El PP renovó en su cargo en el partido al asesor que el Gobierno andaluz había denunciado por el pelotazo fallido

Fotografía de la ejecutiva del PP de Cabra elegida en el congreso local del 11 de junio de 2021.

Primero fue destituido el 10 de diciembre de 2020 como asesor del Gobierno andaluz por participar supuestamente en una trama para inflar en cinco millones un contrato de test covid, abortado tras la alerta lanzada dos meses antes por el propio empresario que ofertaba el lote. Y al día siguiente quien hasta entonces había sido persona de confianza de la Consejería de Salud fue denunciado ante la Fiscalía por el equipo del presidente Juan Manuel Moreno. Pero seis meses más tarde, fue reelegido secretario general del partido en el municipio cordobés de Cabra durante un congreso local al que asistieron el número 3 del PP andaluz y el consejero de Hacienda en el Gobierno de Moreno.

Esa es la secuencia de lo ocurrido con el antiguo asesor de la Consejería de Salud andaluza Guillermo González hasta junio de 2021. A los efectos de este caso cargado de incógnitas, junio de 2021 comenzó el día 5 de aquel mes con una petición de la Fiscalía a los juzgados de Sevilla para que se abriesen diligencias judiciales. Y terminó el 22 de ese mismo mes con un auto judicial que ya declaraba imputado a Guillermo González y citaba a declarar para noviembre a quien 11 días antes se había visto afianzado como número 3 –hay un presidente y un vicepresidente– del PP en Cabra.

A fecha de hoy, hay cuatro investigados por el juez de instrucción 2 de Sevilla: el exasesor, un empresario de Jerez -Manuel García Gallardo- exmilitante del PP y condenado por estafa a la entidad pública Zona Franca de Cádiz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y dos personas de su entorno profesional.

Todo empezó cuando Félix Guerrero, dueño de una empresa asturiana y vecino del número 2 del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en una urbanización veraniega, le llamó el 22 de septiembre de 2020 alarmado ante lo que relató que acababa de pasarle: que –siempre según su versión– un intermediario, el jerezano García Gallardo, le estaba diciendo que los maletines de test covid ofrecidos a la Junta de Andalucía a cambio de 19,4 millones debían subir de precio. Y que el precio tenía así que colocarse en 24,4 millones. Guerrero sostiene que Gallardo le informó de algo más: que en la operación participaba un asesor de confianza de la Consejería andaluza de Salud: Guillermo Rodriguez.

Se dio de baja "a petición propia"

A tenor del sumario, Félix Guerrero lo grababa todo. Y en marzo de 2021 un buen número de conversaciones y correos electrónicos estaba ya en manos de la Policía. Según uno de los informes de la UDEF, que basa su afirmación en el material proporcionado por el autor del aviso a Elías Bendodo, una empleada del intermediario Manuel García Gallardo llegó a decirle a este que "detrás de la operación" había "miembros de la Junta". Y el propio García Gallardo comentó a Félix Guerrero lo siguiente sobre el asesor Guillermo González: "No está solo en este invento".

Fuentes del PP andaluz aseguran que Guillermo González "se dio de baja en noviembre a petición propia". Las mismas fuentes creen que lo hizo antes de prestar declaración como imputado el día 9 de ese mes.

Fuentes de la Junta de Andalucía mantienen que una vez defenestrado el asesor y presentada la denuncia en Fiscalía, se le pidió al Gobierno regional prudencia y silencio mientras se llevaban a cabo las indagaciones policiales. Y que fue eso lo que derivó en que, hasta su declaración como imputado, el PP cordobés no supiera que el secretario general del partido en Cabra estaba siendo investigado bajo sospecha de cohecho. Las mismas fuentes enfatizaron de nuevo que estamos ante un caso probablemente único en España: el de una denuncia por supuesto cohecho que parte de un gobierno.

Pero en el aire siguen varios interrogantes. El primero es este: por qué con un sistema político que confiere enorme poder interno a los dirigentes de un partido, se permitió que Guillermo González continuara como secretario general en su pueblo si el presidente de la Junta lidera también el PP andaluz y fue la consejería de su mano derecha, Elías Bendodo, la que le destituyó y le denunció. La segunda incógnita sigue siendo la de por qué la investigación oficial interna del Ejecutivo autonómico se abrió el 4 de diciembre, es decir, dos meses y medio después de que el empresario Félix Guerrero alertase a Elías Bendodo el 22 de septiembre de que le estaban proponiendo sumarse a un delito para dar un pelotazo de nada menos que cinco millones.

En declaraciones a infoLibre, el antiguo asesor Guillermo González explica así su reelección como secretario general del PP egabrense: "Me renovaron como secretario general en junio de 2021 porque confían en mí y en mi inocencia". Según sus palabras, la Junta de Andalucía no le denunció sino que "se limitó a trasladar la denuncia de Félix Guerrero". El escrito con que el fiscal pidió el 5 de junio a los juzgados de Sevilla la apertura de diligencias penales arranca así tras un párrafo preliminar: "La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía formuló denuncia contra Guillermo González Pérez (...)".

"Dejé el cargo -agrega Guillermo González en referencia al de secretario general del PP de Cabra- a finales de año [2021] porque en esta situación no puedo seguir en política y me cuesta incluso seguir con mi vida privada. Yo no tuve nada que ver con eso [la oferta de contrato] y hasta la trabajadora [de Manuel García Gallardo] detenida lo declaró así. Nunca he hablado con Félix Guerrero". Correos electrónicos incorporados al sumario demuestran en cambio que Guerrero, el ofertante de 100 maletines de test covid, le incluyó en algunos de los emails dirigidos a la Junta.

Como plasma la UDEF en uno de sus atestados, durante los dos meses transcurridos entre la denuncia verbal del empresario Félix Guerrero y el inicio de la investigación interna de la Junta, el asesor luego cesado dispuso de tiempo para manejar "libremente" su cuenta de correo. Cuando la Policía accedió a su ordenador, bloqueado por el Gobierno andaluz el 9 de diciembre, no había ningún correo en su buzón de entrada. Ni en la papelera. El antiguo asesor mantiene que eso obedece a que la cuenta "se va autolimpiando de manera automática".

En los cuatro días siguientes a la llamada de alerta a Bendodo, y como desveló Diario de Sevilla citando un informe policial, su viceconsejero Antonio Sanz mantuvo 16 contactos telefónicos con el asesor bajo sospecha. Habló con él antes que con el empresario denunciante en lo que uno de los informes policiales incorporados al sumario califica de secuencia "incomprensible". Este periódico no ha logrado aún contactar directamente con Sanz pero fuentes de la Consejería de Presidencia andaluza resaltaron la semana pasada que "el tráfico de llamadas se limitaba a esclarecer los hechos tal y como denunciaba el empresario inicialmente".

En su declaración como testigo ante el juez del caso, el viceconsejero Antonio Sanz había asegurado que ya en septiembre de 2020 y durante la reunión que mantuvo con él se percató de que el asesor Guillermo González “estaba mintiendo”. Y que aquello le convenció de que había que abrir de inmediato una investigación. Las fuentes de la Junta consultadas la semana pasada y este lunes por infoLibre insisten en que la demora de casi dos meses y medio en el inicio del procedimiento interno se explica por la negativa del empresario Félix Guerrero a entregar pruebas de que estaba diciendo la verdad. El empresario -así figura en el sumario- se negó a hacerlo alegando que solo las facilitaría si se le garantizaba la autenticidad de las copias y la preservación de los originales. Al final, puso las pruebas en manos de la Policía.

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