La cotización obligatoria de los becarios inquieta a las universidades y no satisface del todo a los estudiantes

A dos días de que acabase 2018 y soterrado en un decreto sobre la revalorización de las pensiones, la recogida del tomate fresco o los empleados de hogar, el Gobierno aprobó la obligatoriedad de que todas las prácticas tuteladas por las universidades coticen a la Seguridad Social. Las primeras reacciones desde la comunidad educativa han sido optimistas pero críticas al mismo tiempo: tanto los rectorados como las asociaciones de alumnos critican que el texto del Ejecutivo no deja cerrado quién correrá con los costes de afiliación al sistema, y se preguntan si finalmente ese gasto lo asumirá el “centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios” o la entidad contratadora.

Hasta ahora, solamente los alumnos que realizan prácticas curriculares —dentro del plan de estudios, obligatorias y que computan como una asignatura más— y remuneradas deben estar dados de alta en la Seguridad Social. En estos casos el coste de contratar a un becario y darlo de alta corre a cuenta de la empresa pero el Estado, en contraprestación, le otorga una bonificación del 100%. Lo que el Gobierno pretende ahora con este decreto es que todos los becarios que hagan prácticas —curriculares o extracurriculares, remuneradas o no— coticen y además se elimina la bonificación, por lo que se encarecerá el coste. El mismo decreto —que no debe pasar ningún trámite parlamentario— se da un plazo de tres meses para concretar todos los aspectos normativos, un período en el que el Ejecutivo organizará reuniones con “todos los actores de la comunidad universitaria” para acabar de vertebrar la medida, tal y como le solicitó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirman que las reuniones se producirán “antes de los tres meses”, aunque explican que no se tratará de una mesa de diálogo o mesa redonda como demandan los rectores, sino de “reuniones sectoriales”, es decir, con cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. No obstante, alaban la iniciativa asegurando que los principales objetivos son los de “mejorar las prácticas”, dignificándolas para evitar situaciones de explotación laboral, y facilitar la inserción de los estudiantes en el mercado laboral. A esas conversaciones acudirán, por parte del Gobierno, delegados de los ministerios de Ciencia y de Trabajo, mientras que del lado educativo están llamados representantes de universidades y organizaciones estudiantiles, pero también sindicatos, empresas que participan en convenios con los centros educativos y comunidades autónomas —las competencias están transferidas—.

La crítica de los rectores

Una de las principales críticas que hacen los rectores se centra en que, según ellos, no hubo ningún tipo de contacto por parte del Gobierno previo a la publicación de la nueva norma en el BOE. A través de un comunicado difundido el pasado 4 de enero, la CRUE “celebra” que las prácticas universitarias “computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social”, pero muestra “su gran preocupación por las posibles repercusiones” que la normativa puede acarrearles a los becarios.

 

 

Entre las demandas de la CRUE al Ejecutivo se encuentran clarificar la diferencia entre prácticas curriculares y extracurriculares, conservar la bonificación del 100% para las prácticas remuneradas y desarrollar el proceso de altas a la Seguridad Social para agilizar trámites entre universidad y empresa. Los rectores lamentan así que el Gobierno no haya sido claro “en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes”, y advierten de que esta falta de concreción “puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y presidente de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, Miguel Ángel Collado, se alinea con lo expresado por los rectores en el comunicado. "Nos enteramos de la medida cuando ya estaba publicada en el BOE [...] Hubiera sido bueno que el Gobierno consultara a los afectados", explica en conversación con infoLibre. Aunque reconoce que la UCLM no ha elaborado un plan de previsión económica con el coste que le puede suponer pagar las altas de sus becarios, Collado afirma que en la entidad que gestiona "el curso anterior hicieron prácticas más de 7.000 estudiantes" por lo que, multiplicando esa cifra por los 40 euros de media que cuesta cada adscripción, "el coste sería enorme".

