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Empleo

Una asociación denuncia a la ministra Báñez por promover las delaciones anónimas

Fátima Báñez, junto a a Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, en el último Consejo de Ministros.

Una herramienta de autobombo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se está convirtiendo en un bumerán para su titular, Fátima Báñez. El lunes la ministra lanzaba una carta abierta a los medios de comunicación en la que vendía la creación de un buzón de denuncias anónimas para luchar, teóricamente, contra el fraude laboral. Pues bien, Báñez y su medida estrella del verano ya han sido denunciados ante la Fiscalía por la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet). El colectivo, que preside Antonio Valenciano, entiende que se trata de un caso claro de prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas), de una decisión "ilícita" en tanto que haría "víctimas" a "un elevado número de ciudadanos" de un "Estado que se aleja del derecho y practica el miedo como herramienta de gestión". 

La carta blanca que Empleo ha dado a los chivatazos ha suscitado no poca polémica y hasta mofa. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo –CCOO habló de "ocurrencia peligrosa" propia de un "país totalitario" y UGT pidió el mismo énfasis para perseguir a los empresarios que vulneran derechos de los trabajadores– y varios tuiteros han mostrado su denuncia en la web tomando como diana al PP y su caso Bárcenas. Las dudas por la utilidad y la licitud del instrumento obligaron a un subordinado de Báñez, a José Ignacio Sacristán, director general de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social (ITSS), a emitir una "aclaración" a través del portal oficial. Con su nota, la ITSS se equipara con la Policía, la Fiscalía o la Agencia Tributaria y defiende el buzón como una vía para obtener "información ciudadana" sobre los "distintos incumplimientos de orden social para mejorar la actividad planificada". O sea, que puede recibir confidencias anónimas igual que otros organismos del Estado. 

Andet respondió ayer martes, 6 de agosto, con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que entiende una "vulneración de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", que corresponde a un "Estado policial, casi totalitario". La asociación argumenta, en su escrito de tres folios, al que ha tenido acceso infoLibre, que el buzón de chivatazos anónimos es una decisión "arbitraria" que "incumple de forma clara las exigencias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico". Aduce que la ley reguladora de la Inspección de Trabajo, en su artículo 13, prohíbe expresamente a la ITSS tramitar las denuncias anónimas. 

"Inseguridad jurídica"

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El escrito añade que el buzón "vulnera deliberadamente el derecho de los denunciados", en la medida en que no saben quién les ha denunciado, ni por qué se les abre expediente, ni se les informa de las infracciones que comportan los hechos que se les imputan. "El principio de acceso permanente permite al denunciado su derecho a la defensa mediante el conocimiento de todos los documentos contenidos en el expediente y que se hayan incorporado a la carpeta correspondiente", lo que "no resulta posible" mediante el mecanismo del buzón habilitado ahora por Empleo. 

En resumen, Andet opina que se trata de una "vulneración sistemática de la ley" por parte del Gobierno, que "no solamente agrede a los ciudadanos afectados, sino que siembra de inseguridad jurídica y pone en cuestión todos los expedientes de la ITSS tramitados" desde la implantación del buzón. Una vulneración que la denuncia cataloga como prevaricación, según los artículos 404 y siguientes del Código Penal. Por ello, reclama a la Fiscalía que investigue una "posible actuación irregular, sin el más mínimo fundamento legal y de carácter malicioso" de Báñez. 

"El ordenamiento jurídico dice que no pueden tramitarse denuncias anónimas, está prohibido taxativamente, porque se vulneran derechos fundamentales. Ahora el ministerio dice que sólo lo quiere para recabar información –explica Valenciano a este periódico–. Ha creado un buzón para cazar supuestas irregularidades o fraudes. Persiguen cazar información. Y se dirigen sobre todo hacia los trabajadores. Entendemos que detrás hay una finalidad meramente ideológica, como la reforma laboral. El fraude laboral no hay que perseguirlo así, sino con denuncias identificadas, en las que se acrediten las acusaciones y en las que haya una investigación". Valenciano espera que, a partir de la denuncia de Andet, la Fiscalía abra diligencias y, en caso contrario, indique a la asociación a qué organismo debe dirigirse para que pueda tramitarse su escrito contra Báñez y su ministerio. "Creemos que hay delito penal, porque el Gobierno no es que haya modificado la ley, es que directamente se la salta". 

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