'Caso Maracena', un secuestro lleno de incógnitas y una actuación judicial polémica en campaña electoral

Dieciséis años después de que el entonces alcalde de Maracena, Julio Pérez, perdiese el puesto,  un hijo con quien comparte nombre y partido -el PP- acaba de recuperar la vara de mando de este pueblo de 22.293 habitantes no demasiado conocido hasta hace casi cuatro meses. Allí, a cinco kilómetros de Granada, el secuestro de la concejala socialista disidente Vanessa Romero cayó el martes 21 de febrero como un rayo al que de inmediato siguió una tromba judicial que a su vez ha tenido desastrosas consecuencias políticas para el PSOE.

Para empezar, el escándalo irrumpió de inmediato ese mismo 21 de febrero tras conocerse que el secuestrador era un tal Pedro Gómez, entonces todavía novio de la alcaldesa socialista, Berta Linares. Fue creciendo en cuanto se supo que Gómez incriminaba en calidad de inductores del secuestro tanto a Linares como al número 3 del PSOE andaluz y exalcalde de Maracena, Noel López, y al concejal de Urbanismo, Antonio Leiva.

¿Por qué le habían instado los tres a raptar a Vanessa Romero para “darle un susto”, según la declaración textual del secuestrador? Según Gómez, porque los tres políticos temían que Vanessa Romero,  -concejal de urbanismo hasta exactamente dos años antes- sacara a la luz unos papeles sobre operaciones turbias de las que se habría beneficiado Noel López. El día del secuestro, Vanessa Romero llevaba en el maletero de su coche expedientes urbanísticos que, según su declaración, había sacado del Ayuntamiento dos años antes salvo uno que había completado días atrás. Hasta ahora no ha trascendido el porqué de alojar en el maletero “copias” de documentos de tal naturaleza.

Nadie los interrogó en tres meses

Cada vez de mayor envergadura, el escándalo explotó definitivamente tres días antes de las elecciones municipales del 28M. Ese jueves, 25 de mayo, el juez del caso, Josep Solá Fayet, firmó un auto donde anunciaba que pedía ya al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) la imputación del número 3 de los socialistas andaluces, Noel López, aforado por su condición de diputado autonómico. También, la de Linares y Leiva. Como ya se sabe y tal como adelantó el diario Ideal de Granada , el TSJA ha denegado tal pretensión por su carácter prematura: el tribunal ha decidido devolver la causa al juez para que practique diligencias “imprescindibles” que nunca llegó a hacer.

Noel López conserva el escaño pero acabó dimitiendo el 30 de mayo como secretario de organización regional del PSOE para evitar “difamaciones” que distrajeran al partido durante la campaña para las elecciones generales de julio.

Berta Linares ha saltado de gobierno local junto con su equipo tras el pacto suscrito por el PP con Vox y dos formaciones locales: el gran pegamento de la alianza, el secuestro.  Saber cuánto afectó el 28M el rapto de Vanessa Romero al voto socialista en Andalucía, la comunidad más poblada, y en el resto del país constituye una misión imposible.

Al convertir en binomio los términos “secuestro” y “número 3 del PSOE andaluz”,  el auto del juez Solá provocó un auténtico terremoto en la fase final de la campaña del 28M. La resolución judicial concedía crédito a las declaraciones de Pedro Gómez y confirmaba algo inusual: en los tres meses exactos que la causa había permanecido en el juzgado de instrucción 5 de Granada - las diligencias se abrieron el 24 de febrero- y pese a la gravedad de las acusaciones vertidas por el detenido y fialmente preso, ni el magistrado ni la Guardia Civil habían interrogado a ninguno de los políticos señalados por el secuestrador.

Los papeles del maletero

Supuestamente enlazados de forma inseparable al secuestro, los papeles del maletero llevaron al juez Solá a anunciar la apertura de una pieza distinta a la del delito de detención ilegal, lo que en la práctica implicaba quedarse con una parte del caso y mandar la otra al TSJA. El juez incluyó ese anuncio de nuevo procedimiento en el auto donde el 25 de mayo ponía en la diana a Noel López, Berta Linares y Antonio Leiva.

El 23 de mayo, solo dos días antes de la emisión del auto que pedía al TSJA la imputación del aforado Noel López, Berta Linares y Antonio Leiva, la Guardia Civil había enviado al juez un informe de 12 páginas centrado en los papeles del maletero y donde se lee esto: “La simple visualización de esta documentación intervenida del interior del vehículo por sí sola, no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en su tramitación por parte del Ayuntamiento, si bien estos documentos deben analizarse en contexto con los hechos que nos ocupan y las declaraciones de Vanessa”.

La secuestrada -y así aparece en el mismo informe- había relatado que “dichos documentos -los del maletero- los había detectado y comparte conocimiento al respecto con el arquitecto técnico” del ayuntamiento, Francisco Soria. Los había “sacado del ayuntamiento tras ser despojada de la concejalía de Urbanismo y ver sus claves municipales retiradas”, continúa la Guardia Civil. Es decir, una vez quedó cesada al frente de Urbanismo en febrero de 2021.

