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Anticorrupción sitúa a Rajoy de nuevo bajo el foco y reclama despejar la 'X' política de 'Kitchen'

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en la Pascua Militar.

Si algo ha marcado desde el principio la investigación alrededor del comisario jubilado José Manuel Villarejo han sido los continuos giros de guion. Y si no, que se lo pregunten a la cúpula del PP en relación a Kitchen. Si a mediados de abril podía respirar tranquila tras la confirmación de que el asunto quedaba circunscrito exclusivamente al Ministerio del Interior, cuatro semanas después todo saltaba por los aires con la publicación de unos audios que dejaban entrever que la operación de espionaje con recursos públicos al extesorero Luis Bárcenas pudo haberse gestado desde más arriba. Eso es lo que ahora pretende aclarar Anticorrupción, que en un escrito ha pedido que se investigue si aquellos movimientos fueron alentados o tutelados por la formación conservadora. Es decir, si la X hay que buscarla fuera de Interior. El Ministerio Público pone el foco en María Dolores de Cospedal. Pero también en Mariano Rajoy, cuyo nombre siempre ha sobrevolado todo el procedimiento.

La Fiscalía dedica un capítulo de su informe, adelantado por elDiario.es y la Cadena Ser, a analizar el posible conocimiento y seguimiento que ambos dirigentes conservadores pudieron tener de la operación Kitchen. En él, sostienen que la ex secretaria general del PP mintió cuando afirmó en sede judicial que en los encuentros que mantenía con el comisario jubilado hablaban de asuntos sin importancia que ya habían aparecido en prensa. Los audios, mantienen los fiscales, desvelan que la "finalidad" de las reuniones era conocer los avances de Gürtel o poner en marcha "una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas" que pudieran tener relación con la financiación irregular del PP. "La libretita... sería mejor poderlo parar", le decía Cospedal a Villarejo en relación a la contabilidad paralela que manejaba Luis Bárcenas, cuya existencia todavía no era pública.

Con estos mimbres, Anticorrupción solicita que se reabra la causa y se vuelva a citar como investigada a la ex número dos de los conservadores, a quien el magistrado García-Castellón libró del banquillo hace casi un año –antes de que aparecieran las nuevas grabaciones– al considerar que achacarle una participación en la trama de espionaje no dejaba de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". "La relevancia, pues, de estos nuevos elementos indiciarios es indudable, y justifica la reapertura de la investigación provisionalmente sobreseída", recoge el informe del Ministerio Público, firmado por los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano y en el que también se pide la declaración como investigado de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad e interlocutor en algunos de los audios que vieron la luz el pasado mes de mayo.

La Fiscalía no pide, por el momento, la imputación de Rajoy. Pero eso no quiere decir que, a través del informe remitido a García-Castellón, no sitúe también el foco sobre el expresidente del Ejecutivo. Al fin y al cabo, es protagonista indirecto en parte de las tres grabaciones que el Ministerio Público pone sobre la mesa del magistrado para solicitar la reapertura del caso. "Queda muy feo, muy feo, que llegue al Barbas la información por el partido, por el Ministerio, de verdad. Ese es mi concepto, creo que muchas cosas se han malentendido por esa doble vía", comentaba Villarejo a Martínez en una de sus conversaciones. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía siempre ha mantenido que "El Barbas" o "El Asturiano" son algunos de los apodos con los que la policía política se refería en sus conversaciones al entonces presidente del Gobierno.

No es, ni mucho menos, la única referencia contenida en los audios. En sus conversaciones con el ex secretario de Estado de Seguridad, el comisario jubilado aseguraba también que en una ocasión acudió a la sede de Génova y allí el "presi" se acercó para saludar y ratificarle con un "a trabajar". Y, pocos segundos después, afirma: "Lamentablemente hay muchas cosas que no le llegan, lo del encargo del preso, de Bárcenas, quiere saber todo, qué tal, quiere conocer no sé qué, por qué, tal y cuanto, detalles que me imagino que se lo transmitirá el número uno". Para Anticorrupción, ese "número uno", y así lo expone en el informe, hace alusión al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es a quien García-Castellón terminó atribuyendo la X de la trama Kitchen cuando dio carpetazo a la investigación.

