La comisión del espionaje a Ayuso nace muerta: la presidenta y quienes la alertaron se desentienden

La comisión de investigación sobre el supuesto uso de recursos públicos de la capital para espiar al entorno de la presidenta madrileña nace muerta. Más de media docena de comparecientes estaban citados este jueves a prestar declaración ante los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. En la lista, los principales protagonistas del escándalo que terminó desatando la fratricida guerra interna en el seno del PP. Sin embargo, nadie acudió a la sede del consistorio. O casi nadie. El único que se prestó fue el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano Pérez, uno de los entes públicos que supuestamente habría estado implicado en el escándalo. Y lo hizo para dejar claro que es "imposible" que la compañía hubiera contratado a una agencia de detectives para estas labores. "Si se hubiera intentado, ni cinco minutos habrían tardado en saltar todas las alarmas", ha aseverado.

La primera de las diez sesiones estaba llamada a ser uno de los platos fuertes de la comisión de investigación impulsada en el Ayuntamiento de Madrid. Al fin y al cabo, estaban citados a declarar los principales protagonistas de la supuesta trama. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra cuyo entorno se habría urdido una operación de espionaje que le valió como excusa para abrir públicamente la guerra contra la dirección nacional del PP y que ha terminado relevando a un segundo plano el contrato para la compra de mascarillas del que se beneficio su hermano en plena pandemia. Pero Ayuso, tal y como estaba previsto, no apareció por las dependencias municipales. Y eso que hace solo un mes exigía que se llegase hasta el final: "Alguien tendrá que asumir responsabilidades".

Ni rastro hubo tampoco de los exministros Rafael Catalá o Alberto Ruiz-Gallardón. Y eso que ambos jugaron también un papel central en toda esta historia. El primero alertó a la presidenta a mediados de diciembre de que un supuesto cargo municipal se habría puesto en contacto con una agencia de detectives para husmear en las cuentas del hermano de la líder del Ejecutivo autonómico. Una confidencia que ésta posteriormente trasladó a Ruiz Gallardón. De hecho, fue el extitular de Justicia el encargado de hacer de intermediario en plena guerra fría entre Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y de trasladar a la presidenta un mensaje del regidor: que no sabía absolutamente nada de los tejemanejes a su alrededor y que abriría una investigación interna para aclarar lo sucedido.

Tampoco había mucha expectativa de que se sentara ante los grupos municipales el principal perjudicado tras la batalla interna abierta en el seno de la formación conservadora tras el estallido del escándalo: Pablo Casado. Ninguno de los grupos políticos esperaban que apareciera por sorpresa. Y eso que en el orden del día se había dejado un punto abierto por si alguien que no hubiera confirmado su intención de asistir a la convocatoria se presentase de pronto con ganas de hablar. De hecho, para cuando la sesión entraba de lleno en ese tercer apartado, los representantes de los distintos partidos ya tenían sus documentos recogidos y las carpetas perfectamente cerradas encima de la mesa a la espera de que se anunciase el final de la primera jornada de la comisión de investigación.

A diferencia de lo que sucede en Congreso y Senado, donde es obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, en las comisiones de investigación del Ayuntamiento de Madrid sólo están forzados a asistir aquellos comparecientes que tienen vinculación laboral con el Consistorio. Es el caso de Diego Lozano. De la media docena de citados, el único que se presentó en las dependencias municipales fue el consejero delegado de la EMVS, una de las empresas públicas implicadas en el escándalo. Según publicó en su día El Mundo, la solicitud del espionaje habría sido llevada a cabo en nombre de un cargo municipal adscrito a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid.

Lozano fue interrogado por los diferentes grupos políticos durante algo más de una hora. Y negó taxativamente que se produjese ningún encargo o se contratasen servicios de este tipo desde la compañía. "Es imposible", ha resaltado en varias ocasiones. Es más, dijo que ni siquiera se llegó a intentar. "No hubiera pasado el primer control porque no se habría podido justificar. Las alarmas hubieran saltado a los cinco minutos", ha señalado el consejero delegado de la EMVS, quien ha sostenido que los controles en la empresa municipal son "muy rigurosos", que los contratos pasan por "hasta quince manos" antes de llegar a él y que las facturas se validan hasta cuatro veces diferentes. "Que se contrate un servicio de estas características es imposible", ha zanjado a preguntas de Vox, cuyo representante apenas ha formulado un par de cuestiones.

Durante su intervención ha tratado de explicar que el "rumor" sobre el espionaje –lo ha definido así en todo momento– llegó a sus oídos el 12 de enero, cuando mantuvo un encuentro con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el presidente de la EMVS y el jefe de comunicación del organismo. "Un rumor de que alguien, probablemente que afecta al departamento de comunicación, ha podido contratar un servicio con un detective", ha explicado. Todos los focos apuntan al último de ellos, David Fernández, que lo niega. Pero lo cierto es que días después del estallido del escándalo el jefe de prensa dimite. Una y otra vez se ha preguntado a Lozano por los motivos. La respuesta, siempre la misma: que llevaba tiempo queriendo dejar la comunicación política y que le había llegado una oferta "tentadora" que tenía que aceptar porque era "lo mejor para él y su familia".

"Una reunión de la que se hace salir al gerente, ¿qué no podría escuchar?", le ha espetado en su turno el concejal de Más Madrid Francisco Pérez Ramos. "Se le pregunta al señor Fernández, porque es el que tiene que ver con el rumor, y yo que soy el que contrato", ha respondido el consejero delegado. Pero entonces, ¿qué pinta allí el encargado de un área que nada tiene que ver? "Se hace salir al gerente y entra el delegado de Medio Ambiente. En ese momento, ¿la reunión sigue siendo de la EMVS, es de amigos, es de afiliados y simpatizantes del PP o es de una comisión de investigación donde les interrogan a usted y al señor Fernández?", ha vuelto a la carga el edil. Pero sin mucho éxito. "Pues es una reunión en la que [el presidente de la EMVS] le pide al señor Carabante, con el que tiene amistad, que esté presente. Punto", ha zanjado Lozano.

Desde Ciudadanos, socio de Gobierno, se ha querido comenzar resaltando la importancia de la comisión. "Todos tenemos que tener la voluntad de profundizar y aclarar a quién se encargó y quién lo encargó. Es por eso por lo que se ha solicitado la comparecencia de otras personas ajenas a usted y a la empresa con objeto de conocer qué es lo que ocurrió antes de que nos enterásemos por la prensa, porque ese es el verdadero agujero negro aquí", ha comenzado su intervención el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes.

Y tras la introducción, el concejal naranja ha intentado conocer todos los detalles de la investigación que, según el alcalde, se llevó a cabo en el seno de la EMVS tras tener constancia de lo que podía estar sucediendo en la empresa. "Usted nos dice que tiene constancia de todos estos hechos el 12 de enero. Es decir, un mes antes de que el alcalde dé explicaciones. Lo que pasa es que [Almeida] dice que llevan dos meses investigando, y usted nos está reconociendo aquí que solo estuvo un mes investigando", ha apretado el concejal. Y al consejero delegado no le ha quedado más remedio que reconocer la evidencia: "Realmente yo no he hecho ninguna investigación. Yo sé que no lo he pagado".

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