El CGPJ alumbra una nueva mayoría: Perelló y un vocal a propuesta de Sumar votan con los conservadores

En junio de 2024, PSOE y PP pusieron fin a uno de los episodios más anómalos de la justicia española en los últimos tiempos y, tras más de cinco años de bloqueo sistemático del principal partido de la oposición, este último accedió a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después de 10 años largos de dominio conservador, ambas formaciones (junto con Sumar, socio de Gobierno de los socialistas) pactaron un empate a 10 entre vocales progresistas y conservadores en la nueva composición del órgano. En septiembre, en vísperas de la apertura solemne del año judicial, los consejeros eligieron como presidenta a Isabel Perelló, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y primera mujer en dirigir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo. Dos lustros largos después, la institución tenía, sobre el papel, una exigua mayoría de 11 miembros procedentes de la izquierda judicial.

Con más de 120 vacantes por cubrir debido al bloqueo a la renovación por el PP, Perelló apostó desde su toma de posesión por fomentar los acuerdos entre las dos sensibilidades del Consejo y no llevar al Pleno ningún nombramiento que no hubiera sido previamente pactado por el grupo de vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los propuestos por el PP. Esa forma de actuar de la presidenta ha permitido al órgano sacar adelante en solo ocho meses una tarea que se antojaba titánica: aprobar por unanimidad la designación de 102 miembros de la cúpula judicial para que los principales tribunales —entre ellos el Supremo— volvieran a trabajar a pleno pulmón. Esta búsqueda del consenso, sin embargo, se ha interrumpido al abordar el nombramiento de dos de las plazas más trascendentes del Supremo: la presidencia de la Sala de lo Penal, la que juzga a los políticos y el resto de aforados, y la de lo Contencioso-Administrativo, la que resuelve los recursos contra los actos y normas del Gobierno y otras instituciones y que puede, incluso, anular.

Perelló, que pese a su ascendencia progresista, apoya para esos puestos a los dos candidatos aupados por el sector conservador —en contra del juego de mayorías del órgano y de la ley de paridad, que impone que al menos una presidencia sea para una mujer— ha abandonado en este caso su búsqueda del pacto previo y ha decidido someter ambas designaciones a los vocales pese a saber que no había acuerdo. El resultado ha sido que ninguno de los candidatos ha alcanzado los 13 votos necesarios y los nombramientos han sido devueltos a la comisión de calificación para que los vuelva a proponer más adelante, cuando conservadores y progresistas los pacten. Pero, además, someter esas plazas y otros puestos de menor relevancia a votación sin acuerdo previo ha servido para comprobar la solidez de ambos grupos y las posibles disidencias tras meses de nombramientos a la búlgara, por unanimidad.

Mientras que los diez integrantes del sector de derechas han actuado siempre de consuno y en el mismo sentido, la presidenta y el vocal a propuesta de Sumar Carlos Hugo Preciado, ambos, sobre el papel, progresistas, han votado en el Pleno de este miércoles en contra de su grupo y junto a los conservadores en tres designaciones (una de la Escuela Judicial y dos inspectores). Preciado fue, junto con el vocal conservador José Antonio Montero, uno de los principales valedores de Perelló el pasado verano, cuando el empate a 10 entre entre ambas sensibilidades impidió durante meses un acuerdo sobre la presidencia del Consejo. Desde entonces, Preciado se ha convertido en uno de los principales apoyos de la presidenta. El resto de consejeros progresistas lo consideran un vocal "díscolo" al que acusan de "ir por libre" y "desautorizar" a sus compañeros de grupo.

Preciado, sin embargo, niega esas acusaciones y afirma que en los 105 nombramientos por unanimidad en los que ha participado se ha "alineado inequívocamente con las diversas sensibilidades progresistas", un dato que, sostiene, "avala una coincidencia del 99%" con sus compañeros de sector". El vocal propuesto por Sumar asegura que apostará "por apoyar a la presidencia y a la institución" y afirma que la "inquietud" de sus compañeros hacia él se debe "tanto a presiones externas como a los magros resultados logrados por los negociadores promovidos por el PSOE", que, según su versión, se fijaron unos objetivos que pasaban por la presidencia del Tribunal Supremo y de las salas de lo Penal y de lo Contencioso del alto tribunal. Preciado no percibe fracturas en el sector progresista y cree que la situación se debe a "un momento de tensión que se superará".

Tras ser propuesta por Preciado y Montero, Perelló se convirtió en la primera mujer presidenta del órgano. Los principales apoyos, sin embargo, no le llegaron de la izquierda, sino del sector conservador, cuyos 10 vocales le dieron su voto. Entre los progresistas, varios consejeros no la votaron pese a proceder de JJpD. Desde entonces, la presidenta del CGPJ se ha alineado siempre que ha podido con la derecha. Además de apoyar a los dos candidatos conservadores a la presidencia de las dos salas clave del Supremo, también ha aprovechado cada reforma judicial planteada o apoyada por el Gobierno para mostrar su oposición: desde la modificación del sistema de acceso a la judicatura y la Fiscalía hasta la limitación de la acción popular. También ha reducido la presencia progresista en el Observatorio contra la Violencia de Género y ha cuestionado las críticas del Gobierno contra las actuaciones estrambóticas de determinados jueces.

Como presidenta del Tribunal Supremo y de su Sala de Gobierno, Perelló, además, se ha pronunciado a favor de la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo por los propios jueces, una reivindicación histórica del PP. Se trata de un modelo que daría de manera permanente a la derecha judicial el control del órgano de gobierno de los jueces.