Sobre la (in)coherencia española en la guerra de Irán

España se ha encontrado en una posición complicada durante la guerra de Irán. El Gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez es miembro de la OTAN pero rechaza participar de las actividades ofensivas lanzadas de manera unilateral por su socio aliado, Estados Unidos.

La intrincada relación entre acuerdos bilaterales y tratados internacionales deja al Ejecutivo de España en un punto de equilibrio complejo que se debate en la utilización de las bases militares de Rota y Morón por parte de las fuerzas de Washington.

Sin embargo, la demoscopia manda. En España existe una percepción social de rechazo a la participación general en conflictos armados. El grito del “No a la guerra” aún resuena tras más de dos décadas de la participación española en la guerra de Irak.

En el año 2003, Estados Unidos lideró una invasión que no logró sus objetivos de desmilitarización, pues no existían las perseguidas armas de destrucción masiva, ni llevó más estabilidad ni democracia liberal al país. Y España ha seguido dentro del marco que ha dirigido Washington y que ha marcado su participación en numerosos conflictos armados, ilegales o no.

Reconstrucción de los hechos

La cronología es clara. España no fue informada del inicio de la guerra de Irán, de la misma manera que no lo fue el resto de Europa. Estados Unidos e Israel decidieron el tiempo y la forma en que se lanzaba una intervención armada conjunta sobre el país persa.

A continuación Pedro Sánchez abrió la primera ventana crítica en Europa señalando directamente a los países agresores como responsables de la guerra, condenando sus actos y calificándolos de violación del derecho internacional. Mientras Exteriores mantenía la cautela, en sintonía con su habitual coordinación con sus homólogos europeos, el presidente rompía la unidad de acción.

Y es que en Europa las voces más poderosas criticaban tímidamente a Estados Unidos e Israel o directamente relativizaban su ilegalidad, como en el caso del alemán Friedrich Merz. El canciller ya consideró en 2025 que los ataques contra Irán de manera preventiva, es decir, sin que Irán hubiera atacado antes, realizaban el “trabajo sucio” por los europeos.

Destacar en la defensa del derecho internacional en este vecindario era sencillo para Pedro Sánchez, ya que no necesitó poner sobre la mesa la más mínima consecuencia para Washington y Tel Aviv. Apenas podemos resaltar la consiguiente negativa a que Estados Unidos pueda usar las bases militares andaluzas para la acciones ofensivas.

Esta decisión entra dentro de la coherencia que cabe esperar de un Gobierno que considera que se trata de una violación del derecho internacional. Si los principales partidos de la oposición apoyaban situarse junto a Israel, Estados Unidos y unas “democracias liberales” sin especificar, se hace necesaria la interpretación de que no solo no consideraban que se tratase de una violación del derecho sino que España debía ofrecer apoyo.

La incoherencia existe. Pero nadie parece haberla visto en la oposición ni en el gobierno

La fragata española de la discordia

Aunque Donald Trump entró en cólera con España y Reino Unido por los límites que establecieron al uso de sus bases, el verdadero debate nacional en Madrid llegó con el envío de la fragata Cristóbal Colón hacia las costas de Chipre, miembro de la Unión Europea pero no de la OTAN. Es decir, el marco de la alianza atlántica no cubre a la isla mediterránea, pero sí los mecanismos de defensa menores que ofrece Bruselas.

De esta manera el grupo del portaaviones francés Charles de Gaulle, al que se había unido la fragata más moderna de que dispone España, se desvió desde el Báltico hasta el Mediterráneo. El Gobierno adoptaba una medida que suponía mandar un buque de guerra a un escenario que no representaba en absoluto el teatro central de operaciones. No se estaba entrando en la guerra.

De hecho, España mantiene una de sus baterías Patriot situadas en Turquía y se aportó información para derribar uno de los proyectiles que se dirigían hacia el sur de Turquía. La Cristóbal Colón es una fragata de la clase Álvaro de Bazán que dispone de capacidades antibuque y antiaéreas.

Es cierto que si la situación bélica seguía desbocándose, podría acabar formando parte de la dinámica, pero ni sus capacidades, ni su mandato, ni su localización eran incoherentes con el “No a la guerra” de Sánchez. La oposición sumó incoherencia sobre incoherencia; pasó a criticar que se participase en una guerra donde antes solicitaban apoyar a Estados Unidos e Israel.

¿Hay o no incoherencia en España?

La incoherencia existe. Pero nadie parece haberla visto en la oposición ni en el Gobierno. O no han querido verla. Ni en un movimiento normal en la Unión Europea, ni en la defensa de un socio existe incoherencia. Pero sí en un elemento sobre las bases militares.

Reino Unido rápidamente cambió su posición no solo para permitir el uso de sus bases sino también para mandar equipos pesados al Golfo Pérsico, escenario central. Una implicación similar se ha visto por parte de Francia, que aseguró que propiciaría el desbloqueo del Estrecho de Ormuz. Acompañar al portaaviones francés o mandar buques de desminado al escenario central de la guerra sí recalaría en contradicciones al ponerse España a punto de tiro.

Aunque España haya negado su uso para actividades ofensivas, el hecho es que Estados Unidos está amparado para usarlas como paso, a nivel logístico. Mientras Washington tenga derecho a usar las bases españolas en cualquiera de sus formas, Donald Trump y sus sucesores podrán emplearlas casi a discreción en las guerras que lancen. Lo único que han tenido que hacer es desplazar sus equipos hacia Italia, Francia, Reino Unido o Alemania como escala hacia Oriente Medio tras su paso por España.

No evitar tal tránsito implica complicidad por parte del Gobierno español. Pero no es tan fácil evitarlo. Si España quiere tomar cartas en el asunto, deberá poner fin a los acuerdos bilaterales que permiten compartir las bases. Y para ello habría que tener un plan b ante la posible ruptura de la alianza con Estados Unidos. Ya que España deberá garantizar su defensa a futuro.

Mantener una alianza con un país al que se señala por violar el derecho internacional también es incoherente. No solo consigo mismo sino con su acción exterior de los últimos años. La incoherencia está en imponer una veintena de paquetes de sanciones a Rusia, ponerse de perfil ante Israel para acabar tomando medidas cosméticas años tarde y no imponer ningún coste a Estados Unidos, ni siquiera dudar de su alianza militar con ellos.