Derechos laborales

Cayo Lara pide por carta a Jesús Posada que la coca-cola desaparezca del Congreso

Los trabajadores de Coca-Cola durante la segunda marcha de Madrid contra el cierre de la embotelladora de Fuenlabrada.

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El coordinador federal de IU y presidente del grupo parlamentario (IU, ICV, CHA), Cayo Lara, remitió una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la que le pide que no se venda Cola-Cola en la Cámara baja mientras la multinacional no cumpla las resoluciones judiciales que le obligan a readmitir a los trabajadores de la planta embotelladora de Fuenlabrada (Madrid).

En la misiva, Lara plantea, concretamente, que la institución no mantenga "relaciones comerciales con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de Justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes". Y, en esta línea, solicita que se retire la autorización para venta de los productos de dichas marcas en el interior del Congreso.

Para justificar su petición, el dirigente de IU detalla a Posada el conflicto laboral provocado por Coca-Cola Iberian Partners, embotelladora de la multinacional en España, recalcando los "reiterados incumplimientos de las resoluciones judiciales favorables a los trabajadores".

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"Coca-Cola, a día de hoy, no sólo no ha acatado la sentencia que la propia Audiencia Nacional ordenó cumplir, sino que ha tratado de desmantelar la fábrica de Fuenlabrada y evitar así el cumplimiento efectivo de la misma", denuncia el coordinador fedaral de IU.

En este sentido, subraya la necesidad de que la Cámara Baja ponga de manifiesto "la inexistente Responsabilidad Social Corporativa de Coca-Cola", a la que acusa de haber "bloqueado el uso de esa herramienta" destinada a aminorar el impacto negativo de las empresas en general y de las multinacionales en particular, "sobre los derechos sociales, laborales, el medioambiente y, en definitiva, sobre los Derechos Humanos".

Por todo ello, el máximo responsable del grupo de la Izquierda Plural demanda a Posada que intervenga para que la Mesa del Congreso tome las medidas oportunas corte relaciones comerciales con "empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes".

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