Castilla-La Mancha retira el recurso de Cospedal contra la anulación de la ley que recortaba la dependencia

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, que lidera el socialista Emiliano García-Page, retirará el recurso de casación que el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP) presentó contra la sentencia que el desarrollo autonómico que recortaba prestaciones a los dependientes. Así lo anunció este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. 

El pasado abril el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la orden autonómica que, desde 2013, regulaba la aplicación en esa autonomía de la norma estatal sobre dependencia y que establecía el catálogo de servicios, el acceso a las prestaciones, la compatibilidad de ayudas o las horas de atención. La anunlación fue consecuencia de una demanda presentada por los miembros de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de esta comunidad. 

Aunque el tribunal determinó que esa norma era "nula de pleno derecho" porque durante su elaboración el Gobierno prescindió del del dictamen que debería haber elaborado el Consejo Consultivo autonómico, el Ejecutivo del PP, cuando estaba en funciones, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es el que ahora retirará el nuevo Gobierno. Según dijo Martínez Guijarro una vez que sea efectiva la retirada de este recurso, la consejería de Bienestar Social "se pondrá en marcha" junto a la plataforma para elaborar una nueva norma "que permita la aplicación efectiva de la ley en la región". 

"Injusta en el fondo"

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La plataforma presentó el recurso basándose en el citado defecto de forma, si bien el objetivo era tumbar una orden que creen injusta en el fondo. "Esta orden a quien más perjudicaba es a las personas que más lo necesitan, a los grandes dependientes que son los que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria... estas son las personas a las que obligaban a estar hasta tres años y medio esperando por una prestación que ya tenían reconocida", denunció entonces José Luis Sánchez Ocaña, presidente del colectivo y padre de dos hijos valorados como grandes dependientes.

"Ojalá el tribunal también hubiera entrado en el fondo porque habría dado al Gobierno de Cospedal un buen zarpazo", dijo Sánchez Ocaña. "No obstante, esta sentencia nos ha generado una gran alegría porque supone el reconocimiento por parte de la Justicia de algo que llevábamos denunciando desde hace mucho tiempo", añadió.

La realidad es que este colectivo viene denunciando desde la aprobación de la orden –en agosto de 2013–las revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen la valoración, pues el cambio en la valoración lleva aparejado una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que concede las ayudas. Y también que esta norma trajo consigo otros cambios como la exención del pago si el dependiente fallecía antes de obtener la resolución expresa del derecho a recibir la ayuda o la posibilidad de suspender la percepción de la prestación económica para ayudas en el hogar durante un periodo de dos años y medio.