La Comunidad de Madrid ha rescatado una ley que fue aprobada hace 15 años para restringir desde este lunes el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal a las personas que no estén empadronadas o que no vivan en los municipios de Castilla y León y Castilla-La Mancha con los que existen convenios. Se trata concretamente de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, cuyo artículo 16.4 indica que “el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid sólo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.
Sobre los motivos por los que la medida se aplica ahora, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras alega “una serie de motivos tecnológicos que hasta ahora no permitían cotejar el empadronamiento”, a los que se suman “una serie de situaciones específicas que han ido surgiendo, por ejemplo, en una época de pandemia, etc.”, según ha explicado este lunes el consejero, Jorge Rodrigo Domínguez, en declaraciones a los medios. La aplicación de la norma cierra la puerta a la expedición de nuevas tarjetas o duplicados de los abonos mensuales.
La medida, anunciada el viernes pasado, ya ha despertado los primeros rechazos, centrados en tres grupos principales: personas migrantes, estudiantes y trabajadores de fuera de la Comunidad de Madrid. “Es la demostración de que Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha denunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una declaración compartida a medios. Desde este partido denuncian la cercanía temporal entre esta decisión y las propuestas de “prioridad nacional” que lleva meses defendiendo Vox en distintos territorios. Más Madrid ya ha presentado una proposición no de ley para reclamar la “retirada inmediata” de esta disposición.
Vox defiende bajo esta fórmula de “prioridad nacional” que se condicione el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a criterios de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio y lo ha estado promoviendo por las diferentes comunidades autónomas en las que tiene capacidad de influencia sobre los gobiernos del PP. Ya a principios de mayo, la Asamblea de Madrid aprobó, con el apoyo de PP y Vox, una iniciativa que instaba al Gobierno central a inspirar el reparto de recursos públicos a un “arraigo real, duradero y verificable”.
La exigencia de empadronamiento para poder obtener este tipo de tarjetas supone, además, una nueva traba para las personas que quieren acogerse a la regularización extraordinaria que lleva activa desde abril de este año. Los solicitantes tienen que demostrar su arraigo en el país y una de las pruebas que les sirve para hacerlo era demostrar que llevan meses pagando una tarjeta mensual de transporte público, algo que ahora ya no podrán hacer si no están empadronados. Desde la asociación en defensa de los migrantes Regularización Ya describen esta nueva medida como un nuevo factor de desigualdad que “profundiza en la exclusión” de estas personas.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid rechaza que la decisión tenga relación alguna con las personas migrantes. El Gobierno regional sostiene que los descuentos del transporte están financiados un 94% por la propia Comunidad, “por lo que resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos”, ha asegurado el consejero Domínguez.
Estudiantes y profesores
En cuanto a los estudiantes, el Gobierno madrileño ha anunciado su intención de promover acuerdos para que puedan seguir accediendo al abono transporte aunque no estén empadronados en la región. Este sistema ya se aplica desde hace años con los municipios más cercanos de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Toledo e Illescas, y las localidades de la provincia de Segovia y Ávila que lindan con la Comunidad de Madrid, pero se podrá ampliar a todas las comunidades que quieran participar, aunque serían estos territorios los que tendrían que asumir parte del coste de las bonificaciones.
El anuncio está todavía en el aire y desde la Consejería de Transportes matizan que esos acuerdos “dependen del resto de comunidades”, por lo que no existe ninguna seguridad de que ya estén firmados antes del inicio del próximo curso, en septiembre. En el caso de los estudiantes extranjeros, la situación es parecida: son las propias universidades las que tendrán que conseguir dichos acuerdos.
La mayoría de las comunidades mantendrán "de momento" los descuentos al transporte público
Sin embargo, en este acuerdo quedarían excluidos todos los trabajadores que cada día tienen que moverse desde sus municipios a la Comunidad de Madrid para trabajar y volver en el mismo día, entre los que se encuentran un centenar de docentes, según denuncia el sindicato CSIF.
“Denunciamos una vuelta de hoja más contra la libertad de movimiento de los docentes de esta comunidad. Tenemos muchos compañeros que viven en el extrarradio, que tienen que venir todos los días desde sus localidades y no van a poder llegar el curso que viene porque la comunidad ha quitado el derecho a tener la tarjeta de transporte público”, denuncia Miguel Ángel González Martínez, responsable de CSIF Educación en Madrid.
Es el caso de María Rosa González, profesora de matemáticas que tiene una plaza fija en un centro de Madrid capital. Vive en un pueblo de Ciudad Real, provincia que no cuenta con convenio con la Comunidad de Madrid, y todas las mañanas se despierta de madrugada para viajar en AVE hasta Madrid y, de ahí, coger un bus hasta su colegio. “La tarjeta me caducó en mayo y al ir a renovarlo, me he encontrado con todo esto”, explica en conversación con infoLibre.
La Comunidad de Madrid ha rescatado una ley que fue aprobada hace 15 años para restringir desde este lunes el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal a las personas que no estén empadronadas o que no vivan en los municipios de Castilla y León y Castilla-La Mancha con los que existen convenios. Se trata concretamente de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, cuyo artículo 16.4 indica que “el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid sólo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.