado los elementos más preocupantes que se aprecian en España, como la "criminalización de los movimientos sociales" por parte del Gobierno, el aumento de sanciones administrativas a manifestantes, las identificaciones masivas en protestas y el empleo del requisito de notificación como requisito de autorización previa.

Todo ello, ha afirmado, "no está en línea con los estándares internacionales: no está en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en línea con las recomendaciones de la OSCE". También ha habido críticas a las declaraciones de la líder del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, contra la presencia de observadores internacionales durante el 22-M.

"Creo que no hacen falta comentarios al respecto. El simple hecho de que la OSCE envíe observadores a España ya debería decir bastante al Gobierno", ha zanjado Tigani, quien ha expresado su preocupación por los indicios de criminalización de las protestas y de restricción de las libertades que, ha asegurado, ocurren en la actualidad.

En este mismo sentido, el informe hecho público este jueves, que recoge el trabajo de un año y abarca el espacio temporal comprendido entre la convocatoria Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 y las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo, afirma que la Policía goza en España de “total impunidad”.

Además, denuncia el “acoso constante” al que se somete en España a “manifestantes pacíficos y líderes de movimientos sociales” que “son estigmatizados, golpeados y en ocasiones detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”.

Un discurso erróneo

Anja Bienert, responsable de policía y derechos humanos de Amnistía Internacional, ha subrayado que "cuando termina una manifestación no sirve un discurso que hable de violentos", puesto que esos hechos constituyen "un fracaso del Estado que no ha sabido facilitar una manifestación pacífica" y ha pedido que el Gobierno comience por "reconocer el problema".

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Bienert se ha mostrado así esperanzada con la posibilidad de que la propia Policía caiga en la cuenta de que su actitud está deteriorando su imagen. Tigani ha añadido que la organización está preocupada porque España camina en la dirección de "países como Grecia, Turquía o Ucrania", donde el control de las manifestaciones ha derivado en prácticas represivas.

Por este motivo, la organización ha mantenido encuentros en las últimas semanas con representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Habrá una nueva reunión el 2 de julio. "Se nos ha prometido transparencia, pero cuando les pedimos información habitualmente responden con cartas de una línea", ha lamentado Tigani.

Finalmente, Álvarez ha señalado que tanto la reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana son síntomas preocupantes que demuestran que la respuesta del Ejecutivo pasa por endurecer la represión hacia las manifestaciones y los movimentos sociales.

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