Corrupción

Anticorrupción eleva hasta los 18 millones el "desfalco" del AVE a Murcia

Uno de los trenes de alta velocidad en Atocha (Madrid).

El "desfalco" en el tramo del AVE Alicante-Murcia ya es de 18 millones de euros, según aseguran a infoLibre fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que no descartan que las personas jurídicas, en referencia a las constructoras beneficiadas por los sobrecostes, en concreto Acciona Infraestructuras, Dragados, Sacyr y Constructora San José, puedan ser llamadas a declarar como investigadas en el seno de la denominada Operación César.

Los sobreprecios que investiga el Ministerio Público en la Región de Murcia ya han sido confirmados por uno de los "expertos", que ha asegurado a los investigadores que la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) abonó cantidades en exceso a las constructoras.

La investigación arrancó en octubre de 2014, cuando Hacienda constató que las concesionarias de los tramos habían subcontratado a una empresa sin experiencia en el sector ferroviario para la canalización del agua, Construcciones Miramar. Posteriormente, las pesquisas señalaron a seis sociedades fantasma que no pudieron acreditar los trabajos para Adif por los que cobraron. Dos de los trabajadores de una empresa vinculada al exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía Mira, reconocieron que en realidad se dedican a la recolección de la alcachofa.

Una empresa clave en la trama

En un informe de la Guardia Civil que recoge las declaraciones de los testigos e imputados, cuyo contenido fue adelantado por la Cadena Ser, consta la declaración de un empresario imputado que asegura que hubo un acuerdo entre las subcontratistas y el resto de constructoras para pactar una versión única que pudiese despistar posibles investigaciones del fisco.

Este imputado es Juan Ortín García, propietario de la mencionada Obras Marimar y uno de los arrepentidos en esta causa. Ortín García reconoció los presuntos amaños de recibos que se hicieron por obras que se facturaron y que nunca se ejecutaron.

El total de fondos abonados por Adif a las adjudicatarias es de 62 millones de los que al menos 30 millones fueron facturados por Obras Marimar, sociedad clave de la trama, pues fue subcontratada por las grandes empresas adjudicatarias de las líneas del AVE y se encargó de presentar las facturas por los trabajos que nunca se realizaron. Según la Guardia Civil esta empresa consiguió llevarse 7 millones del presupuesto original de Adif.

Anticorrupción eleva la cifra

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria estimaron en un primer momento el dinero desviado entre 2011 y 2014 en 17.638.754,47 euros. Sin embargo, Anticorrupción eleva ahora esta cifra hasta los 18 millones. El presunto fraude se llevaba a cabo sobrevalorando el coste de las obras y emitiendo facturas falsas para justificar trabajos realizados.

Los agentes acusan a las diferentes adjudicatarias de la obra, Acciona Infraestructuras, Dragados, Sacyr y la Constructora San José, de conocer todas las irregularidades y desvío de fondos, ya que, según aseguran desde el equipo de delincuencia económica, su magnitud requería su conocimiento.

Las mismas fuentes de la Fiscalía Anticorrupción apuntan a la posibilidad de que las empresas beneficiarias acaben declarando como investigadas en el procedimiento, ya que hasta el momento ninguna persona jurídica está imputada formalmente.

Asimismo, un informe de la Guardia Civil apunta que Adif conocía el desfalco que se estaba produciendo en las obras de uno de los tramos del AVE de Murcia. En concreto fue GPO Ingeniería SA, empresa adjudicataria contratada por Adif para controlar las obras de Alta Velocidad Levante, fue la que alertó al ente público en 2013 sobre el desvío de fondos públicos que se corresponden a un tramo de una de las adjudicatarias encargadas de la obra, UTE Sacyr.

Adif siguió contratando

El jefe de Asistencia y Control de Obras de la empresa GPO, José Luis Monter García Bermúdez, declaró ante la Guardia Civil que Adif era conocedora de las irregularidades, recogidas y desgranadas en su informe. Sin embargo, a pesar de esta denuncia, la Guardia Civil apunta que el investigado "suscribió todas y cada una de las relaciones valoradas a origen de las obras ejecutadas que certificaban la ejecución de los trabajos y permitían el cobro de los mismos por parte de la UTE".

Sin embargo, los agentes explican que Adif siguió contratando con la trama del AVEAVE a pesar de que la empresa pública Tragsa confirmó que las obras que se estaban haciendo en los tramos estaban sobrevaloradas.

Todos los contratos del AVE Murcia- Alicante los valoraba y autorizaba José Luis Martínez Pombo como jefe de infraestructuras de la Línea Madrid-Levante. Como recoge uno de los informes de la Guardia Civil es quien suscribe determinados documentos fundamentales, tanto para el inicio de las obras como para que estas pudieran ser abonadas por Adif a las adjudicatarias principales. Sin embargo, según los investigadores, la dirección de la empresa pública comienza a sospechar de que los precios están inflados y decide actuar cotejando los precios.

El 21 de marzo del 2011 el comité de dirección de Adif decidió contar con una asesoría técnica externa. Según consta en uno de los atestados elaborados por el Instituto Armado, la empresa pública Tragsa emitió un informe en julio del 2011 sobre las reposiciones hidráulicas investigadas "en el que las soluciones propuestas y las tarifas de Tragsa eran sensiblemente inferiores a los presupuestos que finalmente fueron aceptados y aprobados por Adif".

Regalos por 400.000 euros

Por otra parte, tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria han detectado regalos de la trama del AVE Alicante-Murcia por un montante superior a los 400.000 euros. De esta cantidad, 32.000 euros se destinaron a contentar a responsables de Adif o al exjuez del Juzgado de Aguas de Orihuela, entre otras personas presuntamente implicadas en el desfalco. Entre los obsequios se encuentran joyas o viajes con todo pagado para asistir a espectáculos taurinos.

El exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía Mira, era el que según adelantó la Cadena Ser debía autorizar la recolocación de los canales de riego del AVE. En 2012 fue agasajado con un viaje a Granada, con entrada a los toros, hotel, tren y otros servicios incluidos. La cuenta ascendió a 3.860 euros y el año siguiente fue de nuevo obsequiado con otro viaje con su familia que costó 2.435 euros. Uno de los responsables de Adif, José Luis Martínez Pombo, recibió una estilográfica de 215 euros, estancias en hoteles de lujo y comidas en restaurantes de lujo por valor de 300 euros.

Otros regalos que incluye el informe de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria son una pieza Swaroski (232 euros) pins de oro (10.400 euros) y 6.866 euros en jamones jabugo. Algunos de ellos fueron otorgados a una consellera sin identificar por los investigadores.

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