Los contratos bajo sospecha de Ayuso y Almeida revelan el coladero de certificados irregulares en pandemia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Bélgica, 17 de abril de 2020. El coronavirus ha segado la vida de más de 100.000 personas a lo largo y ancho del planeta. Medio mundo busca a la desesperada material sanitario en una suerte de mercado persa en el que China juega un papel clave. Y la European Safety Federation (ESF), patronal del sector, lanza un importante aviso sobre la utilización de "certificados" sin "valor legal" como "base" para el marcado CE –declara que un producto cumple con la legislación europea– de equipos de protección individual. Pone el foco en los fabricantes y en los importadores. Pero también en las propias autoridades estatales. "Probablemente, también los clientes (incluidas las autoridades sanitarias) no conozcan los requisitos exactos de la legislación de la Unión Europea y, por tanto, consideran que esos documentos son correctos", resalta la ESF en un comunicado.

Para entonces, el Ayuntamiento de Madrid ya había adjudicado los contratos a la empresa malaya Leno –de la que luego cobraron Luis Medina y Alberto Luceño– y realizado los pagos comprometidos a la consultora estadounidense Sinclair & Wilde. Y la Comunidad de Madrid estaba a punto de recibir en el almacén de Ifema la primera parte del cargamento de cubrebocas comprados a Priviet Sportive, la empresa de un amigo íntimo de la familia de la presidenta regional. Todas estas operaciones se encuentran ahora mismo bajo sospecha. Y ponen de manifiesto aquello sobre lo que alertaba entonces la ESF: el uso abusivo durante aquellos meses de la pandemia de certificados falsos o elaborados por empresas de certificación pero sin validez legal en el Viejo Continente. Todo, con el fin de imprimir sobre el producto una supuesta calidad a ojos del comprador.

El expediente que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso facilitó al diario El País del contrato con Priviet Sportive para la adquisición por 1,5 millones de euros de 250.000 mascarillas, una operación de la que se benefició económicamente el hermano de la presidenta, incluía tres certificados aportados por una firma china tradicionalmente dedicada a hacer cableado eléctrico. Los documentos en cuestión venían a acreditar que se habían examinado los cubrebocas y que estos cumplían con los estándares del mercado europeo y estadounidense. Uno era de un ente italiano de homologaciones –Ente Certificazione Macchine (ECM)–. Los otros, de centros del país asiático. Sin embargo, el primero es una falsificación. Y los dos restantes fueron elaborados por laboratorios que no se encuentran incluidos en la lista de entidades del Gobierno chino habilitadas para evaluar equipos de protección individual.

Poco después de conocerse estos detalles, el Ejecutivo regional se encargó de difundir en sus redes sociales una información de El Español en la que se aseguraba que Comunidad de Madrid y Priviet fueron conscientes de la falsificación y finalmente adquirieron a otro fabricante chino. Así, de pronto, apareció en escena un nuevo productor –del que se esconde el nombre– y un nuevo certificado, dos cuestiones que ni siquiera constaban en el expediente oficial del contrato. Este documento surgido de la nada también se corresponde con el ente italiano ECM. Pero, a diferencia del anterior, no es una falsificación. No obstante, no vale como certificación que sirva de base para el marcado CE de los equipos de protección individual.

El sistema Nando de la Comisión Europea recoge todos los organismos encargados de evaluar la calidad de los productos en el Viejo Continente. El Ente Certificazione Macchine es uno de ellos. Está habilitado para certificar maquinaria, equipos de radio, equipos a presión o sistemas de protección destinados al uso en atmósferas potencialmente explosivas. Pero no equipos de protección individual, algo que sí puede hacer, por poner un ejemplo, el Institut de Radioprotection Et De Sûreté Nucléaire francés. De hecho, es algo que el ECM se encarga de resaltar en su propia página desde comienzos de la primera ola: "Nos gustaría subrayar que cualquier actividad realizada en relación con la directiva EPI ha sido una revisión voluntaria de la documentación técnica y no puede sustituir a una certificación CE de ninguna manera".

"Hemos superado la certificación CE"

Recurrir a este tipo de documentos para dar un barniz de calidad a las mercancías sanitarias que venían del gigante asiático debía ser algo habitual por aquellas fechas. Solo hay que echar un vistazo al sumario del caso mascarillas, en el que se investiga el cobro de comisiones de Medina y Luceño. En diciembre de 2020, la funeraria municipal hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación relativa a la compra de un millón de cubrebocas KN95 a la empresa malaya Leno. Entre ella, constaba un archivo de casi una veintena de páginas en el que se especificaban las características. "Una mascarilla de grafeno de alta calidad en la que puede confiar el Gobierno", recogía el documento, en el que se resaltaba el uso del producto por parte de diferentes autoridades chinas.

Pero por si eso no fuera suficiente, el texto también dejaba constar lo siguiente: "Nosotros hemos superado la certificación CE de la Unión Europea (la certificación FAD de EEUU se está presentando para su examen y verificación). ¡Estamos listos para el mercado mundial!". Y adjuntaba un Certificate of Compliance elaborado, otra vez, por el ECM. De nuevo, un documento hecho por un ente que no está habilitado para equipos de protección individual en el Viejo Continente pero que se usa para asegurar que se cuenta con la certificación CE.

La Policía Municipal de Madrid, no obstante, analizó la adecuación a la normativa de las mascarillas de grafeno en base a todos los papeles entregados, entre ellos otro certificado de la FDA estadounidense. Y dio su visto bueno. "Teniendo en cuenta la documentación aportada y entregada por el distribuidor/suministrador, como mascarillas de grafeno KN95 GB:2626/2006, así como la homologación jurídica realizada por la administración de fecha 23 de abril de 2020, dicho producto reúne los requisitos jurídicos para ser considerada como clase FFP2 a los efectos de equipo de protección individual", recoge el informe técnico elaborado por la municipal, que se encuentra incorporado al sumario de la causa en la que se investiga a Luceño y Medina por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y alzamiento de bienes –este último, en el caso del aristócrata–.

Un certificado referido a productos cosméticos

No ocurrió lo mismo en la compra por parte del Ayuntamiento de Madrid de medio millón de mascarillas –que nunca pudieron llegar a utilizarse– por 2,5 millones de euros a Sinclair & Wilde, la consultora estadounidense encabezada por el empresario franco-israelí Philippe Solomon. En este caso, los documentos aportados por la firma sí que hicieron saltar todas las alarmas.

Así lo hizo constar la Policía Municipal en el atestado que envió a la juez decana de los juzgados de instrucción de Madrid , en el que se ponía de manifiesto la posible comisión de los delitos de estafa o contra la propiedad industrial: "La consultora remite una serie de documentos que, si bien tienen apariencia de veracidad, existen indicios de presuponer que no se ajustan ni a la normativa española ni a la europea toda vez que los certificados tienen que ser realizados por un organismo de la UE autorizado".

La Asociación Española de Normalización (Aenor) hizo un extenso análisis técnico documental de los cubrebocas a petición del consistorio. Y se topó con numerosas irregularidades cuando estudió los papeles facilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los certificados estaba elaborado por el organismo polaco ICR Polska, que no está habilitado para equipos de protección individual en suelo comunitario. Otros dos, "EC Type examination certificate" y "EC Declaration of conformity", aparecen como emitidos por IFC Global, que ni siquiera figura en el sistema Nando de la Comisión Europea. Es más, iban acompañados de códigos que, realmente, se corresponden con otras entidades diferentes que tampoco están habilitadas para EPI.

"No se aporta certificado UE de conformidad emitido por organismo notificado que se corresponda con los códigos incluidos en las mascarillas", apunta la Asociación Española de Normalización.

Pero hay más. Otro certificado de los aportados en esta operación era de una empresa turca. Y señalaba que la supuesta firma que estaba comercializando esas mascarillas que vendía Sinclair & Wilde cumplía con los requisitos de la norma ISO 22716:2007. Un documento en el que se añadía: "Mascarilla desechable, mascarilla de protección personal, monos y guantes quirúrgicos. Producción, importación, exportación y venta y comercialización". Sin embargo, esta certificación ISO poco tiene que ver con el material sanitario. En concreto, se refiere a buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.

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