El pasado viernes, 10 de abril, representantes de varias organizaciones de derechos humanos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por la práctica de la tortura en España. Según denuncian en un comunicado, "sigue siendo una realidad incuestionable" que "se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos".
Durante el encuentro, las entidades trasladaron a Gabilondo su "preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español" y le pidieron que impulsara "algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas".
En concreto, las organizaciones reclamaron al Defensor del Pueblo que prepare un informe extraordinario sobre la tortura en España y lo presentara ante las Cortes Generales. Su petición se ampara en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: "Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas".
A esta solicitud, Gabilondo replicó que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política; es decir, no puede conminar o dar órdenes a las Cortes ni a la presidenta del Congreso.
Asimismo, argumentó que para elaborar un informe de estas características necesitaría contar con los medios adecuados y con un encargo del Congreso de los Diputados. También recordó a los representantes de las organizaciones que la figura del Defensor del Pueblo no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos, remitiéndoles a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).
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Gabilondo afirmó, además, que deseaba “buscar caminos" para ayudar a estas organizaciones "en el tema de la tortura” y les aseguró que se pondrá en contacto con ellos.
Por su parte, los colectivos valoran "la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo", al tiempo que manifiestan su voluntad de seguir trabajando para que la institución, "en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo", elabore un informe sobre la tortura en el Estado español "que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad" y lo presente a las Cortes Generales.
"También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones", añaden en el comunicado.