El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha rechazado vincular la negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un posible cambio en el sistema de elección de los vocales, como pide el PP, dado que no se "puede chantajear" sobre el cumplimiento de una ley.
También ha interpelado al Gobierno a que nombre ya a los dos magistrados que le corresponden al Tribunal Constitucional (TC) sin esperar a la selección que debe hacer el órgano de gobierno de los jueces, dado que está pasando el tiempo y se incurre en un "incumplimiento claro" de la reciente reforma del Poder Judicial.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente de En Comú Podem ha demandado también a los vocales del sector conservador que dimitan en bloque, siguiendo el ejemplo del ya expresidente de la institución Carlos Lesmes.
El Tribunal Constitucional ha rechazado suspender la vigencia de la reforma laboral, que salió adelante después de que el diputado del PP, Alberto Casero, se equivocase en la votación del pasado 3 de febrero en el Congreso, en el marco de un recurso presentado por el grupo parlamentario de Vox.
Según ha informado el Tribunal, el Pleno ha acordado denegar la suspensión de la vigencia del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
La corte de garantías ha explicado que Vox pedía suspender la reforma laboral en el recurso de amparo presentado contra las decisiones adoptadas por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ese 3 de febrero.
El partido liderado por Santiago Abascal centraba su recurso en Batet por rechazar, concretamente, que Casero modificase su voto. "La reforma tenía que salir por lo civil o lo criminal, y salió por lo criminal", señaló la entonces secretaria general del Grupo Parlamentario, Macarena Olona.
Olona destacó su petición de que se suspendiese cautelarmente la vigencia de la reforma, algo que, se afanó en resaltar, para su "sorpresa", no solicitó el PP en los dos recursos que presentó ante el TC por el mismo asunto.
El Palacio de Buckingham ha anunciado este martes que la coronación del rey Carlos III de Inglaterra se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster de Londres, en una histórica ceremonia en la que también será designada reina consorte Camila, aunque en un evento con menos pompa y boato.
Carlos III accedió al trono hace ahora un mes tras el longevo reinado de su madre Isabel II. Al nuevo monarca se le colocará la corona con 74 años y se convertirá así en la coronación más tardía de la historia de esta monarquía, así como la primera en casi 70 años.
Buckingham ha comunicado que la simbólica ceremonia combinará las "arraigadas" tradiciones "de larga data" y al mismo tiempo "reflejará el papel del monarca en la actualidad" con una mirada "hacia el futuro".
La unción estará presidida y bendecida por el Arzobispo de Canterbury y se espera que no se alargue durante casi tres horas como ocurrió en la de Isabel II, ni cuente con una lista de invitados tan numerosa, según han contado fuentes reales a la cadena BBC.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso que presentó el Gobierno madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso contra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, entre otras cosas, limita la temperatura de la calefacción y la refrigeración a 19 y 27 grados, respectivamente.
Con ponencia del magistrado Ramón Sáez, el TC ha decidido admitir el recurso de la Comunidad de Madrid —tal y como ha informado— contra el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
Este plan energético impugnado por el Ejecutivo de Ayuso limita la temperatura de calefacción y refrigeración a las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos, dejando fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.
El decreto también obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados desde las 22.00 horas y a que tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en los accesos para impedir que se queden abiertos permanentemente.
Los líderes del G7 han amenazado con más medidas de presión sobre Rusia tras los ataques "indiscriminados" perpetrados esta semana sobre distintas ciudades ucranianas, catalogados como "crímenes de guerra", y han subrayado que seguirán apoyando a Ucrania "mientras sea necesario".
El foro que agrupa a las principales potencias, que han invitado también a la UE, se ha reunido de urgencia para examinar la oleada de ataques perpetrados desde el lunes por las fuerzas rusas. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha hablado en este encuentro, su país ha sido atacado con más de cien misiles.
"Condenamos estos ataques en los términos más contundentes que sean posibles", reza el comunicado final, en el que se señala directamente como "responsable" al presidente ruso, Vladimir Putin, y se aboga por que rinda cuentas por las atrocidades cometidas desde que ordenó la invasión el pasado 24 de febrero.
El G7 mantiene un compromiso "decidido y firme" con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, lo que pasa por seguir ofreciendo ayuda "financiera, humanitaria, militar, diplomática y legal". "Estamos comprometidos a apoyar a Ucrania para afrontar las necesidades del invierno", han acordado los líderes.
La comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha admitido que los niveles de inflación a los que se enfrenta el continente ante el actual contexto internacional abren la puerta a tener que "cambiar de planes" en cuanto al reparto de Fondos de Cohesión, para lo cual ahora toca analizar la situación "para debatir bien" este asunto.
Durante su intervención en la reunión anual conjunta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea y la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Ferreira ha reparado en que ya el año 2021 fue "especial" tras las dificultades derivadas de la pandemia, que conllevaron una expansión en el gasto a nivel europeo.
