La Fiscalía Anticorrupción da la batalla en la Audiencia de Tarragona para evitar que se envíe a Madrid el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito fechado a finales de mayo, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá defiende la competencia del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona para investigar el asunto. Se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habría tenido sobre las arcas catalanas. Y también en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense. "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene.
La causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente desde el levantamiento del secreto de sumario. Entre otras cosas, por el aluvión de escritos y recursos. Las defensas, que buscan la nulidad de todo lo actuado, han alegado desde el inicio indefensión o falta de competencia objetiva y territorial del instructor, Rubén Rus. En este sentido, Equipo Económico planteó a finales de marzo una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. La resolución definitiva de esta cuestión, contra la que no cabe recurso, resulta clave para la continuidad de la investigación. Este viernes, sin ir más lejos, cuatro de los investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la competencia territorial, según fuentes conocedoras del contenido de la comparecencia.
La consultora, en su escrito, defiende que la causa debe estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. Es en Madrid donde se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda, que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados". "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", resaltaba el despacho fundado hace dos décadas por el exministro de Hacienda conservador.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, defiende que el llamado caso Montoro continúe donde está. "La jurisprudencia tiene establecido que el lugar de comisión de las infracciones a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia ha de entenderse en un sentido predominantemente naturalístico: donde se llevan a cabo las acciones o acaecen los resultados tipificados como delito", sostiene la fiscala en su escrito. En este sentido, apunta que "los hallazgos delictivos se localizan en Tarragona". Y recuerda la "vigencia" de la "teoría de la ubicuidad", que proclama que el delito se comete "en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo".
Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
Anticorrupción considera que, hasta el momento, "la investigación ha evidenciado" que las empresas investigadas habrían conseguido previo pago a Equipo Económico tres reformas legislativas con importante beneficio: dos relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad (IE) –cedido a las comunidades autónomas– y otra al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –cedido a los municipios–. Parte de los elementos probatorios sobre las maniobras relacionadas con la última modificación fiscal, fueron localizados en el registro de Carburos Metálicos, ubicada en Barcelona. "Aunque no tiene su domicilio en Tarragona, tampoco lo tenía en Madrid", apunta la fiscala.
La Audiencia de Tarragona se prepara para resolver uno de los asuntos clave del 'caso Montoro'
El informe del Ministerio Público, por otro lado, sostiene que aunque las gasistas "se coordinaban" a través de la patronal Afgim, con sede en Madrid, "las reuniones donde se gestaba cada actuación del plan concertado por cada reforma se realizaban mediante el sistema digital de teleconferencia". Una videollamada a la que "se unían" los directivos de las compañías, entre los que se encontraban Folgado, Hauck y otros trabajadores de Messer, "todos ellos conectados desde Tarragona". Una provincia en la que, en alguna ocasión, también se celebraron encuentros presenciales. Así consta, por ejemplo, en un acta de 5 de abril de 2017, donde figura que la Comisión Técnica de Afgim se ha reunido en las "oficinas de Messer".
"Desde dicho puesto de trabajo en Tarragona los investigados Rubén Folgado y Karl Hauck, y otros trabajadores de la empresa Messer, contactaron con Equipo Económico; aceptaron cada petición de indiciarias comisiones que le realizaban los socios de aquel despacho, para poner en marcha el tráfico de influencias; mantuvieron reuniones por teleconferencia, que tuvieron por objeto el urdir la estrategia convenida en cada reforma buscada; formaron parte del grupo de trabajo de expertos de Afgim que realizaría el verdadero trabajo, que haría valer Equipo Económico ante la administración, presentándolo como propio, para la reforma del IAE e, incluso, habrían confeccionado el texto de dicha reforma", resume Anticorrupción.
Del mismo modo, el escrito de la fiscala destaca que "las actuaciones concertadas" por los representantes de las gasistas "habría maltrecho" no solo las arcas catalanas –en relación al Impuesto sobre la Electricidad–, sino también las del Ayuntamiento de Tarragona –en referencia al Impuesto de Actividades Económicas–. "Expuesto lo anterior, consideramos que debe desestimarse la cuestión de competencia interpuesta por la representación procesal de Equipo Económico y determinarse competente para instruir la causa el Juzgado de Instancia Sección de Instrucción, plaza 2 de Tarragona", concluye Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción da la batalla en la Audiencia de Tarragona para evitar que se envíe a Madrid el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito fechado a finales de mayo, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá defiende la competencia del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona para investigar el asunto. Se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habría tenido sobre las arcas catalanas. Y también en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense. "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene.