Cuesta califica de "ilegal" la reunión del CGPJ donde se debatirá la declaración contra la amnistía
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este lunes, a las 19.00 horas, en un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés'.
El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, convoca esta reunión extraordinaria después de que el pasado 1 de noviembre ocho de los 16 vocales le pidieran estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la que se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
En un comunicado emitido el pasado jueves, el órgano de gobierno de los jueces recordó que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ establecen que deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitasen cinco o más vocales.
Hacen falta 9 votos
Para que la declaración institucional salga adelante son necesarios los votos de al menos 9 vocales. De partida, contará con el visto bueno de los 8 vocales firmantes del ala conservadora y, según las fuentes consultadas por Europa Press, con la negativa de los 6 vocales del sector progresista. La incógnita reposa entonces sobre dos vocales también identificados con el bloque conservador: el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea que, según algunas voces, podrían optar por abstenerse.
Fuentes del CGPJ sostienen que la negativa de los progresistas sería en bloque, dado que éstos consideran que se trata de un pronunciamiento político y no de una declaración institucional. Asimismo, inciden en que dichos vocales entienden que tampoco se trata del momento oportuno puesto que aún no hay una ley sobre la mesa.
Las mismas fuentes subrayan que no hay precedentes de que se pida una declaración de este tipo sin haberse presentado una proposición de ley. Aseguran que hasta ahora el CPGJ solo se ha pronunciado cuando ya había registrado un texto en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
Hay voces del sector progresista que creen que sus seis vocales ni siquiera deberían comparecer al Pleno extraordinario porque opinan que el CGPJ no tiene competencias para abordar una declaración institucional sin que haya texto alguno sobre el que pronunciarse. De ser así, no habría el 'quorum' suficiente para que la reunión se celebrase.
La petición de ocho
El debate tendrá lugar a petición de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
En su texto, al que tuvo acceso Europa Press, los vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". Insistieron también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés' el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
Los firmantes aseguraron que habían observado "con creciente preocupación" las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en las últimas semanas. Y expresaron su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría "delitos de corrupción", y también posteriores, cometidos "para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia".
Dichos vocales indicaron que en un principio optaron por mantener una "actitud de prudente expectativa" mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideraron necesario un pronunciamiento del CGPJ.
En su escrito, los firmantes denunciaron expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Y cargaron contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".
"Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", avisaron.
Además, señalaron que con esta medida se "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico", la Constitución y el Tratado de la Unión Europea.
"Es manifiestamente ilegal"
El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha pedido que se desconvoque el pleno extraordinario programado para este lunes por el presidente del órgano, Vicente Guilarte, para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía.
"Es manifiestamente ilegal", ha subrayado Cuesta en un comunicado en el que ha anunciado que no asistirá en caso de que siga adelante el pleno, que considera "contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ.
"No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023, colocando sus nombres al lado de decisiones que mancillan el nombre de este CGPJ, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años", ha expuesto.
Cuesta ha advertido de que la convocatoria de Guilarte es "improcedente e ilegal" por "no reunir todos los requisitos del artículo 600.2 de la LOPJ". Este indica que puede celebrarse sesión extraordinaria solo para el ejercicio de algunas de las competencias referidas en el artículo 599.
Entre ellas no se considera "ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos, ni intenciones o programas de Gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidarias", ha recordado el vocal progresista.
Asimismo, ha destacado que la convocatoria de pleno no es legal "por interferir en la autonomía del Parlamento, en las previsiones constitucionales sobre el debate de investidura del presidente del Gobierno".
A su juicio, con esta sesión se "conduce al CGPJ a una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los Grupos Parlamentarios y el Congreso de los Diputados".
Cuesta también ha cuestionado la pretendida proclama del CGPJ por suponer una "muy grave irresponsabilidad" que podría "contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos".
Además, ha alertado de que podría "usurpar atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiriendo de forma grosera en el debate de investidura y, en su caso, condicionando la independencia y actividad de los jueces y tribunales".
"No tiene competencia para pronunciamientos"
En este contexto, ha apuntado que el CGPJ "no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso" y, ha añadido, "ni la Constitución, ni el sistema jurídico ni la LOPJ obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de estas proposiciones".
El bloque conservador del CGPJ quiere forzar un pleno contra la amnistía pese a estar caducado desde 2018
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"La Unión Europea tampoco pide ni exige a España, ni a sus miembros, que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de Amnistía, Justicia, Estatuto judicial, Organización, Procedimientos o Derechos Fundamentales se sometan previamente a informe de los Consejos Superiores de la Magistratura", ha agregado.
Por último, ha incidido en que el CGPJ "no tiene título competencial para interferir en la tramitación previa de una proposición, ni puede atribuirse competencias o funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias, de los diputados o senadores y de sus Grupos, antes de que se pronuncien las Cámaras o el propio Gobierno".
"El CGPJ no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho ni puede convertirse en el poder preeminente frente al resto de poderes y órganos constitucionales. El CGPJ no es el Poder Judicial, no representa a los jueces y magistrados, no ejerce ninguna función jurisdiccional", ha sentenciado.
