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Las claves del testimonio ante el juez del firmante del ‘Protocolo de la Vergüenza’ y del exconsejero Reyero

Ayuso y Mur, en el Hospital de Fuenlabrada, en la campaña de las autonómicas de 2019.

“Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la iniciativa de este Juzgado. Después de tres años, es la primera vez que se cita a responsables políticos para dar explicaciones sobre lo sucedido”. Quien expresa ese agradecimiento es Marea de Residencias, el magistrado al que agradecen su actuación se llama Arturo Zamarriego, los responsables políticos que deben declarar ante él son el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia (Carlos Mur) y el exconsejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero), y lo sucedido fue el fallecimiento de 7.291 personas en residencias madrileñas sin ser trasladadas a un hospital en los dos primeros meses de la pandemia. Miembros de Marea de Residencias se concentrarán este 23 de marzo ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, “para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel”.

Pero, ¿qué es lo que se investiga en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid y qué importancia pueden tener para la causa las declaraciones de Carlos Mur y de Alberto Reyero, que están citados como testigos?

El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. En esas fechas se estaba aplicando en la Comunidad de Madrid el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante.

Las querellantes acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI, el grupo de residencias más importante de España y en cuyos centros se produjo una auténtica hecatombe durante los primeros meses de la pandemia. Las hijas de las tres fallecidas dirigieron inicialmente la querella también contra Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en su día que no cabía dirigir la investigación contra ellos al no existir indicios de delito.

Homicidio imprudente

La acusación de homicidio imprudente se basa en la supuesta demora a la hora de actuar de los investigados, lo que habría tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad de las tres mujeres y su posterior fallecimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre indican que, de los tres delitos bajo investigación, este es probablemente para el que sean menos relevantes los testimonios de Mur y de Reyero. La razón es que ellos desconocen lógicamente el historial médico de las tres residentes de DomusVi Albufera. De hecho, el juez Zamarriego ha pedido un informe a la médico forense adscrita al Juzgado para que determine si “a la vista de la patología y las enfermedades previas que presentaban” las tres mujeres, existió una “atención médica que haya sido inadecuada” y si esa supuesta “omisión de la diligencia debida pudo provocar su fallecimiento”.

En otras querellas presentadas por familiares de víctimas agrupadas en Marea de Residencias, los tribunales se están apoyando para decretar el archivo de las causas precisamente en los informes de los médicos forenses. Algunos destacan por su brevedad, otros por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señalaba: “No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro”. Resulta evidente que nadie puede “garantizar” que un enfermo se salvará si es tratado en un hospital.

Denegación del deber de socorro

Todo lo contrario ocurre con el segundo delito bajo investigación, la denegación del deber de socorro, ya que tanto Mur como Reyero conocen en detalle hechos que fueron trascendentales para el abandono de las personas mayores que vivían en las residencias de Madrid. Al menos hay cinco hechos relevantes, que se dieron todos al mismo tiempo.

En primer lugar está el Protocolo de la Vergüenza. Aprobado el 18 de marzo de 2020, y con otras tres versiones aprobadas los días 20, 24 y 25 de aquel mes, todas ellas fueron firmadas digitalmente por el propio Carlos Mur. Cuando tuvo que declarar ante la comisión de investigación constituida en su día en la Asamblea de Madrid, Mur intentó rebajar la importancia del Protocolo a “un conjunto de recomendaciones” para dar “criterios homogéneos” a los profesionales médicos y que éstos pudieran “analizar caso por caso” si se derivaba o no a un residente al hospital.

Carlos Mur confesó que, antes de firmar las cuatro versiones del Protocolo, lo consultó siempre con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y llegó a destacar que había mostrado su “disconformidad” con los criterios para no trasladar a las personas con mayor dependencia física o deterioro cognitivo, lo que no le impidió avalarlos con su firma.

En definitiva, Carlos Mur es quizá la persona que más sabe sobre el Protocolo y sus diferentes versiones, desde quién participó en las reuniones para elaborarlos hasta quién tomó la decisión final de aprobarlos.

La postura del exconsejero Alberto Reyero está en las antípodas, puesto que se opuso a la aprobación del Protocolo en cuanto tuvo conocimiento de su contenido. En una carta enviada a Ruiz Escudero, el 31 de marzo de 2020, tras recordarle que ya le había “transmitido con anterioridad” su rechazo, le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente las discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que puede ocasionarnos problemas legales en el futuro” [puedes consultar aquí y aquí las dos cartas de Reyero a Escudero, desveladas por infoLibre].

En el caso de DomusVi Albufera, como informó ayer este periódico, en marzo y abril de 2020 murieron 29 residentes en el propio geriátrico y solo 1 tras ser trasladado a un hospital. Es decir, el 96% de los fallecimientos se produjo sin atención hospitalaria. Tras la aprobación del Protocolo, las derivaciones se desplomaron un 70% respecto a antes de la pandemia, cuando lógicamente se tenían que haber multiplicado porque también se habían disparado las personas enfermas.

En segundo lugar está la falta de medicalización de las residencias. Este hecho es la otra cara del Protocolo de la Vergüenza, puesto que se supone que no era necesario trasladar a los mayores al hospital porque iban a ser tratados en los centros donde residían. Así lo anunció el Gobierno regional el 12 de marzo y la propia Ayuso llegó a decir que ya se había ejecutado la medicalización, en una de las mentiras más groseras que difundió sobre la hecatombe de las residencias. “En su práctica totalidad están todas medicalizadas […] Hemos trasladado equipos médicos a todas ellas”, aseguró la presidenta madrileña el día 17.

En su testimonio ante la Asamblea de Madrid, por contra, Mur reconoció abiertamente que habían tenido “dificultades claras y que se pueden explicar muy fácilmente: personas que al mismo tiempo podían acceder a contratos en medio biosanitario, que lo preferían por ser un medio menos hostil; había personas que estaban trabajando en residencias y que fueron llamados por Sanidad, y evidentemente estamos hablando de un enorme número de personas que cayeron de baja”.

Es decir, que el Gobierno de Ayuso no sólo no medicalizó las residencias como prometió hacer, sino que incluso llamó a personal sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase y fuese a trabajar a otros lugares.

La denuncia de la falta de medicalización de las residencias fue otra constante por parte de Alberto Reyero. En la carta que le envió al consejero de Sanidad el 11 de abril, Reyero destaca que le “preocupa especialmente” la “escasa derivación hospitalaria” de los centros residenciales, “sobre todo de aquellas personas con grado 3 de dependencia”. Y lo conecta al hecho de que tampoco se hayan medicalizado las residencias: “Si eso [la falta de derivaciones] hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”. Las personas con grado 3 son las que tienen mayor nivel de dependencia.

Como sintetizó perfectamente el entonces aún consejero de Políticas Sociales en una comparecencia ante la Asamblea, el 1 de junio de 2020: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”. En la Comunidad de Madrid no se hizo ni lo uno, ni lo otro.

Pero Alberto Reyero puede aportar muchos más datos sobre la falta de auxilio a las personas mayores enfermas. En el libro que escribió sobre lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la pandemia, Morirán de forma indigna, desvela que en el Consejo de Gobierno telemático celebrado el 25 de marzo pidió ayuda para los geriátricos: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”.

En tercer lugar es relevante entender lo que pasó con el hospital de campaña creado en Ifema, que el aparato de propaganda del Gobierno Ayuso bautizó como el “hospital milagro”. En las seis semanas que estuvo abierto, murieron en las residencias madrileñas más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. Ni una de ellas fue trasladada a Ifema, donde solo se trató a 23 residentes con síntomas leves, como publicó infoLibre.

También sobre este asunto se pronunció Carlos Mur ante la comisión de investigación parlamentaria, con una claridad inusitada: “En aquel momento los criterios que a nosotros nos habían trasladado el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el Ifema era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores”. Es decir, que alguien en el Gobierno de Ayuso decidió que al hospital del Ifema no podían ir los pacientes que realmente necesitaban tratamiento hospitalario para no morir. Sin duda, Mur podría explicar ante el juez quién fue la persona que le transmitió dichos “criterios” de no derivación a Ifema.

Pero es que el hospital milagro tuvo otro efecto que contribuyó a la hecatombe en las residencias: todo el personal de Atención Primaria que podría haberse encargado de medicalizar las residencias fue enviado a Ifema. “Otros profesionales fueron reclutados desde Atención Primaria para ir a Ifema e ir a hospitales, hasta 621 médicos y 800 enfermeras”, según recordó Carlos Mur ante la Asamblea. El propio Gobierno de Ayuso presumió de que “más de un millar de profesionales de Atención Primaria integran la plantilla” del hospital en Ifema.

En cuarto lugar hay que señalar que la Comunidad de Madrid tampoco utilizó los hospitales privados para atender a las personas mayores que estaban enfermas en las residencias. Ni un solo residente fue derivado a un hospital privado… salvo que tuviera seguro privado, en cuyo caso sí pudo saltarse el Protocolo de no derivación. Y ello a pesar de que el Gobierno de Ayuso creó un mando único de la sanidad en Madrid, que puso bajo las órdenes de Ruiz Escudero a los 34 hospitales públicos y 68 privados de la Comunidad.

Por último, también se impidió el acceso de las personas mayores que vivían en residencias a los hoteles medicalizados, otro recurso de emergencia creado por el Gobierno regional para atender a los enfermos de covid. También sobre este asunto se pronunció Mur, quien desveló que había hablado del tema con el consejero Ruiz Escudero y que éste le transmitió “que ni existían determinadas camas articuladas, ni auxiliares o gerocultores para atender a personas mayores con un alto grado de dependencia”.

En definitiva, a la hora de analizar si se produjo una denegación del deber de socorro, los hechos conocidos son los siguientes: se aprobó un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas. Pero el personal de Atención Primaria que podría haber realizado esa medicalización no se envió a las residencias, sino que se destinó al hospital del Ifema. Y, a su vez, también se prohibió que los residentes fuesen tratados en ese hospital de campaña. Además, en vez de enviar médicos a las residencias, lo que hizo Sanidad fue llamar a personal médico que estaba en geriátricos para que fueran a trabajar a otros lugares. Y, por último, tampoco se permitió que los mayores accediesen ni a los hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado), ni a los hoteles medicalizados.

Prevaricación omisiva

El tercer delito que alegan las querellantes es el de prevaricación omisiva. El delito de prevaricación lo puede cometer “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”; se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”. 

El elemento más complicado de demostrar habitualmente es que el funcionario dictase una resolución “a sabiendas de su injusticia”. En cuanto a los hechos que fundamentarían esa acusación, son en buena medida los mismos que los narrados con anterioridad, desde la aprobación del Protocolo a las decisiones de no utilizar todos los medios alternativos que existían para tratar a los residentes enfermos.

En todo caso, hay que recordar que la causa no se dirige de momento contra nadie que ocupase altos cargos en el Gobierno de Ayuso. Mur y Reyero comparecen como testigos. Además, si el magistrado Arturo Zamarriego tuviera interés en interrogar a alguno de los superiores de Mur, tendría que dejar el procedimiento porque todos ellas están aforados: la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, es diputada autonómica del PP; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está blindado en ese cargo y lo seguirá estando porque en pocas semanas será nombrado senador por designación autonómica, e Isabel Díaz Ayuso está aforada como presidenta madrileña ante el Tribunal Supremo.

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