Entre los papeles del maletero, había una carpeta sobre un centro de salud cuya construcción durante el mandato de Noel López habría implicado irregularidades según la edil. El 5 de junio, el arquitecto técnico Francisco Soria difundió un comunicado donde negaba “cualquier tipo de irregularidad urbanística" durante la construcción de esa instalación pública.

Este diario ha tenido acceso a un documento de julio de 2022 elaborado por el mismo arquitecto técnico a petición de Urbanismo, entonces ya bajo la dirección de Antonio Leiva y al que adjunta informes técnicos sobre la gasolinera que la edil secuestrada señala como uno de los proyectos envueltos en la ilegalidad. El documento firmado por Soria y otro técnico municipal de alto nivel viene a sostener que la gasolinera se ajusta a la legalidad.

 La reunión que niegan los dueños del bar

Pero infoLibre ignora si existen otros documentos que corroboren o desmientan esa afirmación en una historia poblada de alusiones a tejemanejes incluidas en las declaraciones tanto del secuestrador como de la secuestrada.

También ignora este medio qué pasó por la cabeza de Pedro Gómez para perpetrar un rapto a cara descubierta contra Vanessa Romero si, como enfatizó en los interrogatorios, nunca se planteó matarla ni hacerle daño: tan solo, amedrentarla por el daño que le había hecho a su pareja, Berta Linares, en el capítulo del urbanismo. ¿Qué llevó a Pedro Gómez a pensar que, una vez libre -si realmente ese era su plan-, la concejala secuestrada no le denunciaría?

Hasta ahora nadie lo sabe. Pero esa es una de las preguntas que sobrevuelan sobre un caso todavía repleto de dudas de lo que realmente pasó. Las incógnitas jurídicas con efecto político -la primera, por qué, antes de acudir al TSJA, no interrogó el juez a los cargos del PSOE no aforados que había señalado el secuestrador- se enredan con otras también en espera. Por ejemplo, por qué Pedro Gómez asegura que los tres políticos a los que cita con nombre, apellidos y reiteración le comunicaron en enero su plan contra Vanessa Romero durante una reunión en un bar -la Taberna del Ángel- cuyos propietarios niegan rotundos que tal cita se hubiese celebrado.

Es el propio juez el que en referencia a ese momento que parece extraído de la paradoja del gato de Schrödinger -como no lo vemos dentro de la caja cerrada, inhala o no el veneno en circulación y está simultáneamente muerto y vivo y muerto- escribe en su auto del 25 de mayo lo que viene ahora: “No obstante y en cuanto al análisis policial de los datos telefónicos para ubicar la presunta reunión previa a los hechos donde según el investigado le proponen los tres [Noel López, Berta Linares y Antonio Leiva] que proceda a cometer los mismos para darle un susto resulta en tal sentido y por los motivos que se analizan en el informe policial sobre las coberturas de antenas escasamente concluyentes pero tampoco excluyentes”. O sea, que sí y no de forma simultánea.

¿Se lo pidió la Guardia Civil a la alcaldesa?

Entre los enigmas del caso se cuenta también esta: el secuestrador sostiene que esnifó la mañana del secuestro “dos rayas” de la cocaína que por indicación de Noel López le entregó Berta Linares para que se “envalentonase”. Pero el informe forense oficial -un análisis capilar, el más efectivo según expertos consultados por infoLibre- confirma que no se detectó ni rastro de esa o cualquier otra droga. ¿Por qué Pedro Gómez introdujo la cocaína en su relato?

Otra duda que plantea el caso se resume así: tampoco se sabe aún si es cierto o rigurosamente falso lo que sostiene la ya  exalcaldesa de Maracena respecto al vídeo de una cámara de seguridad que la muestra hablando con Pedro Gómez la mañana del secuestro y cuando la víctima ya se había liberado.

Porque lo que sostiene públicamente Berta Linares y reafirmó este viernes en el programa Hablando Claro de RTVE es que fue la propia Guardia Civil la que ese día le pidió que contactara por teléfono con el secuestrador y que guardase silencio sobre su encuentro con él en las calles de Maracena. Ese encuentro se produjo a una hora, pasadas las 12.00 del mediodía, en que la regidora ya sabía que Vanessa Romero se había liberado tras permanecer secuestrada pero en la que -es lo que asegura- todavía nadie le había dicho que el rapto había sido obra de su pareja.

