Inmigración

Ciudades y autonomías desmontan la excusa económica del Gobierno para no acoger a más refugiados

Solicitantes de asilo participan en una protesta ante la estación de trenes de Keleti en Budapest, Hungría.

Todo empezó con un mensaje que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, publicó en su cuenta personal de Facebook a las 11.36 horas del pasado viernes 28 de agosto. Ante el "drama humano" provocado por los refugiados que huyen del horror en Siria, Irak y Afganistán, la regidora dijo que, "aunque [la protección internacional] es un tema de competencia estatal y europea", su Ayuntamiento haría "todo" lo que pudiera para participar en una red de ciudades-refugio.

Este viernes, una semana después, son decenas los consistorios de partidos de todos los signos los que han expresado su apoyo a la idea. Madrid, por ejemplo, anunció este jueves que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente. También se han ido sumando o han anunciado que lo están estudiando otros municipios como Valencia, Alicante, Zaragoza, A Coruña, Pamplona, Palma, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Murcia, Cartagena o Cádiz. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo un llamamiento para que sea esta institución la que coordine, en colaboración con el Gobierno, el plan local de ayuda a los refugiados al considerar un "grave error" que algunos ayuntamientos planteen iniciativas de forma individual. También han mostrado su disposición a ayudar al menos nueve comunidades autónomas. 

La disposición de estas instituciones a colaborar en la acogida desmonta las excusas, basadas en criterios económicos, que está esgrimiendo el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar sus reticencias a la hora de acoger a más demandantes de asilo. Este jueves, el titular de Exteriores insistió en que el reparto de refugiados entre los distintos países europeos debe tener más en cuenta la tasa de paro de cada país y las políticas y medidas que haya adoptado para gestionar la inmigración. El ministro dijo, no obstante, que España está "perfectamente dispuesta a asumir la cuota que le corresponda", si bien declinó concretar cuántos de los 120.000 nuevos refugiados que la Comisión Europea propone repartir entre los socios acogería.

Interior y Empleo 

De acuerdo con la legislación española son dos los ministerios que se encargan de gestionar la protección internacional a las personas que, según recoge la Ley de Asilo de 2009, han tenido que abandonar sus países de origen por sufrir u0n temor, fundado, de ser perseguidos a causa de su etnia, de su religión, de su nacionalidad, de su pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas, o bien que tiene un riesgo real de sufrir daños graves para su vida e integridad física en caso de regresar a su país de origen por otros motivos.

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, es el responsable de la tramitación y las decisiones sobre las solicitudes. Esta institución es la encargada de facilitar la llamada "tarjeta roja" que garantiza la protección internacional y reconoce la condición de demandante de asilo o de protección subsidiaria, que es el estatus que se otorga con más frecuencia, según expertos consultados por infoLibre. Con ella los refugiados pueden estar legalmente en el país y, seis meses después de haberla obtenido, acceder a un permiso de trabajo.

Mientras, el Ministerio de Empleo es el que se encarga de los programas y servicios sociales que garanticen la cobertura de las necesidades básicas que les reconoce la ley por su condición de refugiados. El procedimiento que se venía siguiendo hasta la fecha es que las personas a las que se las ha aceptado la solicitud y que no tienen recursos económicos, son acogidas temporalmente en un hostal que gestionan en Madrid las ONG Cruz Roja, CEAR y ACCEM. Después se les deriva a uno de los cuatro centros públicos que gestiona el Ministerio de Empleo en Madrid, Alcobendas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia) o a pisos de acogida que gestionan las citadas ONG con subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE) y en los que se les presta alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria. Cuando se estima que ya son autónomos se les conceden unas pequeñas ayudas para manutención durante dos años y para el alquiler de vivienda durante cinco meses. 

La propuesta de ayuntamientos y comunidades estaría más relacionada, por tanto, con esta labor de acogimiento. No obstante, un portavoz autorizado del departamento de Fátima Báñez declina, a preguntas de este periódico, valorar esta iniciativa porque, asegura, en el ministerio todavía no se ha recibido ninguna propuesta formal por parte de estas instituciones locales y autonómicas. También en Interior rechazan valorarla y admiten no haber constituido por el momento ningún grupo trabajo específico para coordinar su actuación ante un previsible aumento de la llegada de refugiados a España. Aseguran que, hasta el pasado 30 junio, eran 6.202 las solicitudes de asilo recibidas.

ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, creen muy positiva esta ola de solidaridad en una situación que califican de crítica. Consideran que ayuntamientos y gobiernos autonómicos pueden tener "protagonismo" en los programas y servicios sociales que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de esas personas, si bien admiten que todavía no han tenido contactos formales con la mayoría de las instituciones que han hecho estos anuncios. De hecho, en CEAR están trabajando en un documento que detalle de qué forma pueden colaborar. Recuerdan, en cualquier caso, que el primer paso es el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, acceda a aumentar la cuota de refugiados y les conceda la condición de solicitantes de protección. Sin ella, ni ONG ni ayuntamientos y comunidades pueden hacer nada en España. 

Acogida 

No obstante, tampoco ayuntamientos y comunidades han dado, por el momento, demasiados detalles sobre qué ayudas pueden ofrecer a los solicitantes de asilo. La mayoría han hecho afirmaciones genéricas y no han ofrecido datos concretos de las partidas presupuestarias que pueden destinar a atender a estas personas. Sólo el Ayuntamiento de Madrid ya ha precisado que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente.

Entre las autonomías está la Comunitat Valenciana, que estima que puede acoger a 1.500 personas; el País Vasco, que ha creado un grupo de trabajo ante la crisis de los refugiados; Navarra, que está estudiando junto a Acnur la posibilidad de la llegada de refugiados desde Líbano u otros países limítrofes al conflicto sirio, y a tal fin va a solicitar la oportuna autorización al Ejecutivo central; Cataluña, que anunció que prepara un plan junto con entidades municipalistas y ONG para los refugiados; Canarias, que dijo que está dispuesta a recibir en las islas a "los refugiados que sean necesarios"; Baleares, que prepara "unas líneas estratégicas de actuación"; Castilla y León, que se mostró "absolutamente abierta a cualquiera de las medidas de colaboración con el Gobierno de España"; o Asturias, que tiene previsto utilizar parte del fondo de emergencias de la Agencia Asturiana de Cooperación para ayudar a refugiados.

La red de ciudades-refugio a la que se refirió Colau en un mensaje que ya ha sido compartido por más de 100.000 personas en Facebook y que ha dado nombre a esta ola de solidaridad tiene su origen en la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN por sus siglas en inglés), una asociación de 37 ciudades y regiones de todo el mundo que se han comprometido a ofrecer a los escritores perseguidos un refugio seguro en el que vivir y trabajar sin miedo a ser censurados o silenciados. 

Acoger en España a 15.000 refugiados tendría un coste de poco más de 150 millones de euros

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