Fue una querella pionera en un momento en el que el Gobierno echaba paladas de tierra sobre la memoria. Todo comenzó en 2012. Tras un primer intento fallido en la Audiencia Nacional, la Asociación Altraitalia se plantó en un juzgado de Barcelona exigiendo justicia por las casi tres mil víctimas de los bombardeos fascistas sobre la Ciudad Condal en la Guerra Civil. Lo hizo con un escrito armado, entre otros, por un abogado con gran presencia en el tejido asociativo catalán que luego daría el salto a la política: Jaume Asens. Un ataque jurídico dirigido contra una veintena de miembros de la Aviazione Legionaria que, finalmente, ha terminado cerrándose sin ningún procesamiento. De nuevo, impunidad provocada por el paso del tiempo.
La batalla ha durado catorce largos años. Y no ha sido nada fácil. Desde el principio, ha estado repleta de obstáculos. "Ha costado mucho", rememora en conversación con infoLibre Rolando d'Alessandro, activista por la memoria implicado en la causa. Para empezar, los jueces ni siquiera querían admitir a trámite la querella. El Juzgado de Instrucción nº28 de Barcelona consideraba que la denuncia carecía de concreción, desconociéndose la identidad de los hechos atribuidos a cada querellado –que, además, solo se identificaban con el nombre en clave usado por los aviadores–. Y, además, resaltaba que la misma no fuera acompañada de documento alguno.
Tanto la asociación como dos víctimas directas de los bombardeos –Alfons Cánovas y Anna Raya– recurrieron. Y la Audiencia de Barcelona les dio la razón. En un contundente auto, el órgano recordó a la jueza que lo relatado en la querella versaba sobre "hechos reales de cuya certeza" no cabía "la menor duda" al haber sido "investigados y contrastados por numerosos historiadores". También negó "la pretendida indeterminación genérica". O rechazó que se pudiera alegar un posible fallecimiento de los autores para dar carpetazo al asunto: "Se trata de una especulación". Y, lo más importante, calificaba los hechos como delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
"La resolución estaba muy trabajada en materia de derecho internacional", recuerda D'Alessandro. Con este pronunciamiento, la causa echó a andar a comienzos de 2013. El plan, marcado por la Audiencia Provincial, quedaba meridianamente claro. Primero, se averiguaría la identidad completa de los presuntos partícipes en los bombardeos. Luego, se pediría a Italia que informase sobre el paradero y el estado de todos ellos, se ofrecería a las víctimas participar en el proceso, se designarían peritos y se propondría a Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona la personación. Solo en el caso de que no se encontraran responsables vivos, se archivaría el asunto.
García-Castellón y la falta de colaboración italiana
Pero la "desidia" de las Administraciones, recuerda D'Alessandro, mantuvo la causa empantanada durante años. Las comisiones rogatorias remitidas a Italia se perdían. Y cuando se encontraban, se cumplimentaban a medias. Un decreto del 27 de agosto de 2014 firmado por el entonces secretario judicial daba buena cuenta de ello: "La cooperación judicial internacional por parte italiana, indispensable para llevar a buen término la tramitación de este sumario, no se está produciendo en la forma debida, ello a pesar de los esfuerzos que ha realizado este órgano jurisdiccional".
Aquel escrito detallaba de manera pormenorizada todas las gestiones realizadas en el año y medio que había pasado desde que cursaron la primera comisión rogatoria internacional (CRI). Así, contaba que tras un largo silencio decidió ponerse en contacto con el magistrado de enlace de España en Italia, que entonces era Manuel García-Castellón. "Al principio, pareció tomarse interés en el asunto, consiguiendo que fuese cumplimentada la CRI y avanzándonos los primeros resultados", relataba en el decreto.
El secretario judicial le advirtió entonces que la respuesta que pretendían dar era parcial. Solo identificaban a cuatro de más de una veintena de querellados, sin que por parte de las autoridades italianas se efectuasen "verdaderas diligencias de investigación": "No se utilizaron los archivos históricos centrales como pedía nuestra CRI". Al enterarse de ello, la jueza acordó que se exigiera una contestación en sus debidos términos. El secretario emitió entonces un oficio. Y pidió a García-Castellón que evitase que los italianos devolviesen a España la comisión hasta que llegara el mismo. Pero no obtuvo respuesta.