El teléfono del presidente

En esta causa, Rajoy ha sido el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente del Gobierno nunca se le citó a declarar como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

Al poner punto y final a la investigación, el juez resaltó "ninguna diligencia" practicada hasta ese momento permitía "sostener" que el comisario jubilado "tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", al tiempo que resaltaba que no resulta raro que un "investigado" que acapara una gran "atención mediática" busque "conexiones con toda clase de personas, hechos históricos o acontecimientos" en un "afán desmedido" por "ganar notoriedad y repercusión". Del mismo modo, en su auto el magistrado apuntaba que el hecho de que el número facilitado por el comisario "hubiera sido titularidad de un partido político nacional" no aportaba "nada relevante", pues "no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas". Y recordaba que las compañías telefónicas tienen la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas solo durante doce meses.

La decisión se tomará en las próximas horas

Anticorrupción y las acusaciones populares llegaron a recurrir el cierre del caso. Consideraban prematura la decisión. Y creían que había "suficientes indicios de criminalidad" de la participación de la propia Cospedal en los hechos. De hecho, el Ministerio Público insistía en que se indagase en la supuesta relación de Rajoy con el comisario. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló el cierre de instrucción decretado por García-Castellón. Un magistrado que ahora, con los nuevos audios sobre la mesa, tendrá que decidir si hay material suficiente como para reabrir el asunto sobre la rama política de la Kitchen o si, por el contrario, las grabaciones no aportan nada novedoso al caso que sea necesario investigar en profundidad.

Anticorrupción apoya investigar los audios de Villarejo y Cospedal sobre el caso 'Kitchen'

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Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dan por hecho que la decisión se tomará en las próximas horas. El instructor, dicen, lo tiene ya "bastante" claro, por lo que estiman que este mismo martes puede haber una resolución. Anticorrupción, a la vista del estado procesal de las actuaciones ya hay auto de procesamiento dictado y firme, ha solicitado al juez la formación de una "pieza separada (bis)" de la principal para investigar si Kitchen habría sido "alentada o tutelada" también "desde la cúpula" del PP. Y, al mismo tiempo, que se prorrogue el plazo de instrucción "por tiempo de seis meses" y se una a la nueva pieza diferente documentación, entre la que se encuentra un oficio de la Unidad de Asuntos Internos en el que se apunta "contundentemente" que el origen de la difusión "de la información que se viene difundiendo en distintos medios" se encuentra en el propio Villarejo.

La decisión que adopte García-Castellón es susceptible de ser recurrida en apelación. No sería la primera vez. De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncia con cierta frecuencia sobre decisiones adoptadas por el magistrado. En algunos casos, dando su aval. En otros, sin embargo, pegando un fuerte tirón de orejas importante al magistrado. A comienzos de verano, por ejemplo, los superiores le ordenaron que diera carpetazo al caso sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos al considerar que las pesquisas que se estaban llevando a cabo desbordaban "claramente" el único objeto de la misma y que el juez ampliaba "artificiosamente" para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal, al ser entonces esta atípica".

En privado, fuentes de algunas acusaciones populares reconocen la dificultad de que Rajoy sea llamado a declarar como investigado. Si bien sostienen que hay material que le señala, añaden que el Ministerio Público no suele dar un paso de esa envergadura hasta que no tiene todo bien atado. Hasta el momento, el expresidente del Gobierno sólo ha prestado declaración como testigo en un juzgado. Y lo ha hecho en diferentes procesos. Entre ellos el caso Gürtel, donde su testimonio no convenció al tribunal: "Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido".

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