Transparencia

El Congreso tiene pendiente desde hace 10 meses autorizar las actividades privadas de los diputados

Imagen de una reunión de la Mesa del Congreso.

El Congreso de los Diputados que surgió de las elecciones del 26 de junio pasado echó a andar el 19 de julio con la constitución de las Cortes. Transcurridos diez meses de esta fecha, la Cámara baja sigue teniendo pendiente aprobar en el Pleno las declaraciones de actividades de su señorías, es decir, las autorizaciones que permiten a los parlamentarios tener trabajos privados al margen del escaño. 

Hace casi tres meses, el Pleno del Congreso del 9 de marzo, tenía previsto dar luz verde al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, un informe con las compatibilidades autorizadas a los parlamentarios. Pero no fue posible. El documento ni siquiera llegó a ser debatido. A última hora de la tarde del día anterior, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor (Partido Popular), retiró este punto del orden del día con el argumento de que era necesario buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios. El Partido Socialista, partidario en esta legislatura de la dedicación exclusiva al escaño, avisó de que no daría luz verde al dictamen si una treintena de diputados no daban más detalles de las tareas para la que pedían compatibilidad.

Fuentes del PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos consultadas por infoLibre coinciden en que en los últimos meses no ha habido ningún avance que permita concluir que se está cerca del acuerdo. La respuesta es, en todos los casos, la misma: "Sigue todo bloqueado".

No obstante, fuentes parlamentarias apuntan a que los grupos se emplazaron a retomar las conversaciones a finales de este mes de mayo, una vez hubiese transcurrido gran parte del trabajo parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado y una vez que el Partido Socialista hubiese celebrado sus primarias.

A día de hoy, las posiciones no se han movido. PP, Unidos Podemos y Ciudadanos culpan a los socialistas del bloqueo y subrayan que son ellos los que tienen la pelota en su tejado, los que deben mover ficha y hacer propuestas para terminar con una situación inédita en el Parlamento.

Mejoras a posteriori

Desde el Grupo Parlamentario Popular se aboga por que se apruebe el actual dictamen para cumplir con la ley y, a partir de ahí, trabajar para mejorar las normas de funcionamiento interno de la Cámara. "Se puede hablar de mayor control de los datos que se consignan en las declaraciones e incluso de un régimen de sanciones si se falta a la verdad. Pero ahora no cabe cambiar las reglas con la legislatura tan avanzada", sostiene un diputado en conversación con este diario.

Por su parte, los socialistas insisten en la dedicación exclusiva. "El diputado lo es a tiempo completo y cobra lo suficiente para ejercer dignamente la función encomendada por los ciudadanos. Tenemos que dedicarnos a ser diputados, y no a complementar los ingresos con actividades remuneradas privadas", decía el ya exportavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando el pasado marzo. Esta posición no ha cambiado.

"Menos mal que no hay ningún diputado en una situación en la que la Comisión [del Estatuto de los Diputados] crea que debe elegir entre el escaño o la actividad para la que solicita compatibilidad. De lo contrario, tendríamos un problema", señala un miembro de este órgano.

Un plazo de 20 días

Pero el retraso en este trámite parlamentario deja en mal lugar al Congreso en lo que a la aplicación de su normas de funcionamiento se refiere. Así, el artículo 19 del Reglamento del Congreso sostiene lo siguiente: "la Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidades de cada diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de diputado o de la comunicación, que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades".

Una vez "declarada y notificada la incompatibilidad, el diputado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño", añade el citado artículo.

Sin mecanismos de control

Además de facilitar todos los datos cuando asumen la condición de diputados, los parlamentarios tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado nunca la veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos.

Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades o de la falta de exactitud a la hora de proporcionar la información han partido de investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.

Fueron estos escándalos los que llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no se plasmó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño. De ahí que los socialistas se hayan opuesto a dar luz verde a casi 40 expedientes de compatibilidad y a que el Pleno votara por separado esos documentos.

Hasta la fecha, la exigencia de responsabilidades ha brillado por su ausencia y, en los casos no judicializados, ha bastado con que el parlamentario en cuestión subsanase los errores o completase la información para dar el asunto por cerrado.

Tal y como avanzó infoLibre, el dictamen pendiente de pasar a Pleno pretende dar luz verde a que 35 diputados ejerzan la abogacía o una actividad empresarial sin desvelar sus clientes. Por grupos, 20 son del PP, 6 de Ciudadanos, 5 de Podemos, 2 del PSOE y 2 del Mixto.

Aunque, según la ley electoral, los diputados y senadores deben ejercer sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, es frecuente que se les permita ejercer la abogacía, impartir clases o cursos, ocupar cargos municipales y participar en sociedades.

Entre los abogados del PP destaca su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, y Leopoldo Barreda. Este último, diputado por Gipuzkoa, es el presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que visa y debate a puerta cerrada las declaraciones de bienes.

Una cuestión polémica

El debate de las actividades privadas de sus señorías es siempre polémico y no suele poner de acuerdo a los diferentes actores implicados independientemente de su orientación ideológica. Los enfrentamientos a veces surgen incluso dentro de los propios partidos. Sectores del Partido Popular, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad abanderada por Pedro Sánchez y algunas leyes que llevan la autoría del propio partido de Mariano Rajoy están conduciendo a que la política acabe siendo "un coto privado para los funcionarios". Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público.

Los datos en poder de este diario desvelan que al menos 92 de sus señorías son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

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