Ferreira ha recordado que un presupuesto superior a los 300.000 millones de euros para el nuevo periodo de financiación hasta 2027 en materia de cohesión conlleva "una gran responsabilidad" que requiere "pensar en cómo asignar" cada euro.
Así, aboga por pensar en "otras políticas" más allá de la cohesión, como planes de investigación o de trasfondo agrícola; al tiempo que ha pedido no olvidar "las lecciones aprendidas" en los últimos meses.
La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 24 de mayo el arranque del primer juicio del 'caso Lezo', que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un "sobreprecio" a costa de las arcas públicas.
Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde la Sala de lo Penal de la AN habilita un total de 20 sesiones, entre el 24 de mayo y el 27 de junio, para acoger la vista oral por esta pieza separada número 1 de 'Lezo'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 22 personas, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.
Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
El Fondo Monetario Internacional considera que los bancos centrales deben mantener su ritmo de subida tipos, incluso aunque el crecimiento económico se vea afectado, para devolver los precios a su objetivo, según se desprende de su Informe sobre Estabilidad Financiera Global, publicado este martes.
"Existe el riesgo de que las condiciones financieras se endurezcan mucho y que el crecimiento económico se ralentice más de lo esperado en los próximos meses, provocando demandas de una pausa en la normalización de la política [monetaria]", ha indicado el Fondo en el documento.
"Las autoridades deberían estar prevenidas contra estas peticiones y considerar el despliegue de herramientas apropiadas en caso de una disfunción del mercado. Es crítico evitar un freno y reinicio de la senda de normalización de la política [monetaria] que pueda afectar a la estabilidad de precios y resultar en un endurecimiento desordenado de las condiciones financieras", ha proseguido el FMI.
La institución multilateral considera, no obstante, que cierto nivel de endurecimiento de las condiciones financieras es "necesario" para resolver la inflación. Esto se debe a que, a pesar de que los bancos centrales no pueden actuar sobre las cadenas de suministro o sobre los problemas en los mercados de materias primas, si puede ralentizar la demanda para que no esté desequilibrada con la oferta.
La Unión Europea, y con ella la Cooperación Española, ha reanudado su apoyo al Programa Nacional de Transferencias en Efectivo del que se benefician 111.000 familias vulnerables palestinas con el desembolso de 28,5 millones de euros, un millón de los cuales ha sido aportado por España.
La UE apoya desde hace más de quince años al Ministerio de Desarrollo Social de la Autoridad Palestina en la concesión de esta ayuda social básica a las familias más vulnerables en Cisjordania y la Franja de Gaza, ha explicado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en un comunicado.
El programa tuvo que ser cancelado en mayo de 2021 como resultado del impacto de la pandemia de covid-19 pero ahora la UE lo ha retomado, quintuplicando su aportación financiera habitual hasta los 28,5 millones, entre ellos el millón que aporta anualmente España.
Desde 2008, la mayor parte de la asistencia de la Unión Europea a la Autoridad Palestina se ha venido canalizando a través del Apoyo Financiero Directo del mecanismo europeo denominado PEGASE, alentando el proceso de reforma de la Autoridad Palestina y varios planes nacionales de desarrollo, en la actualidad, la Agenda Política Nacional o NPA 2017-2022.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este martes que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el "impuesto de solidaridad" del Ejecutivo central cuando lo presenten.
"Lo redacten como lo redacten este impuesto directamente va a atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado", ha señalado en declaraciones a los periodistas tras un acto en Valdemorillo.
Ayuso ha señalado que el Ministerio de Hacienda tendrá que redactarlo "francamente bien" porque estarán encima de ellos. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid tendrá un plazo de tres meses para presentarlo.
En todo caso, la dirigente regional ha subrayado que este impuesto "no es de solidaridad". "Es una broma de mal gusto, solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho este Gobierno; reducir ministerios, cosa que no hace el Gobierno; solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad, el IVA a los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar despilfarrando en lo que estamos viendo... en propaganda. Eso sería solidaridad y no señalar a los ciudadanos que tienen patrimonio", ha lanzado.
El Gobierno ha mostrado "respeto absoluto" a la decisión de la familia de José Antonio Primo de Rivera de exhumar ya el cuerpo del Valle de los Caídos. Así lo ha dicho la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocer la decisión de la familia que fue hecha pública anoche.
La familia del fundador de la Falange ha solicitado al abad del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera, antes de que el Valle se convierta en cementerio civil con la nueva Ley de Memoria Democrática —que se aprobó definitivamente en el Senado la semana pasada—.
Lo ha hecho público el duque de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, representante de la familia, quien también ha explicado que ha solicitado ya las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Una vez obtenida la autorización solicitada, los restos serán depositados en el lugar que la familia ha decidido cumpliendo así la voluntad manifestada en su testamento por José Antonio Primo de Rivera, en cuya cláusula establece: "Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz", indica el comunicado.