"La ayuda debe llegar al alumnado en desventaja social": docentes y expertos apoyan el acuerdo post-covid que prioriza la enseñanza pública

La escuela concertada sobrevuela una vez más el debate político, también en tiempo de crisis. La Comisión de Reconstrucción del Congreso dirime entre las distintas fórmulas para la salida de la crisis que ha dejado la pandemia. Las secuelas en las aulas están en el centro del debate y de nuevo las divergencias entre izquierda y derecha se hacen evidentes. El borrador de conclusiones en materia social expuesto este miércoles habla, en su artículo dieciocho, de "políticas educativas" centradas en la "corrección de la brecha educativa" y en el fomento de la equidad. Los esfuerzos económicos, por tanto, estarían volcados en la pública: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa".

Es el acuerdo al que han llegado Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero que se ha encontrado con el rechazo de los partidos conservadores de la oposición. Ciudadanos, que sí ha logrado alcanzar puntos comunes en materia de economía, sanidad y Unión Europea, se distancia de las posturas gubernamentales en torno a la escuela. La intención de la formación naranja, que ha enmendado el articulado, pasa por seguir negociando "para que el texto final aparque las cuestiones ideológicas y pueda garantizarse, por ejemplo, que todas las opciones del sistema público de educación, incluidas la educación concertada o la educación especial, salen reforzadas de esta crisis".

Tampoco el Partido Popular comulga con la exclusión de la escuela concertada. "Esta propuesta es un ataque directo a la libertad de enseñanza y de elección que los padres tienen reconocida en la Constitución", ha denunciado la diputada conservadora Rosa Romero, una postura que resume con exactitud la línea seguida tradicionalmente por su partido. "Es una propuesta sectaria e ideológica y en la que no vamos a estar de acuerdo", ha añadido.

La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha exigido igualmente la retirada de este punto, que ha tildado de "provocación". JxCat, por su parte, reclama eliminar precisamente la frase que concede a la "educación pública de gestión directa" la totalidad de los recursos. También el PNV ha enmendado las sugerencias en materia educativa. Sin éxito: las enmiendas han sido rechazadas. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de Unidas Podemos, PSOE, ERC y la abstención de EH Bildu.

Los sindicatos y los expertos consultados por este diario se muestran taxativos: si alguien requiere de ayudas para superar la crisis, son los alumnos en riesgo de exclusión. ¿Y dónde está ese alumnado? Ahí es donde algunas voces introducen matices. Los datos, sin embargo, apuntan de manera clara a la escuela pública. La privada financiada con dinero público, con el 25% del alumnado, asume sólo un 14,9% de estudiantes de origen extranjero. La segregación no sólo es evidente, sino que está sobradamente probada. Primero, por una cuestión económica: las familias que miran a la concertada asumen un gasto medio por alumno de 1.212 euros, más del doble que quienes acuden a la pública. Los colegios concertados, además, profundizan en la ubicación selectiva de sus centros, decisiones basadas en los niveles de renta, de acuerdo a un estudio elaborado por la Universitat de València. Según confirma el Ministerio de Educación en relación al curso 2016-2017, la escuela concertada tampoco tiene especial interés por los pueblos pequeños: el 77% de la privada se localiza en municipios de más de 25.000 habitantes. Ya en 2017, otro informe situaba al sistema educativo español como el sexto más segregador en suelo europeo.

"Los fondos deberían llegar a los colegios que escolarizan alumnado en desventaja social y tener en cuenta preferentemente estos centros, que son en su inmensa mayoría públicos", señala Paco García, secretario general de CCOO Enseñanza. Es de justicia, añade el portavoz sindical, que la pública recupere además "los niveles de inversión perdidos" durante los años de recortes.

Maribel Loranca, su homóloga en UGT, defiende que sean los centros educativos los que expresen sus necesidades, en función de las circunstancias del alumnado. "Hay que focalizar el esfuerzo en el alumnado que esté en situación de vulnerabilidad social", esgrime. Si la gran mayoría está "en una red determinada", habrá que tomar decisiones en consecuencia, pero "si también hay alumnos en la otra red, habrá igualmente que hacer esfuerzos".

Ambos sindicatos coinciden en que el criterio fundamental no es otro que atender a los estudiantes con mayores necesidades, pero recalcan que por el momento no se ha adoptado ninguna posición concluyente, de manera que se mantienen cautos en las valoraciones. La Comisión de Reconstrucción aún deberá recorrer varios pasos hacia la consolidación de sus decisiones. El próximo viernes, reunirá las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en un sólo documento que contenga las propuestas definitivas. A partir de entonces, el texto estará preparado para someterse a la votación final.