También contempla negativamente que se les asigne a las empresas pagar el alta. Según el rector, “uno de los problemas sería el descenso de oferta de prácticas” que considera “una situación dramática” porque, dice, no solo los alumnos se verían damnificados por el descenso en la oferta, sino que "no sería bueno ni para la Universidad ni para las empresas" debido a los numerosos convenios que los centros de formación tienen con ellas.

Los alumnos ven 'un doble filo'

Junto con la Administración y las universidades,  otra parte implicada —la más numerosa— son los estudiantes. Entre sus demandas son habituales las que piden que las becas de formación sean, efectivamente, formativas y no una forma encubierta de trabajo barato, o las que instan a que las prácticas siempre estén remuneradas y no supongan trabajar gratis. El presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Pablo Alcaraz, advierte de que el decreto “tiene un doble filo” ya que, a pesar de que al alumno se le reconocen una serie de derechos sociales, “no son completos” porque a pesar de que “sí hay que cotizar para la Seguridad Social, el becario no cotiza completamente […] no se asegura un salario y simplemente se cubre el seguro médico”.

Aun así, aplaude que el decreto “abre una senda para poder mejorar las condiciones laborales y permite que se tenga un censo de becarios”. Al igual que los rectores, la CREUP resalta el problema del coste del alta. Aquí Alcaraz pone el acento en las universidades públicas, que dependen de los Presupuestos Generales del Estado —aún no se han aprobado los de este año— y resalta el peligro que pueden correr las prácticas curriculares si los centros se quedan sin los fondos previstos: “Si no se ofertan las prácticas curriculares no se podrán acabar los estudios a tiempo”, avisa. La CREUP también coincide con los rectores en el posible descenso de la oferta de prácticas si se insta a las empresas a pagar los gastos.

Perjudicial para universidad, empresa y estudiantes

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es otro de los actores que aspiran a sentarse a dialogar con el Gobierno. En un comunicado remitido este jueves, la FUE advierte de que la cotización obligatoria y la merma de las bonificaciones "repercutirá negativamente en universidades, empresas y estudiantes". Según su vicepresidente ejecutivo, Fernando Martínez, las universidades encontrarán problemas para elaborar una oferta de prácticas curriculares suficiente para sus alumnos: “No es el camino correcto, ya de por sí es difícil encontrar empresas dispuestas a acoger a estudiantes de Grado y Postgrado para la realización de sus prácticas obligatorias, cuanto más si añadimos un costo”, declara. La Fundación también afirma que ni universidades ni empresas poseen suficientes recursos económicos para ajustarse a lo que ordena el Real Decreto.

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A pesar de que, como el resto de implicados, la FUE también acoge de forma positiva la iniciativa del Gobierno, subraya las discrepancias sobre que se traten por igual las prácticas curriculares y extracurriculares: “No parece lógico que se tenga que cotizar por una formación obligatoria”, manifiesta Martínez. La Fundación respalda que el Estado mantenga las bonificaciones por contratar becarios al 100%.

En España, unos 200.000 alumnos de todas las universidades y centros de Formación Profesional están realizando alguna modalidad de prácticas. El decreto también contempla que los antiguos becarios que no estuvieron dados de alta añadan el tiempo de la beca a su período de cotización. Para esto, el Gobierno ha dispuesto que cada antiguo becario pague en torno a 50 euros por cada mes que estuvo haciendo prácticas y así regularice su situación.

A falta de saber si le corresponderá a las Universidades pagar la Seguridad Social de sus estudiantes en prácticas, el texto del Ejecutivo las blinda contra irregularidades laborales como en la que incurrió la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en octubre de 2017. Entonces, la UAM recibió una inspección de Trabajo por utilizar a casi 400 alumnos —a los que jamás dio de alta— para que cubriesen puestos de trabajo de la propia universidad (bibliotecarios, responsables de las aulas de informática, etc) por 600 euros mensuales. La Justicia entendió que la UAM había antepuesto “su beneficio productivo sobre el proceso formativo del estudiante”. El asunto aún se encuentra en los tribunales y podría afectar a otras universidades que han estado realizando fraudes similares.