Violencia machista

Un CGPJ caducado debatirá en su última reunión con plenas funciones un informe que cuestiona la ley del "sólo sí es sí" que ultima el Gobierno

Manifestación del 8M.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su próximo Pleno del 25 de febrero la propuesta de informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como la ley del "sólo sí es sí", que han elaborado tres vocales y en el que manifiestan sus reticencias jurídicas a ciertos aspectos determinantes del borrador, como la definición del consentimiento o la absorción del delito de abuso sexual en el de agresión sexual. 

Si se cumplen los plazos previstos, lo más probable es que el Pleno de febrero sea el último en el que se reúna el CGPJ con plenas funciones, ya que tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos calculan que en marzo ya estará lista la reforma legislativa que presentaron el pasado diciembre para limitar los poderes –concretamente la capacidad de hacer nombramientos discrecionales– del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. Esta es la situación en la que se encuentra el CGPJ desde hace más de dos años debido al bloqueo político que mantiene el PP para renovar a los veinte vocales.

Por tanto, la composición actual del órgano no es la que debía haber examinado la ley del "sólo sí es sí", pero la falta de acuerdo por las condiciones que ha puesto el PP para renovarlo, entre ellas que Unidas Podemos no intervenga en el proceso y abrir una reforma que lleve a la despolitización del CGPJ, han determinado que un organismo cuyos miembros fueron elegidos en tiempos de la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, de mayoría considerada conservadora, sea el que examine este anteproyecto de ley, con su evidente carga ideológica, impulsado por el Ministerio de Igualdad del actual Ejecutivo de coalición.

Los tres vocales propuestos por la Comisión Permanente del CGPJ para emitir la propuesta de informe sobre la ley fueron Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda. Las dos mujeres son del sector considerado progresista. Una vez emitido su informe, el resto de miembros del órgano de gobierno de los jueces tienen diez días para hacer alegaciones al texto y todo ello es lo que se debatirá el próximo 25 de febrero, día en que se espera que el Pleno envíe al Consejo de Ministros su valoración, la cual, en todo caso, no es vinculante.

Creen que habría una "problemática probatoria"

Tal y como ha informado el organismo este viernes, los ponentes no están de acuerdo con la definición de consentimiento en la redacción del anteproyecto. De hecho, la consideran "innecesaria" porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no incluya una definición del concepto. 

Además, creen que la definición que contiene el borrador plantea una "problemática probatoria" (cuándo existe o no consentimiento) y porque determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad. De esta forma, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia.

Para los tres vocales responsables del informe, esta redacción "no logrará evitar la victimización secundaria" porque "hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes, aparte de que, según advierten, el texto contiene "elementos contradictorios" al "admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa". Para eliminar esa contradicción, proponen que el precepto se refiera a la voluntad a secas, como, señalan, ya hace el Código Penal, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

Una de las principales medidas que incorpora el anteproyecto de la ley del "solo sí es sí" es la unión en una misma tipificación de delito el abuso y la agresión sexual, uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de La Manada de Pamplona. Para los ponentes del CGPJ, esta decisión conlleva "una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad en una doble dirección". Esto, indican, podría desembocar en una "desprotección de las víctimas", pues para el autor del delito "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor". Para evitarlo, recomiendan prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior.

Los ponentes señalan, además, que esta medida incurre "en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad". El CGPJ reconoce que, para evitarlo se ha incorporado en la norma un tipo atenuado facultativo que permite al juzgador imponer una pena menos grave en atención a la "menor entidad del hecho", si bien cree que "adolece de imprecisión y falta de taxatividad, dejando un amplísimo margen interpretativo que podría comprometer el principio constitucional de legalidad penal".

El Consejo Fiscal sí avaló el anteproyecto

Esta interpretación de los tres vocales del CGPJ, que será ratificado o modificado en el Pleno del 25 de febrero en función de las alegaciones del resto de miembros, dista en gran medida del informe que emitió hace algo más de un mes el Consejo Fiscal, otro de los órganos consultivos del Gobierno. Este otro organismo, presidido por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, avaló el consentimiento expreso de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aunque sí recomendó que se redacte en positivo, según informó Europa Press.

En el anteproyecto se determina que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". Según el Ministerio Público, el cambio de redacción en positivo otorgaría más claridad a esta figura.

Tras conocer las conclusiones del informe de los tres vocales del CGPJ, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero consideraría una "mala noticia que los jueces de este país desoyeran el grito de tantas mujeres que salieron a decir a la calle: "Hermana, yo sí te creo" y "Sólo sí es sí". No obstante, las fuentes consultadas explican que quieren ser "prudentes" y esperar a que se apruebe el dictamen definitivo del organismo consultivo, el cual "lleva meses de retraso". Según ha podido saber infoLibre, los vocales han solicitado en los últimos meses al menos dos prórrogas para emitir sus conclusiones. 

Desde el ministerio, subrayan que el cambio de paradigma que supone la ley del "sólo sí es sí" reside en "colocar el consentimiento mutuo y libre en el centro" y que así se cumple con lo establecido en el Convenio de Estambul y otros estándares internacionales ratificados por España. De hecho, recuerdan además que el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa emitió un informe a finales de 2020 instando a España a "proseguir con la reforma del Código Penal en este sentido, de manera que la violación se determine por la ausencia de consentimiento y no por la violencia o la intimidación".

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