Rego asegura que ninguna comunidad va a quedar excluida del reparto de menores migrantes

Richard Gere está feliz en Granada, en donde este sábado recibirá el Goya Internacional, y en general está feliz en España, su país de residencia ahora. Pero le cambia el rostro por completo si habla de Donald Trump, una persona a la que, según dice, "lo único que le importa es el dinero".

Así se expresa en la entrevista que ha concedido a EFE antes de comparecer ante los medios en el Palacio de Carlos V en La Alhambra, a donde ha llegado este viernes acompañado por su mujer, la publicista española Alexandra Gere.

Es preguntarle por las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y mentar el nombre de Donald Trump, y el semblante se el vuelve serio y preocupado a pesar de que ahora viva a miles de kilómetros de allí: "Esto no va sobre distancia; esto va sobre la tragedia que estamos viviendo en Estados Unidos", proclama.

Lo que más le duele es el desmantelamiento de la agencia federal de cooperación internacional, la USAID, una entidad, dice Gere, que "hace buenas obras en todo el mundo" y que, enfatiza, es esencial para la preservación de la sanidad y la educación en muchos lugares. "Representa -añade- todas las causas humanitarias que deberíamos defender".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ve la Franja de Gaza como una "transacción inmobiliaria" y reiteró que su país no necesitará desplegar tropas en el enclave, en un giro respecto a su plan inicial, en el que no descartó el envío de militares para que Washington asumiera el control del territorio.

"Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo", dijo Trump, quien forjó su fortuna en el sector inmobiliario, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la próxima semana recibirá en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y hablará por teléfono con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Probablemente me reuniré con el presidente Zelenski la próxima semana y también hablaré con el presidente Putin. Me gustaría que esa guerra terminara", dijo Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. 

El Gobierno ha lanzado una nueva licitación del concierto sanitario de Muface para los tres próximos años y ha dado de plazo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas puedan concurrir.

Según consta en la plataforma de contratación del Estado, la nueva licitación publicada este viernes tiene un presupuesto estimado de 4.429 millones de euros sin impuestos.

El Gobierno acordó el pasado mes de enero volver a elevar la partida del concierto en aras de zanjar la crisis abierta después de que la primera licitación para la asistencia que ampara a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, quedara desierta.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha declarado este viernes como lugar de memoria democrática ‘La Desbandá’, en reconocimiento a las miles de víctimas bombardeadas por el ejército sublevado en su éxodo por carretera de Málaga a Almería durante la Guerra Civil.

El inicio de este proceso de declaración comenzó hace un año y ha culminado este viernes con el reconocimiento definitivo y oficial, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), coincidiendo con el aniversario de aquel éxodo, iniciado el 7 de febrero de 1937.

La Ley Memoria Democrática de 2022 plantea la posibilidad de declarar como lugares de memoria democrática aquellos enclaves o acontecimientos vinculados con la lucha por los derechos y libertades, así como con la "represión y violencia" ejercidas sobre la población en el golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura franquista o el exilio.

La propia ley reconocía expresamente cuatro lugares de memoria, pero con el tiempo el Gobierno ha ido ampliando este inventario con más casos, como ha ocurrido con 'La Desbandá', calificada en el BOE como "uno de los episodios más cruentos" acaecidos durante la Guerra Civil.

La secretaria de política económica del PSOE, Enma López, ha pedido este viernes que el empresario Víctor de Aldama aporte las pruebas que sostengan sus acusaciones hacia miembros del partido y del Gobierno, y ha insistido en que el comisionista "prometió un temblor" con su señalamiento "y no ha habido absolutamente nada".

"Llevamos un año y pico dándole vueltas y no se ha sabido nada" de las pruebas, ha aseverado López en declaraciones a la prensa en Ferraz, donde se ha mostrado segura de que "la verdad saldrá a la luz".

