Los ultras que liquidaron a Oltra: las maniobras y conexiones que el carpetazo al caso pone ahora en el foco

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El archivo del caso que en junio de 2022 derivó en la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada como supuesta encubridora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha sacado a dos figuras clave del armario de esta historia. Unidas por el nexo de la ultraderecha, esas dos figuras y lo que representan –José Luis Roberto y Cristina Seguí– lograron el hundimiento de quien, como líder de Compromís, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana bajo la presidencia del socialista Ximo Puig, había puesto varias picas en el Flandes de un territorio durante lustros gobernado por dirigentes del PP como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Dos meses antes de su imputación en junio de 2022 –imputación ahora desguazada en el auto que la exonera por ausencia absoluta de indicios de encubrimiento–, Oltra lanzó un aviso en las Corts valencianas: “Hay que seguir el rastro del dinero”. De momento, le ha costado una querella pronunciar esas palabras a modo de frontispicio de la foto que exhibió aquel día. Tomada en una estación de tren, en la imagen aparecían juntos Francisco Camps, Cristina Seguí y Alberto de Rosa, presidente del holding Ribera Salud, favorecido por la privatización sanitaria del PP en Valencia.

Testigo de cómo la líder de Compromís promovió la devolución al mando público de los hospitales privatizados, Ribera Salud mantiene la querella bajo la dirección letrada del mismo abogado –Pablo Delgado– que defiende a Francisco Camps y que ha representado a la asociación de Cristina Seguí –Gobierna-te– como acusación popular en el caso contra Oltra. Su presidente, Alberto de Rosa Torner, es hermano de Fernando de Rosa, exconseller valenciano de Justicia durante el mandato de Francisco Camps, luego vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo mayoría conservadora, más tarde presidente de la Audiencia de Valencia, de la que salió para ser senador del PP hasta 2023. Y ahora ocupa un escaño por el PP en el Congreso.

A día de hoy, nadie ha avanzado en la comprobación de la hipótesis de la pista del dinero ni por tanto en si, lejos de ser un mero arrebato por lo que Oltra ya había definido como “cacería política”, lo expuesto aquel día en el Parlamento se ajustaba a la realidad. Así que lo único palmario a día de hoy es que las dos figuras del párrafo inicial –Roberto y Seguí– son dos ultraderechistas de primer orden contra los que se acabó revolviendo la menor víctima de los abusos sexuales cuando la losa de la imputación penal ya había aplastado a la dirigente valencianista. "Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada", le dijo la joven al diario Levante en agosto de 2022.

La información del rotativo no especifica a quién se refería la entrevistada, Maite, cuando narró que le habían prometido casa y trabajo en Madrid. Pero distintos medios –entre ellos el diario El Mundo– publicaron que la oferta consistía en un contrato para ella y su compañero sentimental en el hospital del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, parte del grupo de centros de gestión privatizada por Esperanza Aguirre y gestionado por Ribera Salud. La pareja, que según esas mismas informaciones rechazó la propuesta, ya había trabajado en el hospital de la alicantina Torrevieja, uno de los gestionados por Ribera Salud y revertido luego a la Generalitat por el Gobierno PSPV-Compromís.

infoLibre envió a los portavoces de comunicación del holding valenciano un correo con dos preguntas: ¿Es cierto que Ribera Salud o algún directivo del grupo ofreció trabajo en el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) a la víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra y a su pareja sentimental? ¿En qué punto se encuentra la instrucción de la querella del presidente de Ribera Salud contra Mónica Oltra? Al cierre de esta edición, no había habido respuesta.

Las respuestas de José Luis Roberto

Quien sí contestó a este periódico fue José Luis Roberto, el abogado que en la causa contra Oltra ha representado a la menor víctima de abusos sexuales y antiguo secretario general de la patronal española de prostíbulos (Anela). Roberto es también empresario y presidente de España 2000, un minúsculo y xenófobo partido que en ocasiones ha copado titulares por episodios de violencia física y que incluso homenajea a Benito Mussolini. Hace un año, Roberto aseguró en conversación telefónica con infoLibre que “el fascismo no es ultraderecha”.

Ahora, y a través de un correo electrónico de respuesta a este medio, Roberto ha confirmado que recurrirá el sobreseimiento provisional de la causa contra Oltra así como contra varios funcionarios. Sobre aquella oferta de trabajo y casa por la que la menor se sintió utilizada y luego abandonada, su mensaje literal es el que sigue: “En ningún momento le he prometido casa y trabajo, le conseguí trabajo en el hospital de Torrevieja [uno de los que gestionaba Ribera Salud en Alicante] y la despidieron cuando se hizo cargo la Generalitat [tras el proceso de reversión]; ella y a su novio fueron a los únicos de más de 1000 que no subrogaron”.