 ¿Miente Berta Linares y ni le contó a la Guardia Civil que se había encontrado con Pedro Gómez ni los investigadores la instaron luego a contactar por mensaje telefónico con el secuestrador para quedar con él? Si es así y tales indicaciones de la Benemérita no existieron o los agentes lo niegan, ¿no resultaba eso suficiente para que el juez la hubiese imputado de forma inmediata y le hubiese tomado declaración? Dar ese paso habría permitido asimismo al magistrado practicar otra prueba relevante: someter a un careo al secuestrador y a la alcaldesa sobre, por ejemplo, el contenido de la conversación que mantuvieron en una calle de Maracena cuando Vanessa Romero ya había salido del maletero.

Evitar imputaciones “insidiosas o interesadas”

Oficialmente, Pedro Gómez Rosa, dueño de una pequeña empresa de globos para fiestas con sede en Málaga, padece un trastorno de bipolaridad. Pero más allá de su bagaje psiquiátrico, lo cierto es que sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez Josep Solá colocaron en el precipicio a los tres políticos.

 Y justo en ese punto radica la clave de un caso que ensancha el debate sobre el alcance de la influencia política del poder judicial. Porque, como de forma expresa señala el auto dictado este jueves por el TSJA, que deniega imputar a Noel López y devuelve la causa al juez Solá para que investigue lo necesario, su tesis contra los tres políticos citados se basó en las declaraciones del secuestrador. “No se han practicado -se lee en la resolución del TSJA- diligencias esenciales de investigación, como son la declaración en la sede originaria de la instrucción de personas a las que se imputa la participación en la detención ilegal de María Vanesa Romero, junto con Noel López, y según las declaraciones del autor directo y material de la detención ilegal, Pedro Gómez Rosa”.

Lo que sigue al entrecomillado anterior denota la severidad del reproche al juez: “Confrontar sus manifestaciones, y las imputaciones que se derivan de ellas, con las personas no aforadas a las que se refiere se consideran diligencias imprescindibles e indispensables, que por lo tanto no han sido tomadas en consideración para llegar a la conclusión que permitió la remisión a este Tribunal Superior”. Si una vez practicadas las diligencias necesarias -explica el TSJA-, el juez entiende que debe enviar de nuevo el caso al TSJA, podrá hacerlo con plena libertad. “Pero para ello -y aquí emerge el quid de la cuestión- es preciso constatar la existencia de indicios fundados que corroboren la verosímil participación o implicación en él, más allá de la simple sospecha o conjetura, evitándose imputaciones insidiosas o interesadas”.

Tal como pidió al máximo tribunal andaluz la Fiscalía Superior de la comunidad, lo anterior aboca en la práctica al juez a interrogar como imputados a Berta Linares y al exconcejal de urbanismo Antonio Leiva. Y a practicar otras pruebas que en estos meses se han quedado en el limbo.

Viaje en metro para comprar un cuchillo “normal”

De no estar ante un delito muy grave y un relato con “un número de detalles ofrecidos tanto por la víctima y por el investigado que resultan coincidentes en lo esencial” -así se lee en el auto del juez-, el secuestro de Maracena parecería un episodio de criminalidad poco común por definirlo de forma plana.

Porque el rapto empezó cuando, tras dejar a sus dos niños en el colegio Granada College, Vanessa Romero se topó con Gómez, este le dijo que había ido a llevar a clase a los hijos de Berta Linares, que se había quedado sin gasolina y que si lo podía llevar de vuelta en su coche. Una vez dentro, y a partir de ahora todo lo que viene procede de la versión del secuestrador, la encañona desde el asiento del copiloto con una pistola de juguete y aspecto real comprada en Amazon por indicación de Noel López -eso dijo-, la maniata luego con bridas de plástico que acabó cortando con el machete que llevaba en la mochila porque le hacían daño a Vanessa, envuelve luego el móvil con un rollo de papel aluminio para que no lo localizaran como -eso dijo también- había visto en una película, la encierra en el maletero para largarse a buscar un cuchillo “normal” y evitar así que el machete de doble filo pudiera herirla, se monta en el metro de Armilla -el pueblo hasta el que había viajado con su víctima- en dirección a Maracena para ir a la ferretería a comprar el cuchillo, llega a Maracena, se va antes al ayuntamiento a buscar a la alcaldesa para decirle que “todo estaba hecho”, no la encuentra, echa a andar, la ve de lejos, la llama con un gesto del brazo mientras sostiene una lata de la bebida energética Monster, hablan a solas y Berta -es la versión del secuestrador- le cuenta que Vanessa se ha liberado y que la Policía le está buscando.

Pero Pedro Gómez -eso continúa diciendo en el interrogatorio y lo incluye el juez en su auto- replica así a quien ese día seguía siendo su pareja: “Que se tranquilice, que no pasa nada. Se besan en los labios, se despiden y posteriormente coge el metro para dirigirse nuevamente a Armilla”. Es decir, al pueblo donde  después de dos horas de pánico y llanto Vanessa Romero está ya libre tras haber logrado abrir desde dentro el maletero.

Varapalo de la Fiscalía al juez que pidió imputar al número tres del PSOE andaluz a tres días del 28M

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