Además ha dicho que los socialistas están "muy tranquilos" tras el requerimiento a la UCO por parte del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de un informe con las comunicaciones que hubiera podido tener De Aldama con, entre otros, el exministro José Luis Ábalos, el actual ministro Ángel Víctor Torres o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Aquí hay un triángulo donde está el señor Aldama, el señor Koldo y el señor Ábalos, llevamos un año y pico dándole vueltas y no se ha sabido nada más y la realidad es que el señor Aldama que prometió muchas pruebas, prometió que esto iba a ser un temblor y no ha habido absolutamente nada", ha incidido.

En ese sentido, ha precisado en que no aportar pruebas en un Estado de Derecho "es algo que es muy grave": "No consiste en decir tengo pruebas, consiste en presentarlas y hasta la fecha no se ha presentado absolutamente nada y llevamos ya un año con este tema". 

La secretaria de política económica del PSOE, Enma López, ha respondido este viernes a las críticas de PP y Vox de que el acuerdo para el reparto de 4.500 menores migrantes dejará fuera a Cataluña y al País Vasco y ha precisado que el cálculo tiene en cuenta el número de los que han sido acogidos previamente en las diferentes comunidades.

"Lo que se está haciendo es plantear un reparto donde se tiene en cuenta la cantidad de menores que hay ya en otros territorios de forma preexistente para que el reparto finalmente sea justo", ha dicho la socialista en declaración a los medios de comunicación en Ferraz. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró este jueves que ninguna comunidad autónoma va a quedar excluida

Para el PSOE, el reparto de los menores desde Canarias y Ceuta a otras comunidades se trata de una cuestión "de justicia" y de "sentido común". Fuentes del partido indican que Cataluña tiene un cuarto del total de todos los menores acogidos en el país, mientras que en el País Vasco existe también una situación de cierto colapso; el reparto, precisan, busca equilibrar la situación entre las comunidades.

La también concejala del Ayuntamiento de Madrid ha cargado contra el PP por "abrazarse de nuevo a Vox" en esta problemática y les ha acusado de "dejar tirados a territorios en los que gobiernan" como es el caso de Canarias, donde forman parte del Ejecutivo que lidera Coalición Canaria.

La exsecretaria general del PSOE de Sevilla y actual consejera de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Verónica Pérez, sustituirá en su escaño al exsecretario general del PSOE andaluz y líder de la oposición, Juan Espadas, cuya renuncia al acta se ha hecho efectiva este viernes.

Pérez, que ocupa el siguiente puesto en la lista electoral de diputados elegidos por el PSOE en la provincia de Sevilla, ha confirmado a EFE su disposición a aceptar el cargo, algo que hace "súper contenta e ilusionada", tras haber intercambiado mensajes con la nueva responsable regional del partido, María Jesús Montero.

"Estoy con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa y ayudar", ha asegurado Pérez, que ocupó la máxima responsabilidad en el partido en Sevilla en la etapa en la que Susana Díaz era secretaria general del PSOE andaluz.

Tal y como recoge el Reglamento del Parlamento en el Título del Estatuto de los Diputados, Pérez deberá presentar en el Registro la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral y cumplimentar su declaración a efectos del examen de incompatibilidades.

Además efectuará declaraciones sobre actividades y bienes e intereses, y tendrá que presentar copia de su declaración-liquidación del IRPF y, en su caso, del impuesto de patrimonio, para su inscripción en el Registro de Actividades, Bienes e Intereses.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que la propiedad del edificio de París que ha sido devuelto al PNV por el Gobierno "no es de todos los españoles, sino de quien lo adquirió en su momento" porque "tomar un bien por la fuerza, robarlo, no lo hace propio".

Pradales ha respondido así en el pleno de control del Parlamento Vasco de este viernes a una pregunta de la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre la devolución al PNV del palacete de la Avenida Marceau de París en virtud de la Ley de Memoria Democrática. El inmueble que adquirió el Partido Nacionalista en 1937 fue incautado por parte de la Gestapo y pasó a manos de la dictadura franquista.

La parlamentaria de Vox ha tachado esta operación de "pelotazo inmobiliario" y ha acusado a Pradales de ponerse "la camiseta del PNV" dejando de lado su cargo de lehendakari al respaldar esta devolución cuando, a su juicio, ese edificio es "patrimonio de todos los españoles".

