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El futuro de Cataluña

Los consellers cesados y los 'Jordis' piden ser excarcelados prometiendo respeto al marco constitucional

Un furgón policial entra marcha atrás en el Tribunal Supremo, donde los ocho exconsellers encarcelados y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han declarado ante el juez.

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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de los exconsellers que están en prisión por su participación en el procés pidieron este viernes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena su excarcelación y para ello prometieron respetar a partir de ahora el marco constitucional y aceptaron la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución porque si fuera de otro modo, no se presentarían a las elecciones del 21 de diciembre, informa Europa Press.

Así lo explicaron fuentes de la defensa al término de las declaraciones de los exconsellers y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes también argumentaron ante el magistrado que no existen razones para mantener contra ellos esta medida cautelar.

Los investigados no dijeron expresamente que acatan el 155, sino que aceptan su aplicación. "Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación", explicó Jordi Pina, el abogado de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sánchez.

"Desde el momento en que uno acepta concurrir a unas elecciones, es de sentido común que estás aceptando ese artículo porque si no, no irías a las elecciones y te mantendrías en tu cargo contra viento y marea", remarcó.

Y los imputados añadieron, según Pina, que aunque no mencionaron expresamente su renuncia a las vías unilaterales, "es voluntad de todos" los exmiembros del Govern que se presentan a las elecciones que, si son elegidos, "actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente".

Consenso y 'vía escocesa'

Según fuentes presentes en las declaraciones, todos los investigados abogaron reiteradamente por el consenso de ahora en adelante y, en concreto, Raül Romeva apeló a la vía escocesa, es decir, un referéndum pactado con el Estado para lograr sus fines, que todos han reconocido que es la independencia de Cataluña.

Esta fue la línea mantenida por todos los que declararon este viernes en el Supremo para pedir una revisión de las medidas cautelares que les impuso la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su presunta implicación en la causa que investiga la rebelión, sedición y malversación de caudales públicos durante el conocido como procés. El juez Llarena no resolverá hasta el próximo lunes por la mañana.

Para la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox, los argumentos aportados por los imputados no evitan que siga existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, por lo que han solicitado, ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de la prisión provisional para todos.

Según fuentes consultadas, el Ministerio Público, en concreto, considera que ha quedado acreditado que existe una hoja de ruta y que no se trata de hechos aislados, sino que han integrado una organización y que continúan teniendo mucho poder e influencia. Además, el abogado de Vox, Javier Ortega, cree que también continúa habiendo riesgo de destrucción o alteración de pruebas.

Los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium fueron trasladados a primera hora de la mañana desde sus respectivas prisiones hasta los calabozos de la Audiencia Nacional –el alto tribunal no dispone de unas instalaciones de este tipo–. Desde allí, la Policía Nacional les fue llevando en tandas de dos y empezaron a declarar sobre las diez de la mañana, en unas comparecencias que se distinguieron por su rapidez, ya que el magistrado no debía abordar el fondo de la cuestión, es decir, el motivo por el que están imputados, sino atender la petición de los imputados de revisar la medida de prisión provisional.

Junqueras y Romeva no responden a la Fiscalía

Los primeros en comparecer este viernes fueron los cuatro exconsellers de ERC, de los cuales Oriol Junqueras y Raül Romeva se limitaron a contestar a su abogado y declinaron responder a las preguntas que les han hecho los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno y los representantes de Vox.

A continuación pasaron ante el juez los exconsellers republicanos Carles Mundó y Dolors Bassa, así como el exresponsable de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, del PDeCAT, quienes sí contestaron a la Fiscalía.

Las cinco primeras comparecencias han sido relativamente cortas: mientras que Junqueras estuvo declarando unos 20 minutos, el resto no pasaron de diez minutos, aproximadamente. La diferencia llegó con la sexta investigada, la exconsellers de Gobernación Meritxell Borrás, quien ha estado ante el juez algo más de una hora. Borrás es la única de los encarcelados que no va en las listas electorales del 21 de diciembre.

De hecho, las fuentes consultadas indicaron que Borrás reconoció ante el juez que durante todo el proceso independentista se cometieron errores e ilegalidades y confirmó que ya no quiere seguir en política.

La comparecencia de los siguientes exconsellers en declarar, Josep Rull y Jordi Turull, no duró más de 20 minutos y respondieron tanto a su abogado como a las acusaciones pública y popular. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez fueron los últimos en comparecer y no estuvieron tampoco mucho tiempo: la diferencia con los demás es que ellos se negaron a responder a Vox y los fiscales optaron por no hacerles preguntas.

"En vilo" hasta el lunes

Tras tres horas y media, las declaraciones finalizaron y los últimos imputados regresaron al calabozo de la Audiencia Nacional mientras sus abogados les representaban en la vista en la que expusieron sus argumentos, frente a los de la Fiscalía y la acusación popular. Una hora después el juez levantó la sesión y los investigados fueron trasladados de vuelta a sus prisiones, donde tendrán que pasar todo el fin de semana aguardando la decisión del juez.

El abogado de Rull, Turull y Sánchez lamentó que la resolución de Llarena se haga esperar y tenga a los imputados "en vilo" hasta el lunes, si bien manifestó su confianza en que el magistrado instructor les imponga fianzas para que puedan salir de prisión.

"Situación excepcional" porque son candidatos

Además de esgrimir los mencionados argumentos de aceptación del artículo 155 y la promesa de actuar siempre dentro del marco constitucional, Pina pidió a Llarena que tenga en consideración a la hora de tomar su decisión que, salvo Borrás, los investigados son candidatos a las elecciones.

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"Es una situación excepcional porque hablamos de una prisión provisional, y si hay unas elecciones democráticas, lo puede tener en cuenta el juez para que acudan en igualdad de condiciones y que los ciudadanos tengan también las mismas posibilidades de poder escuchar los argumentos políticos de los candidatos. Sería lo deseable", explicó.

Sin embargo, para el Ministerio Público y la acusación popular, la medida de prisión provisional está por encima del hecho de que los imputados vayan en listas electorales. "Todo es interpretable y lo tendrá que decidir el juez", apuntó Pina.

Por su parte, el abogado de Vox subrayó en declaraciones a los medios de comunicación que existe una "actividad delictiva constante y acreditada" por parte de los investigados y que le parece muy significativo que se comprometan a acatar la Constitución "a partir de ahora", lo cual le da motivos para seguir pidiendo prisión provisional porque, a su juicio, es como reconocer que hasta el momento no cumplieron la ley y, por tanto, su culpabilidad.

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