El activismo del instructor del Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado ha erosionado su apariencia de imparcialidad. En los siete meses que dura ya la causa, el magistrado Ángel Hurtado no ha dudado en dirigirse en sus resoluciones a Álvaro García Ortiz como “criminal de pervertida conciencia”. También le ha acusado de borrar “pruebas” por eliminar mensajes de su móvil, como si el instructor supiera que lo borrado tenía carácter incriminatorio pese a su desconocimiento del contenido del dispositivo. Su indisimulada esperanza de haberlas logrado gracias a Google y Whatsapp —se lanzó a calificar de “exitosas” sus peticiones de información a ambas tecnológicas sobre el teléfono del fiscal— ha quedado en nada después de que la Guardia Civil certificara que esas diligencias no han aportado ninguna información de interés para el caso.
Desde el pasado 30 de octubre, cuando se inició la causa en el alto tribunal por la filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso proponía un pacto a la Fiscalía en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales para evitar la cárcel, Hurtado no ha conseguido encontrar ni una sola prueba de que fuera el fiscal general del Estado el que facilitó esa información a algunos medios la noche del 13 de marzo de 2024. Esas informaciones desmintieron un bulo difundido desde el entorno de la presidenta madrileña: que era el Ministerio Público el que había ofrecido el acuerdo, pero se había echado atrás. Horas después de su publicación, Fiscalía envió una rectificación a todos los medios en la que el Supremo no ve delito.
El pasado 5 de marzo, Hurtado prorrogó hasta el próximo septiembre su investigación a la espera de que Google y Whatsapp le respondieran. “A resulta de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más”, aseguraba en su auto en el que, una vez más, reiteraba su cantinela de reproches a García Ortiz por su “falta de colaboración (…) en el esclarecimiento de los hechos (…) al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos”. Como si el fiscal general no pudiera hacer lo que quisiera con ellos mientras la orden de un juez no se lo impidiera o no tuviera por su cargo el derecho fundamental de todo investigado a no declarar contra sí mismo. El jefe de la Fiscalía ha asegurado en varias ocasiones que borra regularmente sus aparatos por la información sensible que contienen, para preservar su intimidad y evitar la posible difusión de datos personales de terceros.
La respuesta de Google y Whatsapp llegó el 23 y el 24 de abril, y seis días después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que “respecto de la información aportada por las autoridades de Irlanda, en relación con los datos de Google, no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presente causa”. “Respecto la información aportada por las autoridades de Estados Unidos, en relación con los datos de Whatsapp, no existe ninguna información de interés para la investigación”, añadieron los agentes en su informe.
Así pues, la pistola humeante que Hurtado esperaba encontrar en ese informe, no ha aparecido. A día de hoy, el magistrado instructor del Tribunal Supremo carece de la más mínima evidencia de que fuera el fiscal general el autor de esa filtración. En la causa sí consta que el entorno de Ayuso -en concreto su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez- difundió esa información, aunque de manera engañosa. También que la confesión del novio de Ayuso llegó a múltiples personas, porque se envió a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, e incluso a la Fiscal Superior de la comunidad, Almudena Lastra o a la propia Abogacía del Estado, que, al defender a Hacienda en la causa contra la pareja de la presidenta madrileña, también tenía que dar su visto bueno al acuerdo para evitar su ingreso en prisión. Varios periodistas han declarado como testigos que conocían el pacto antes de la noche del 13 de marzo de 2024 en la que el fiscal recibió la información y donde el Supremo coloca la supuesta filtración. Hurtado se ha negado sistemáticamente a investigar esas hipótesis.
Pese a la flagrante falta de pruebas, fuentes de la Fiscalía y del Supremo se muestran pesimistas sobre un posible archivo del caso. En ambas instituciones apuntan a que está en juego la propia reputación del tribunal debido a la dimensión mediática que ha adquirido la causa. Esas fuentes recuerdan que, por primera vez, se ha ordenado el registro y el clonado de dispositivos en un organismo constitucional como la Fiscalía General del Estado, una diligencia sin precedentes hasta ahora en una institución que custodia secretos de Estado e investigaciones internacionales. La notificación a las partes de los informes policiales y su posterior filtración a la prensa ha provocado la vulneración de la protección de cientos de miles de datos personales del fiscal general y de terceras personas, entre ellas otros miembros del Ministerio Público e incluso un integrante del Consejo General del Poder Judicial (con las coordenadas de su pareja y su domicilio particular). “La burbuja es demasiado grande y estamos hablando nada menos que del Supremo, no de un juzgado de pueblo”, afirma una de esas fuentes.
De cualquier forma, antes del archivo, Hurtado tiene que completar otras dos diligencias, según fuentes del caso. En primer lugar, escuchar a los miembros de la UCO autores de los informes policiales que obran en la causa. Pero también tomar declaración como testigo a Alberto González Amador, el novio de Ayuso, actualmente imputado en un juzgado de Madrid por dos delitos fiscales, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios. El instructor se había negado a ello al asegurar que podría ser perjudicial para García Ortiz, pese a que él mismo es quien lo ha solicitado. Pero la Sala de Apelaciones del Supremo le ha obligado a citarlo el próximo 23 de mayo “para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”.
Amador, que tiene obligación de decir la verdad en su declaración, tendrá que contestar a varias cuestiones clave. Como por ejemplo a si compartió previamente con Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, la información sobre el pacto que pretendía alcanzar con Fiscalía. En la causa ya consta que fue él quien difundió datos erróneos a los medios. El periodista de El Mundo que publicó inicialmente la información (antes de que llegara a García Ortiz) aseguró que la conoció “de fuentes directas intervinientes en las negociaciones”, entre Amador y el Ministerio Público. “Cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado de serlo”, dice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Será tras esas dos diligencias cuando, previsiblemente, Hurtado tenga que decidir si sobresee la causa o procesa a los investigados —García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez—. Sea como sea, está claro que considera al fiscal general “culpable”, pero no de una infracción concreta, sino de borrar datos de su móvil. Borrar datos, como el propio instructor ha reconocido en uno de sus autos “carece de relevancia penal”. Sin embargo, según el instructor, “tampoco se puede ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de la instrucción penal”, una investigación por un presunto delito de revelación de secretos que, por el momento, carece de cualquier sustento probatorio.
El activismo del instructor del Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado ha erosionado su apariencia de imparcialidad. En los siete meses que dura ya la causa, el magistrado Ángel Hurtado no ha dudado en dirigirse en sus resoluciones a Álvaro García Ortiz como “criminal de pervertida conciencia”. También le ha acusado de borrar “pruebas” por eliminar mensajes de su móvil, como si el instructor supiera que lo borrado tenía carácter incriminatorio pese a su desconocimiento del contenido del dispositivo. Su indisimulada esperanza de haberlas logrado gracias a Google y Whatsapp —se lanzó a calificar de “exitosas” sus peticiones de información a ambas tecnológicas sobre el teléfono del fiscal— ha quedado en nada después de que la Guardia Civil certificara que esas diligencias no han aportado ninguna información de interés para el caso.