Pradales ha reprochado a Vox que quiera derogar la Ley de Memoria Histórica porque no creen que aquello fuese un episodio trágico ni que se deba condenar. "No creen en la memoria ni en la democracia", ha enfatizado.

Ha explicado que el edifico de París fue adquirido por el PNV cuando todavía no existía el Gobierno Vasco gracias a las aportaciones de afiliados y simpatizantes y utilizando figuras jurídicas interpuestas en plena guerra civil española.

El Consejo de Ministros de la próxima semana dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas pactada con los sindicatos.

Según ha avanzado este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la semana que viene se aprobará el incremento -50 euros más al mes, un alza del 4,4 %- que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Sobre si esta nueva cantidad debe quedar exenta de tributar, Díaz ha insistido que Trabajo defiende esa postura pero que la competencia es del Ministerio de Hacienda.

"El Ministerio de Trabajo no ha cambiado de posición (...) Quien ha cambiado de posición, presuntamente, es el Partido Socialista. Pero esto es una norma propia de Hacienda y no del Real Decreto que regula el salario mínimo interprofesional", ha explicado Díaz en declaraciones a los medios tras reunirse con los responsables de la Asociación Nacional del Taxi.

En los últimos años, las revalorizaciones del salario mínimo han ido acompañadas de un ajuste del mínimo exento del IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban esta renta no tengan que tributar.

El PNV sería la fuerza más votada si se celebraran elecciones al Parlamento Vasco, según una encuesta realizada por el Gobierno Vasco en la que el PSE-EE perdería un escaño que lo ganaría el PP.

Esta encuesta otorga al PNV 28 escaños, 1 más de los que consiguió en las últimas elecciones; le sigue EH Bildu con los mismos 27 escaños que tiene ahora; el PSE-EE con 11 (-1); el PP con 8 (+1) y Vox que mantendría el único escaño con el que cuenta.

Se quedaría fuera de la Cámara de Vitoria Sumar, que esta legislatura tiene un parlamentario.

La anterior encuesta de intención de voto realizada por el Gobierno Vasco, en noviembre del año pasado, reforzaba la coalición de Gobierno PNV-PSE, ya que a ambas formaciones se les asignaba un escaño más de los que tienen ahora. EH Bildu se mantenía con 27 y el PP con 7, y quedaban fuera del Parlamento Sumar y Vox.

Según esta encuesta hecha a finales de este pasado mes de enero, el PNV ganaría en escaños en Bizkaia y empataría en Álava con EH Bildu, formación que se mantendría como primera fuerza en Gipuzkoa.

En relación con el actual reparto de escaños del Parlamento, se producirían cambios en Álava, donde el PNV ganaría el escaño que ahora tiene Sumar, y en Gipuzkoa, territorio en el que los socialistas perderían uno de sus actuales cuatro escaños en favor de los populares, que ahora tienen uno y que pasarían a tener dos.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho este viernes que no van apoyar el acuerdo migratorio del Gobierno con Canarias porque les parece "mezquino" y "inexplicable" que se pueda dejar fuera de él a dos comunidades autónomas y ha insistido en que el reparto de menores tiene que ser "solidario".

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, al ser preguntado sobre si el PP va apoyar la solución en la que trabajan el Gobierno central y el Ejecutivo canario para la redistribución de 4.500 extranjeros menores no acompañados.

"Se lo garantizo: así no", ha remarcado, antes de insistir en que les parece "políticamente inexplicable" que se pudieran dejar fuera de ese reparto a dos comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco, haciendo hincapié en que "la solidaridad no puede ser asimétrica".

Tras insistir en que este acuerdo solo pretende solucionar un "problema puntual", Sémper ha acusado al Gobierno de utilizar políticamente el reparto de menores "como moneda de cambio" para mantener su estabilidad parlamentaria con el apoyo de Junts, ERC y PNV.

