Podemos defiende ante el juez que no existe "nexo alguno" entre la contratación de Neurona y la investigación a Monedero

Podemos ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en el que denuncia "indefensión" en la investigación que se ha seguido durante cinco meses en secreto sobre los vínculos de Juan Carlos Monedero con la consultora Neurona, al tiempo que asegura que no existe "nexo alguno" entre la contratación de la empresa por parte del partido para trabajos electorales en la primavera de 2019 y el pago al cofundador de la formación morada, ahora imputado, unos meses antes.

En un escrito presentado este lunes, Podemos entiende que el secreto de las actuaciones carecía de la "motivación suficiente" y "ha limitado innecesariamente el derecho de defensa de las personas investigadas, generando indefensión". "Entendemos que la limitación del derecho de defensa de las personas investigadas que se ha impuesto no se compadece ni con la entidad de los hechos investigados ni con la trascendencia de las diligencias de investigación interesadas; limitación que además ha resultado innecesaria dado que, como ya hemos dicho y es de público conocimiento, es prácticamente imposible manipular o interferir datos que tienen ya un rastro imborrable", subraya el partido, personado en la causa al seguir investigado como persona jurídica.

Por otro lado, la formación morada considera que la investigación a Monedero y las conclusiones que ha hecho la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no tienen relación con el objeto de investigación que ha mantenido el juez desde el verano pasado sobre los contratos que suscribió Podemos con Neurona. Monedero fue imputado después de que los investigadores indicaran en un informe del pasado 3 de noviembre que el cofundador del partido cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad– por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado, dado que los investigadores apuntan que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".

Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019, pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que acreditara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia". La UDEF cree que "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa".

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El magistrado cree que el pago a Monedero "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos". Es decir, considera que pudo ser una comisión por la contratación de la empresa que después se produjo por parte del partido. Sin embargo, Podemos replica en su escrito que el día que se emitió la factura, el 30 de diciembre de 2018, "era materialmente imposible asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones generales en los meses siguientes", pues aún se estaba tramitando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que finalmente no fue aprobado, lo que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar los comicios para el 28 de abril de 2019.

Además, la formación considera que en el curso de la instrucción de este procedimiento "ha quedado descartado que la constitución" de Neurona Comunidad fuera 'ad hoc' para la campaña electoral del 28 de abril, sino que "ya consta acreditado que la entidad siguió prestando dichos servicios en el marco de otros contratos posteriores".

Por otra parte, el partido morado solicita amparo en su escrito y reclama al juez que tome "medidas correctivas o disciplinarias" en relación con las "interesadas filtraciones que se han ido sucediendo" en relación con la pieza sobre Monedero. Tras citar algunas de las noticias que, en su opinión, se filtraron cuando la investigación estaba bajo secreto de sumario, apunta directamente a las "autoridades públicas" como posible origen de estos hechos, ya que en un procedimiento de estas características sólo tienen acceso el instructor, la Fiscalía y la policía judicial encargada de la investigación.