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Valencia

El Cabanyal pone el cronómetro a cero

El Cabanyal

Sergi Tarín | Valencia

Con 14 años menos, Rita Barberá es una alcaldesa sin canas, chaqueta oscura de rayas y blusa blanca. Una alcaldesa de indiscutible mayoría absoluta que fuma compulsivamente desde la presidencia del hemiciclo. Es el 25 de enero de 2001 y, entre cigarro y cigarro, escucha con calmoso desdén a los vecinos que se oponen a su proyecto urbanístico estrella: el derribo de 1.651 viviendas en el histórico barrio del Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Muchos de los afectados han pasado la noche a las puertas del Ayuntamiento golpeando sartenes y soplando silbatos. Josefa Nicolau interviene desde la tribuna: “Nuestras casas no las tiraron las bombas de la guerra, ustedes tampoco las tirarán”. Barberá retuerce la colilla en el cenicero y manda votar. “Por 20 votos a favor y 12 en contra se aprueba el dictamen”. Y desde los palcos, una decena de activistas de Salvem el Cabanyal, plataforma opuesta a los derribos, manchan sus caras con pintura roja y quedan en silencio, de pie y con los brazos en alto, hasta que son desalojados poco después.

Este jueves, a partir de las 10.00, se repetirá la escena, pero a la inversa. En el primer pleno de Joan Ribó, de Compromís, su primera gran decisión como alcalde está incluida en el puesto número 21 del orden del día: la derogación del Plan del Cabanyal. El reloj crujirá entonces hacia atrás en un ejercicio de vértigo hasta poner el cronómetro a cero. No estará Josefa Nicolau, que murió en 2010 en su casa de la calle de San Pedro, repleta de solares y viviendas tapiadas. Tampoco Rita Barberá, que tras perder la alcaldía el pasado 24 de mayo, renunció a su acta de concejal y puso pies en polvorosa en dirección al Senado.

Sí que acudirán algunos de los vecinos que aquel día se pintaron de rojo para simbolizar la herida que se abría para doler mucho durante demasiado tiempo. Por ejemplo, Maribel Domènech, actual portavoz de Salvem el Cabanyal, quien reconoce que por primera vez en lustros duerme a pierna suelta. “Antes me despertaba tres y cuatro veces por la tensión inconsciente de vivir permanentemente bajo amenaza”. Una amenaza de 17 años, ya que aquel 25 de enero se aprobó definitivamente el plan, pero desde 1997 la propuesta demoledora había pasado de los periódicos a las comisiones de urbanismo, y de ahí a los anteproyectos donde se decretaba suspensión de licencias como preludio a las excavadoras.

“Fue un época muy dura, muy bestia”, recuerda Ana Civera, presente en el histórico pleno y aporreada por la Policía el 8 de abril de 2010, fecha de los últimos derribos pese a estar en vigor una orden ministerial que los impedía al considerarlos un expolio del patrimonio español. “Fue una atrocidad y una barbarie de principio a fin”, rememora Adelina Serna, actual abogada de Salvem, para quien han sido “17 años de Edad Media en pleno siglo XXI”.

Una comparación que va más allá de la retórica, ya que Barberá ha llegado a comportarse como el caudillo de un ejército al asedio de una plaza apetecida. En el Cabanyal se han negado reformas, traspasos, cédulas de habitabilidad y la limpieza básica en la calles condenadas. Y se ha permitido la venta de droga e incentivado la conformación de bolsas de pobreza. El Ayuntamiento de Barberá compró 500 viviendas cuatro veces por debajo del precio de mercado, las destrozó por dentro para hacerlas inhabitables, las tapió, las abandonó. Marrón y ocre han sido los colores con los que se pintaban las propiedades municipales. Estética militar, zona de guerra. Una de las primeras medidas que han exigido los vecinos es la eliminación de los colores del estigma. El Ayuntamiento se ha comprometido a dejar los muros limpios para septiembre.

Compromiso millonario

No es el único compromiso. Joan Ribó ha expresado que la avenida de Blasco Ibáñez “acaba donde acaba”. Y ha destinado 10 millones del Plan Confianza (el que impulsó Francisco Camps para contrarrestar el Plan E de Zapatero), asignados a demoliciones y a regeneración de espacios urbanos. Otros 4,5 millones irán a parar a la red arterial de colectores y cerca de 6 más a pavimentación de calles. Además, se solicitará en octubre 120 millones a Europa para un programa de rehabilitación de espacios urbanos que se gestiona a través del Ministerio de Hacienda. Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente ya ha comprometido 234.000 euros hasta fin de año para refuerzos en la limpieza diaria.

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Más difícil de delimitar y consensuar es el destino de las 500 viviendas de propiedad municipal. Desde la Concejalía de Urbanismo se ha anunciado una auditoría para analizar el estado de salud de las casas. Algunas de ellas están gravemente afectadas y otras están ocupadas por familias sin recursos. “Una de las líneas rojas de este Ayuntamiento es cero desalojos”, ha explicado reiteradamente Consol Castillo, concejala de Bienestar Social, de Compromís. Además, en el Cabanyal habita un centenar de familias gitanas rumanas que viven de la chatarra. Son materiales que guardan en las casas y que provocan protestas en una parte del vecindario. La Policía Local ya ha empezado a identificar y a clausurar algunos de estos almacenes.

La comunidad rumana, congregada a través del culto evangélico, lamenta que esta presión les deja sin recursos para alimentar a sus familias. Y aunque Policía y Servicios Sociales supuestamente trabajan codo con codo en una comisión de urgencia creada el 2 de julio pasado, la propia Castillo reconoce que los medios de Servicios Sociales hasta ahora “son ridículos” y Jordi Peris, segundo teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana (València en Comú), admite que el Consistorio carece de recursos “para que mediadores interculturales trabajen en el barrio”. Esta descompensación entre la sanción y la alternativa ha puesto en guardia a algunos colectivos del barrio como Millorem, asociación en su mayoría de población gitana. Su portavoz, Tomás Correas, demanda “empleo, educación y atención social a colectivos que han sido deliberadamente marginados para provocar una fractura en el barrio y a los que el nuevo Ayuntamiento no puede seguir dándoles la espalda”.

“No es una etapa fácil”, subraya Adelina Serna. “Todo es sencillo cuando el objetivo es común. Ahora hay muchos objetivos y no podemos fallar a ninguno”, opina sobre la puesta en hora del viejo reloj parado 17 años y los riesgos de que las manillas empiecen a girar a demasiada velocidad.

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