Educación

La cancelación en la universidad de una charla sobre prostitución aviva el debate entre docentes y activistas

Imagen del 8M de 2019.

La polémica ha cobrado unas dimensiones imprevisibles. Al menos así lo reconocen las partes implicadas. Para entender lo sucedido hay que remontarse a principios de septiembre, cuando la Universidade da Coruña (UDC) anunció la puesta en marcha de dos jornadas. "Próximamente se celebrarán dos jornadas" sobre prostitución, decía la universidad pública. Violencia(s) contra las mujeres. Sensibilización y acción, de carácter institucional y organizada por la Oficina para la Igualdad de Género, y las Jornadas sobre Trabajo Sexual, propuestas por una alumna del Máster Oficial de Políticas Sociales en la especialidad de Género.

La Facultad de Sociología de la universidad gallega, expresaba aquel primer comunicado, defendía la celebración de un único encuentro donde participasen todas las posturas incluidas en el debate sobre la prostitución –esencialmente abolicionistas y regulacionistas–. No obstante, la encargada de las Jornadas sobre Trabajo Sexual comunicó su desacuerdo, poniendo sobre la mesa que en ocasiones anteriores el debate ya había quedado lastrado por "la diversidad de opiniones mostrada". Por eso, añade la institución, se optó por mantener la separación. 

Poco después del primer comunicado, del 6 de septiembre, la universidad elaboró un segundo texto, fechado el día 11. "Todos los debates deben tener cabida en la universidad con la necesaria serenidad y respeto al discrepante", aseguró entonces, mostrándose además defensora de la "participación activa del alumnado en la vida académica a través de sus propuestas de debate, por incómodas que puedan ser". Tras denunciar que se había menoscabado la imagen y el prestigio de la institución, la universidad anunció la suspensión del acto por no poder garantizar "la seguridad del debate ni su calidad académica". En la decisión tuvo mucho que ver "el fuerte rechazo, hostigamiento y crueldad" vertido a través de "las redes sociales, las falsas informaciones que distorsionan la realidad y los comentarios recibidos". 

La posición de la universidad marcó un nuevo foco para el debate. Hasta entonces, en las redes sociales habían clamado muchas voces por la suspensión de la conferencia, pero desde ese mismo momento otra importante oleada se expresó en contra de la cancelación. A día de hoy, más de un centenar de docentes ha firmado un manifiesto "por el derecho a debatir en la universidad y en todas partes". La batalla, en esta ocasión, sobrevuela el tradicional debate en torno a la prostitución pero también se instala en otra esfera: ¿es adecuado que la universidad pública acoja este tipo de jornadas? O visto de otra manera, ¿es positivo que una institución impida su celebración?

Terminología

Rosa Cobo es profesora en la UDC. Allí, la escritora y socióloga ejerce como profesora de Sociología y dirige el Centro de Estudos de Xénero. Preguntada por infoLibre, Cobo se expresa manifiestamente contraria a la celebración de la jornada. "Entiendo muy bien que haya una tensión evidente entre lo que podríamos llamar la libertad de expresión y de cátedra con lo que yo creo que es el principio de igualdad, que es lo que ampara a las posiciones abolicionistas", se apura a subrayar. Si bien la escritora entrevé ese pulso, lo destensa a través de "varias razones por las que esas jornadas no deberían celebrarse". La principal, detalla, tiene que ver con el nombre. "Los ponentes parten del supuesto de que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera", repara la socióloga, un mensaje que cree inaceptable "desde el punto de vista ético y político". "Que una sociedad segregue a un pequeño grupo de mujeres para que todos los hombres puedan acceder libremente a sus cuerpos para satisfacer su sexualidad y poder no es aceptable en una democracia", reflexiona.

Esa premisa, continúa la socióloga, "lo van a recibir jóvenes" y, desde esa perspectiva, "la industria de la prostitución está entendiendo que es fundamental tener una voz dentro de la academia, porque les proporciona mucha legitimidad". Con esas jornadas, denuncia, "se lanza el mensaje de que ser putero no está mal, es un acto de consumo, pero también de que ellas en algún momento, si no tienen recursos, está bien que entren y salgan de la prostitución". Algo que, a su juicio, "no debe tener un espacio institucional a través del cual se pueda expresar".

Amelia Tiganus es activista y superviviente del sistema prostitucional, como ella misma se define. Su postura coincide plenamente con la expuesta por la profesora, especialmente en lo que atañe al nombre de la jornada: "Su propio nombre legitima la prostitución como un trabajo, eso es lo problemático", afirma. Tiganus se esfuerza por aclarar su radical defensa de la libertad de expresión, pero siempre desde el rechazo hacia "ciertos discursos que van contra los derechos humanos". Hablar de trabajo sexual, opina, equivale a "banalizar la cantidad de violencia intrínseca que conlleva ser comprada, explotada y vejada".