El portavoz popular ha incidido en que es "inaceptable", "inmoral" y un "error político de primer nivel" que haya autonomías a las que se les pueda eximir del reparto de menores porque, con ello, ha dicho, se "va a enfrentar a comunidades y a ciudadanos".

Por otra parte, el portavoz del PP ha pedido al PNV que decida si quiere ser un partido "subalterno" de Pedro Sánchez o recuperar su posición política, toda vez que entiende que "el matrimonio" con el presidente del Gobierno no le está rentando".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que el Cecopi está codirigido por la Delegación del Gobierno y la Conselleria valenciana de Emergencias y que las decisiones que se tomaron el día de la dana, el 29 de octubre, fueron de forma "conjunta" y "colegiada" entre todas las administraciones.

Tras inaugurar una jornada sobre Inteligencia Artificial organizadas por El Independiente, Mazón ha sido preguntado por los periodistas el requerimiento de este jueves de una jueza de Catarroja (Valencia) para que la Generalitat comunique quién tomó la decisión de enviar el SMS de alerta el día de la riada.

El president ha repetido que habrá "total colaboración" con la Justicia y se ha remitido en varias ocasiones a la información que están preparando los servicios jurídicos de la Generalitat para la jueza.

No obstante, ha señalado que el Cecopi está "codirigido por la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) y la conselleria de Emergencias" y que las decisiones se tomaron "con la unanimidad de todos los que formaban parte y que constituyen ese órgano de coordinación técnica".

Ha proseguido que esas determinaciones del día 29 de octubre se adoptaron "en función de la información que los organismos del Gobierno iban trasladando" y sobre este punto ha recalcado que "el Gobierno jamás alertó del desbordamiento del barranco del Poyo".

La portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, ha calificado de "victoria" que el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 hayan llegado a un acuerdo para comprar, a través de una fórmula social colaborativa, la Casa Orsola de la capital catalana, convertida en símbolo contra la especulación.

En declaraciones a TV3, Arcarazo ha señalado que este caso "demuestra que cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar".

Con todo, la portavoz se ha mostrado cautelosa hasta conocer los detalles de esa adquisición y las consecuencias para los inquilinos.

Más allá, ha aprovechado para criticar que "el PSC del president de la Generalitat, Salvador Illa, quiere acabar desde hace tiempo con la obligatoria reserva del 30 % en la obra nueva" en Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que esta mañana a las 11:00 horas el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, explicarán los detalles de la operación.

Miembros del Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos rogaron este viernes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que envíe una delegación negociadora a Catar con el "mandato claro de completar el acuerdo y devolver a todos los rehenes a casa"; cuatro días después de que debieran haber comenzado las negociaciones sobre la segunda fase de alto el fuego, según lo estipulado en el acuerdo.

"Primer ministro Netanyahu, lo apoyamos y lo respaldamos; no pierda esta oportunidad: envíe la delegación negociadora a Catar con un mandato claro para completar el acuerdo y traer a todos los rehenes a casa", dijo este grupo, compuesto por la mayoría de familiares de los 76 aún cautivos, en un comunicado.

"Detrás de las palabras 'Fase 2' hay rostros, familias y una nación entera. No tenemos futuro ni esperanza sin su regreso", añadió.

Si bien hace tres días Netanyahu anunció, tras reunirse con varios funcionarios estadounidenses, que un equipo negociador viajaría a finales de esta semana a Doha para "discutir los detalles técnicos relacionados con la implementación continua del acuerdo", ese viaje aún no se ha producido.

Preguntado hoy por EFE, un alto funcionario israelí dijo no tener "novedades" al respecto, mientras que Basem Naim, miembro del buró político de Hamás, confirmó que las negociaciones "todavía no han comenzado".

Este impasse pone en una situación aún más difícil el frágil alto el fuego que entró en vigor en la Franja de Gaza el pasado 19 de enero, y según el cual las conversaciones indirectas con los mediadores (EE.UU, Catar y Egipto) sobre la segunda fase del acuerdo -en la que serán liberados hombres israelíes menores de 50 años y soldados a cambio de palestinos- deberían haber comenzado el día decimosexto, el pasado 3 de febrero.