Este primer contratiempo obligó a la jueza a cursar una segunda rogatoria al país vecino. En este caso, ante el temor de una nueva falta de colaboración de las autoridades vecinas y ante el "silencio" del magistrado de enlace, el secretario judicial solicitó ayuda a Eurojust para que la petición fuera correctamente respondida. Pero tampoco pareció surtir el efecto deseado. El eterno silencio de las autoridades italianas obligó al juzgado a ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia español para que tomara cartas en el asunto.
Callejón sin salida y vía civil
En este tira y afloja, se consiguió localizar al centenario teniente Luigi Gnecchi, que perteneció a la Aviazione y combatió en la Guerra Civil. El 23 de enero de 2015, fue interrogado por los Carabinieri. Pero negó haber participado en el bombardeo a Barcelona. "Fui parte de una escuadra de la cual no recuerdo el número y cuyo cometido era realizar labores de reconocimiento del territorio", aseveró. Gnecchi, sin embargo, no sigue vivo. Falleció durante la eterna instrucción de la causa.
Y lo mismo ha ocurrido con el resto de nombres que se han ido poniendo sobre la mesa. De la veintena de querellados iniciales, solo se pudo identificar a cuatro, los cuales murieron hace años –para el resto no fue posible rastrear la identidad "ya que existen otras personas con el mismo nombre y fechas de nacimiento compatibles"–. Italia también terminó informando de que en los "archivos conservados" no figura "mención explícita, con excepción de un nombre, de la participación en los bombardeos de Barcelona". Se trata del piloto Castellani Gori, que, según la Fiscalía, "dada la fecha de nacimiento resulta prácticamente imposible que se encontrara vivo".
"Se ha dejado pasar el tiempo para, cuando ya no queda nadie con vida, apelar a una especie de prescripción de facto", se lamenta D'Alessandro, que también se muestra extrañado por el hecho de que "haya desaparecido tanta gente", que no se sepa "ni cuándo ni dónde ha muerto". Tampoco la consulta en archivos españoles arrojó mucha más luz. No se logró ni una relación de las tripulaciones que formaban parte de las unidades de la aviación legionaria italiana que participaron en los bombardeos. Ni siquiera, una copia del expediente militar del único aviador interrogado. "No me puedo creer que en archivos militares no conste gente que había recibido, por ejemplo, medallas", lamenta el activista.
Agotadas, a juicio tanto de la instructora como del Ministerio Público, todas las vías de investigación el pasado mes de enero se decretó la conclusión del sumario sin ningún procesado. "Se ha perdido una oportunidad", dice D'Alessandro. No obstante, considera que aún no es el final del camino. "Todavía queda la vía civil. Ya que no hay aviadores vivos, puedes reclamar al Estado responsable la reparación y compensación", expone. En este sentido, considera que la jurisprudencia actual en el país vecino allana el camino. Y cree que la apertura de esa brecha podría terminar derivando en una cascada de reclamaciones de otras muchas víctimas de las escuadras italianas en la Guerra Civil.
Fue una querella pionera en un momento en el que el Gobierno echaba paladas de tierra sobre la memoria. Todo comenzó en 2012. Tras un primer intento fallido en la Audiencia Nacional, la Asociación Altraitalia se plantó en un juzgado de Barcelona exigiendo justicia por las casi tres mil víctimas de los bombardeos fascistas sobre la Ciudad Condal en la Guerra Civil. Lo hizo con un escrito armado, entre otros, por un abogado con gran presencia en el tejido asociativo catalán que luego daría el salto a la política: Jaume Asens. Un ataque jurídico dirigido contra una veintena de miembros de la Aviazione Legionaria que, finalmente, ha terminado cerrándose sin ningún procesamiento. De nuevo, impunidad provocada por el paso del tiempo.