Saturnino Martínez, profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna, entiende que el razonamiento pasa por que "el fondo de reconstrucción favorezca a las personas en riesgo de exclusión" y en ese sentido, remacha, es la escuela "pública la que llega al alumnado que no cubre la concertada". A partir de ahí, surge lo que denomina "razonamiento de grupo". Por explicarlo gráficamente: existen dos grupos y la decisión orbita sobre dónde dirigir los fondos. "Tendré que destinar el dinero al grupo que está peor, en este caso es el de la pública", opina el docente. Él mismo plantea si existe la posibilidad de encontrar diferencias internas en cada grupo y él mismo responde: "Por todos los estudios que tenemos sobre la mesa, yo no lo creo". Sí puede ocurrir, expresa, que "muchas familias que acuden a la concertada hayan visto disminuidos sus ingresos". En este caso, argumenta, "si hay gente que se ha empobrecido lo que habrá que hacer es garantizar oferta de calidad en la red pública y esto es lo que están haciendo los fondos".

Revisión de la concertada

Lo cierto es que el debate en torno a la concertada ha ido adquiriendo tintes eminentemente ideológicos con el paso de los años, perdiendo de vista el objetivo genuino con el que fue ideada. Hace 35 años el Gobierno de Felipe González diseñó el actual sistema de conciertos con el propósito de corregir los desequilibrios en el modelo dual y universalizar la enseñanza obligatoria y gratuita. Teniendo en cuenta la robusta red de colegios privados, procedentes del franquismo y dominados por la Iglesia, la opción sobre la mesa fue la concertada como herramienta para una integración paulatina en el sistema.

"Hay una perversión con la concertada" y tiene que ver con "situar la demanda social como criterio para organizar la red", reflexiona García. "La Constitución habla de la libertad de enseñanza entendida como la libertad de creación de centros docentes y luego la red se organizará teniendo en cuenta la programación", pero el Partido Popular "cambió ese paradigma para consagrar la demanda social". Eso, argumenta, no es otra cosa que "una perversión del concepto que inicialmente representaba la concertada: garantizar la escolarización en un momento de universalización cuando la pública no llegaba". A juicio del sindicalista, el debate, que no ha dejado nunca de sobrevolar los discursos políticos, tendría que servir para "restituir el carácter originario de los conceptos educativos".

Martínez recuerda que la ley de los ochenta "lo que hace es regular una situación que ya existía de facto". No es, por lo tanto, que crease un nuevo escenario partiendo de la nada, sino que antes de aquello "no había criterios para distribuir fondos públicos a centros privados". La privada, por tanto, "no tenía ninguna responsabilidad y el Estado no podía incidir sobre su gestión". El sistema de conciertos viene a regular eso, aspira a apuntalar el control público.

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Por aquel entonces, enfatiza el profesor, "la privada y la Iglesia salieron en masa para protestar, pero luego vieron que era una manera de conservar el negocio y comenzaron a defender" el modelo de conciertos. El principal problema a la hora de una revisión, más de tres décadas después, es la "demanda social" que congrega. "Hay una reivindicación muy grande por parte de los defensores de lo público de acabar con la concertada, pero uno de cada cuatro estudiantes la elige", por lo que la "legitimidad social" es robusta. "Ir contra el modelo es complicado por los intereses que ya hay creados", sostiene el experto.

Las fuerzas conservadoras han hecho de la libre elección el principal emblema en su defensa de la concertada. A su alrededor, el Partido Popular ha construido una fortaleza que la ha blindado incluso en los años más duros de la crisis. En consecuencia, el gasto público en educación privada ha crecido un 292% desde que hay datos, más de cien puntos por encima de la red pública, que sigue por debajo de los niveles precrisis. Los colegios concertados, además, han apoyado su actividad en el cobro ilegal de cuotas ante la inacción de las autoridades.

Loranca incide en que la pandemia ha puesto de relieve unas carencias del sistema educativo "que ya existían" y que es ahora cuando "los poderes políticos tienen que demostrar si entienden la educación como prioridad". A partir de ahí, la sindicalista apuesta por una revisión de "todo el sistema" que pase por los currículos y llegue hasta la propia función docente. "Lo que menos conviene al sistema educativo es establecer una guerra política en base a titulares".