El PP ha decidido citar a Patricia Úriz, investigada judicialmente al igual que su marido, Koldo García, para que declare en la comisión de investigación del Senado el próximo día 19, así como llamará a que comparezca por tercera vez al ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres.

Fuentes del PP han avanzado que estas comparecencias son decididas este viernes en la reunión de la mesa de la comisión, en la que este partido tiene mayoría suficiente para que se aprueben.

También serán citados de nuevo a comparecer en la comisión del caso Koldo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el director de gabinete de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, Carlos Moreno, en ambos casos por segunda vez.

El PP ha señalado que cita por tercera vez a Torres y por segunda vez a Maroto y Moreno porque mintieron u ocultaron información en sus anteriores comparecencias.

Torres compareció en la comisión de investigación del Senado el 28 de noviembre y el 21 de enero, mientras que Moreno lo hizo el 22 de enero y Maroto el 29.

Las nuevas comparecencias de Torres y Maroto serán este febrero, al igual que la de Úriz, que será el 19, y quien, según han destacado las fuentes del PP, no es llamada al interrogatorio de los senadores como mujer de Koldo García, sino por ser investigada por la Audiencia Nacional por un presunto blanqueo de capitales.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto al expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, del delito continuado de apropiación indebida del que estaba acusado por cargar determinados gastos a Foro Asturias.

Álvarez-Cascos, que durante el juicio defendió que todos los gastos formaban parte de su retribución en el partido que lideraba y aseguró que tenía la "conciencia tranquila", afrontaba una petición de la Fiscalía de una pena de tres años y medio de cárcel y del pago de una indemnización de más de 181.000 euros.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este viernes que sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) supone una amenaza para su independencia y, además, mina todo el sistema de justicia penal internacional.

"Sancionar a la CPI amenaza la independencia de la Corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto", declaró Costa a través de redes sociales, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para sancionar a funcionarios del tribunal.

Costa, que recibió el jueves a la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, garantizó entonces el apoyo de la Unión Europea a la labor "esencial" de ese tribunal con "las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo".

El tribunal, con sede en La Haya, condenó este viernes la orden ejecutiva de Trump y manifestó que va a “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.

La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida.

La firma de la orden llegó después de la reunión de Trump el martes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien la CPI considera, entre otras cuestiones, presunto responsable de crímenes como el uso del hambre como arma de guerra contra los palestinos de Gaza.

Hungría prefiere pagar la multa diaria de un millón de euros por no cumplir una sentencia de la Justicia Europea por infringir las normas comunitarias de asilo, ya que eso "es más barato que aceptar inmigrantes", dijo este viernes el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

"Estamos pagando un millón de euros al día. Pero si calculo lo que costaría dejarles entrar (en Hungría), es más barato pagar (la multa) sin dejar entrar a los inmigrantes", dijo el mandatario en sus declaraciones semanales a la radio pública Kossuth.

En este sentido, el líder ultranacionalista calificó el comportamiento de Hungría como "una rebelión" contra las políticas migratorias de la Unión Europea (UE), con las que no está de acuerdo.

En diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que Hungría no había respetado el derecho comunitario sobre los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Posteriormente, en junio de 2024 el tribunal europeo dictaminó que Budapest no ha ejecutado deliberadamente la sentencia de 2020, por lo que le impuso una sanción de 200 millones de euros, así como una multa de un millón de euros por cada día de retraso en el cumplimiento de ese fallo.

Hungría se niega a abonar la multa, por lo que la Comisión Europea en septiembre del año pasado ha deducido esos 200 millones de euros en pagos del presupuesto comunitario a Hungría y otros 93 millones acumulados por el impago de la multa de un millón de euros diarios.

Por otra parte, Orbán dijo hoy que en su país tomará medidas para revelar qué organizaciones húngaras han sido financiadas en el pasado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que el presidente, Donald Trump, está por desmantelar.