Elecciones catalanas 27-S
Cataluña y Euskadi contraatacan: acusan al Gobierno central de incumplir fallos del Constitucional
Los gobiernos autonómicos de Cataluña y Euskadi reaccionan a los planes del Partido Popular de reformar por la vía de urgencia el Constitucional: horas después del anuncio, ambos advirtieron a los conservadores de que el Gobierno de Rajoy también incumple resoluciones de ese tribunal. El Govern de la Generalitat identificó hasta 11 casos en los que sostiene que el Ejecutivo central hizo caso omiso a los fallos del tribunal de garantías. Desde Euskadi, por su parte, se señalan también varios supuestos incumplimientos.
La respuesta de ambas administraciones se desató pocas horas después de que este lunes el PP anunciara su reforma exprés del Constitucional. Las modificaciones previstas otorgarán al tribunal capacidad para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones. Y aunque los conservadores lo negaron en todo momento, la oposición lo interpretó como la respuesta del Gobierno ante una eventual declaración unilateral de independencia tras las próximas elecciones catalanas, pues permitiría –llegado el caso– sancionar al presidente de la Generalitat, Artur Mas.
"Electoralista", "sectaria" y "desleal" fueron algunos de los adjetivos que se escucharon en las filas de la oposición en referencia a las intenciones del PP. Al rechazo generalizado contribuyeron varios elementos: el primero, la cercanía de la cita con las urnas en Cataluña. Aunque los conservadores se esforzaron en vender las bondades de la reforma la oposición no compartió la necesidad de aprobar a toda prisa –evitando incluso la fase de informes de los órganos consultivos– y en la recta final de la legislatura esta modificación. Más aún cuando ese procedimiento sólo se ha empleado en dos ocasiones esta legislatura.
Tampoco facilitó las cosas al PP la presencia en la puesta en escena de la propuesta del candidato conservador en la carrera al Parlamento catalán, Xavier García Albiol. Albiol no es diputado y, sin embargo, formó parte de la presentación de la reforma. Más aún, el propio Albiol tomó la palabra y proclamó que la medida es "la garantía" de que la independencia no es posible. "La broma se ha terminado", zanjó. Finalmente, cargos del PP admitieron a lo largo de la jornada que la iniciativa busca satisfacer a dirigentes y militantes que tacharon de tibia la respuesta de Rajoy a la consulta del pasado 9-N.
Cuestión de competencias
La decena larga de resoluciones identificadas por la Generalitat de Cataluña como incumplidas por parte del Estado tienen que ver con conflictos de competencias en materia de gestión y concesión de subvenciones. De acuerdo con un documento elaborado por el Gobierno catalán al que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno central incumple una sentencia de 2014, cinco de 2013, tres de 2012 y una de 2011. Los ministros que podrían ser sancionados, según el Govern, son los de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; Trabajo, seguridad Social e Igualdad, Fátima Báñez y el titular de Sanidad, Alfonso Alonso.
El departamento más afectado sería precisamente este último. La Generalitat estima que el Estado no cumple tres sentencias sobre subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales que datan de 2013 (STC 70/2013, STC 52/2013 y STC 21/2013) y que afectan a competencias de Sanidad. Todas ellas, apunta la Generalitat, establecen que la administración central es la encargada de recaudar fondos para la concesión de determinadas ayudas y de transferíriselos después a la autonómica, a la que le compete gestionar y repartir las subvenciones.
En esa misma línea, el Gobierno catalán acusa al ministerio de Alfonso Alonso de incumplir otras cuatro resoluciones en materia de subvenciones: la primera, referida a una partida de ayudas a municipios para la integración de inmigrantes (STC 227/2012); otra en relación a la innovación en servicios sociales (STC 226/2012), una tercera de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y Consumo (STC 117/2012) y la última vinculada a ayudas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (STC 243/2012).
Con respecto a los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente, la Generalitat señala dos incumplimientos en cada caso. Sobre el departamento de Báñez, el Govern sostiene que se incumplen las sentencias STC 154/2013 y STC 178/2011, referidas respectivamente a ayudas para habilitar plazas de alojamiento para inmigrantes y de recursos para el área de servicios sociales, familias y discapacidad. En todos los casos el argumento es el mismo: Cataluña es quien debería gestionar esas ayudas y el Estado no le transfiere los recursos necesarios.
Finalmente, en materia de Medio Ambiente, Cataluña estima que se vulneran dos sentencias que daban la razón a la administración autonómica y le concedían la competencia para el reparto de ayudas a la utilziación sostenible de recursos naturales y contra el cambio climático (STC 144/2014) y de subvenciones a asociaciones de utilidad pública y fundaciones para fines de interés social de carácter medioambiental (STC 113/2013).
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Desde Euskadi, fuentes del Ejecutivo vasco señalaron a preguntas de este diario que, por ahora, sólo se tienen comprobados dos casos de incumplimiento, relacionados ambos con transferencias en materia de seguros, banca y crédito. El primero de ellos vinculado con una sentencia que data de 1996 (STC 96/1996). El segundo, referido a la misma materia, se refiere a un fallo de 1999 (STC 235/1999) que, en palabras del Gobierno vasco "nunca se ha cumplido".
Fuentes de Lakua agregaron que se están analizando otros casos para determinar si existen más incumplimientos por parte del Gobierno central. Finalmente, añadieron que ha habido casos en los que los fallos se cumplieron con mucho retraso, y citaron en este sentido una resolución de 2002 (STC 95/2002) que determinó el reparto competencia en materia de Formación Profesional continua y lo dejó en manos de las autonomía. Euskadi, según su Gobierno, no obtuvo las citadas competencias hasta octubre de 2010.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró ante los medios que es el propio Gobierno central el que "incumple" las sentencias del Tribunal Constitucional: "Parece que las únicas sentencias del Constitucional cuyo cumplimiento se quiere garantizar son las que tienen que ver con la independencia de las comunidades autónomas. ¿Y las otras se pueden incumplir?", cuestionó. Erkoreka también exigió "diálogo" ante un "problema político", e pidió a Mariano Rajoy que no aplique la táctica del "ataque y la amenaza" pues "no resolverán el problema".