Lo conflictivo de la terminología toma un cariz más intenso cuando el escenario es una institución pública. "Nosotras entendemos que es inaceptable que una universidad pública, con dinero público, destine recursos para promocionar la idea de que la explotación sexual no sea considerada como tal y pueda ser entendida como relación laboral". Toma la palabra la activista Charo Luque Gálvez, próxima a la Plataforma 8M. En el ámbito de la universidad, reitera, "eso es muy grave". Dentro de la libertad de expresión, sostiene Luque Gálvez, no se enmarca "la promoción de una serie de actividades" y por eso "hay que dejar de normalizar la prostitución como cuestión de libertad".

Libertad de opinión y cátedra

También apela a la universidad pública la activista Justa Montero, pero lo hace con el propósito de justificar la defensa de las conferencias. "Me parece tremendo que se hayan suspendido las jornadas", dice al otro lado del teléfono. Y apunta a un hecho que cree fundamental: el debate en torno a la prostitución, dice, está abierto en el movimiento feminista y además es un debate muy complejo que difícilmente se puede cerrar. En ese espacio, añade, existe una "diversidad de opiniones". La universidad "obviamente tiene que recoger los debates que existen en un movimiento social como el feminista".

La activista y abogada Violeta Assiego tampoco titubea en su valoración. "Claramente aquí veo que hay una limitación de la libertad de expresión y de cátedra", explica a preguntas de este diario. "Solamente se puede censurar un acto cuando entiendes que puede estar infringiendo la ley de alguna manera", sostiene, "lo demás son decisiones arbitrarias". Y ahí, en la arbitrariedad de la decisión, es donde la activista percibe el riesgo. "Pedir la cancelación es pedir arbitrariamente que se limite la libertad de expresión", lo que da pie al desarrollo de "posturas muy peligrosas". "¿Quién pone límite a esa arbitrariedad y determina los parámetros para saber qué es justo o injusto", se pregunta Assiego.

El nombre de Fefa Vila corona el listado de adhesiones al manifiesto en defensa de las jornadas. Ella es profesora de Sociología del Género en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En conversación con este diario coincide al calificar la situación de "grave y preocupante", especialmente desde la óptica "de lo que significa la universidad como espacio del ejercicio de la libertad a través del debate y la reflexión". La universidad, recuerda, "tiene el poder de dar esa libertad para reflexionar sobre cualquier problemática social", especialmente teniendo en cuenta, dice, que se trata de uno de los debates candentes en el movimiento feminista. Vila entrevé una suerte de "Inquisición dentro de la izquierda y del feminismo", pero especialmente grave le parece que "se haya cedido por parte de la universidad". La decisión de la institución, lamenta, "crea un precedente desde el punto de vista de la democracia, la libertad y el desarrollo crítico del pensamiento".

Respecto a la terminología empleada –"trabajo sexual"–, las activistas coinciden en que, en todo caso, no se trata de un delito. "No es un delito, no es una ofensa, es una cuestión abierta al debate. Dado que existe esa expresión social, nos tenemos que preguntar si puede ser trabajo y no cerrarlo en falso", reflexiona Vila. También Assiego cree que si las voces críticas han podido detectar "un ilícito legal", la forma de proceder habría sido "acudir a los juzgados y pedir la suspensión" del acto. Más allá de ahí, analiza, "nadie tiene potestad para decir que no se celebre", precisamente porque la libertad de expresión "comprende que alguien pueda decir algo que te ofenda, siempre que no sea un delito".

La voces protagonistas

Montero incluye otro factor en su análisis. La cancelación, asegura, resulta "doblemente grave porque hablaban trabajadoras sexuales". El objetivo consistía en "dar voz a las trabajadoras para que explicasen las propias mujeres cuál es su situación y cuáles son sus planteamientos". Por ello, agrega, "es un error que se quite la voz a una parte importante de quienes participan en el debate".

El foco del problema en este punto es, para las detractoras de las jornadas, quién constituye esa voz. Parte de la ponencia estaría protagonizada por miembros de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). A finales de noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional aceptó la impugnación de sus estatutos y la invalidó como sindicato. "No resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un válido contrato de trabajo", como es el caso de "la prostitución por cuenta ajena", argumentó.

Para Tiganus, dar voz a las protagonistas y exigir sus derechos pasa por demandar "ayudas económicas, vivienda, formación o trabajo" por parte del Estado para las mujeres prostituidas. Aceptar la legitimidad de la organización, dice, implica reconocer asimismo a los proxenetas como patronal. Con esta perspectiva coincide Cobo. "El aspecto central para el abolicionismo son las mujeres que están en prostitución" y en ese sentido, añade, hay dos alternativas: la de "normalizar la prostitución hasta el extremo de convertirla en un trabajo legal" o impulsar "políticas públicas dirigidas a las mujeres que tienen pocos recursos económicos y se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema" para que puedan "dejar de estar donde ninguna de ellas quiere estar".

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