El abogado prosigue así: “Denunciamos por despido nulo y se sentenció 10.000 euros de indemnización a cada uno. Cobraron esa cantidad y recurrimos, está pendiente el recurso, ya que nuestra petición inicial era de 25.000 euros a cada uno”.

Y ahora, sobre la oferta de empleo y vivienda: “Quedándose sin trabajo, Cristina Seguí les comentó que le habían ofrecido un trabajo para ellos en un municipio de Madrid y que se había puesto en contacto con el alcalde la localidad que les podría encontrar, dada su situación, una vivienda social. Yo no tuve nada que ver en este ofrecimiento, que me consta que era cierto, el cual no cristalizó por cuestiones de los interesados y de la presunta prima, que no lo es, que se metió por medio. En todo este asunto yo he estado al margen, pero conocedor de la realidad del ofrecimiento y de las circunstancias que llevaron a no aceptarlo, ajenas a la voluntad de Cristina Seguí”.

Conclusión del mensaje del creador de España 2000: existió la oferta y la pareja la rechazó por cuestiones propias y “de la presunta prima”. Roberto se refiere a otra joven, persona muy allegada a Maite y que abundó en la idea de que la extrema derecha la había dejado tirada en cuanto consiguió su propósito: cargarse a Mónica Oltra.

Fundadora de Vox y tertuliana

Que José Luis Roberto elija la vía difusa en relación a la propuesta de trabajo –no precisa de quién partió– y que defienda la actuación de Cristina Seguí no son hechos aislados. Ambos han formado un tándem con motor a toda marcha. Cofundadora de Vox en Valencia, tertuliana experimentada y conocida por su tendencia al exabrupto en redes o programas de televisión y considerada ultraultraderechista desde que ya en 2014 abandonó el partido de Santiago Abascal, Seguí dirige la asociación Gobierna-te. En su perfil de Twitter (ahora, X), la jefa de la asociación se describe así: “Antiglobalista, Heroína de Tabarnia y Autora de Manual para defenderte de una Feminazi y #LaMafiaFeminista. Directora en CesarVidal.tv. Vidal se cuenta entre quienes eximen al dictador de responsabilidad en el estallido de la guerra civil. El historiador sostiene que fue el ambiente de confrontación durante la República lo que hizo inevitable el conflicto bélico.

Tras la denuncia interpuesta por José Luis Roberto en nombre de la menor Maite una vez había sido condenado Luis Eduardo Ramírez –el exmarido de Oltra–, Seguí se personó como acusación popular. Como quedó esbozado más arriba, su asociación encomendó la tarea al Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps y con quien infoLibre ha intentado contactar sin éxito. De forma independiente, Vox fue la tercera pata de la acusación privada.

Seguí ya había comenzado 2021 sacando a la venta camisetas con el rostro de Oltra y la leyenda típica de las películas del Oeste: “Se busca muerta o viva”. Ese era el lema pero escrito en inglés. Las camisetas se anunciaban en un tuit donde la jefa de Gobierna-te acusaba a la dirigente de Compromís de estar “criminalizando” a Francisco Camps también a base de camisetas.

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El objeto declarado de las camisetas del "Dead or alive. Wanted" contra Mónica Oltra era reunir fondos que permitieran a la asociación de Seguí mantenerse como acusación popular en la causa ya entonces abierta contra varios cargos de la Consellería de Justicia y Bienestar Social por la supuesta ocultación de pruebas que incriminaban al exmarido de Oltra.

Abogado de prestigio, nunca ha trascendido cuánto cobra Pablo Delgado por llevar este caso ni cuánto ha conseguido Gobierna-te recaudar a lo largo de estos años. Tras varias búsquedas para hallar la web de la asociación Gobierna-te se envió un mensaje por Twitter a Cristina Seguí donde le pedía si podía facilitarle el link. La respuesta de Seguí fue esta: “Eres periodista de @infoLibre. No voy a hacer tu puto trabajo”.

Finalmente y gracias a la ayuda de un experto, la web gobierna-te.es fue localizada. Pero no funciona. El dominio lo registró en 2022 una de las colaboradoras habituales de Seguí, una psicóloga que niega de modo taxativo la violencia machista y se prodiga en la tesis de que buena parte de las denuncias por malos tratos son falsas.

El archivo del caso que en junio de 2022 derivó en la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada como supuesta encubridora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha sacado a dos figuras clave del armario de esta historia. Unidas por el nexo de la ultraderecha, esas dos figuras y lo que representan –José Luis Roberto y Cristina Seguí– lograron el hundimiento de quien, como líder de Compromís, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana bajo la presidencia del socialista Ximo Puig, había puesto varias picas en el Flandes de un territorio durante lustros gobernado por dirigentes del PP como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

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