Luisgé Martín, autor del libro El odio (Anagrama, 2025), que narra el asesinato machista cometido por José Bretón en 2011, ha sido entrevistado este martes en La noche en 24 horas. En su primera intervención tras la polémica suscitada por su obra, el escritor ha recalcado que "El odio es un libro que José Bretón detesta" y ha destacado su voluntad de publicar el texto, a pesar de la rescisión de contrato por parte de la editorial.
Martín ha defendido que su obra "confronta" con el asesino, condenado por matar a sus dos hijos, y que "muestra empatía con la víctima". Ha reconocido, eso sí, haber "llegado a ver a José Bretón perdido, abandonado, solo en el mundo. Nunca con empatía, cercanía, ni amistad, pero sí con compasión. Sobre la historia en sí, he llegado a entender cosas", ha abundado. El escritor ha resaltado, en todo caso, que Bretón queda en el libro retratado "como lo que fue: un pobrecillo cruel que mató a sus dos hijos". Ha reconocido, en cambio, un "error de bulto" por su parte: "No haber avisado a Ruth. Me gustaría que no se hubiera enterado por la prensa".
Preguntado por fragmentos del libro que pueden haber supuesto una revictimización de Ruth Ortiz -concretamente, cuando el autor hace alusión a "la mecha de una bomba exterminadora que él [José Bretón] había encendido y que solo Ruth podría apagar"-, el escritor se ha atrincherado en la premisa de que sí "pudo haber una manera de frenar el crimen", porque la víctima "podía haber vuelto con él, podía no haberse separado de él". Enseguida, no obstante, ha rectificado señalando que "no está en su ánimo sugerir ni remotamente que ella tenía que haber actuado de otra manera distinta a la que actuó".
Luisgé Martín, autor del libro El odio (Anagrama, 2025), que narra el asesinato machista cometido por José Bretón en 2011, ha sido entrevistado este martes en La noche en 24 horas. En su primera intervención tras la polémica suscitada por su obra, el escritor ha recalcado que "El odio es un libro que José Bretón detesta" y ha destacado su voluntad de publicar el texto, a pesar de la rescisión de contrato por parte de la editorial.
Martín ha defendido que su obra "confronta" con el asesino, condenado por matar a sus dos hijos, y que "muestra empatía con la víctima". Ha reconocido, eso sí, haber "llegado a ver a José Bretón perdido, abandonado, solo en el mundo. Nunca con empatía, cercanía, ni amistad, pero sí con compasión. Sobre la historia en sí, he llegado a entender cosas", ha abundado. El escritor ha resaltado, en todo caso, que Bretón queda en el libro retratado "como lo que fue: un pobrecillo cruel que mató a sus dos hijos". Ha reconocido, en cambio, un "error de bulto" por su parte: "No haber avisado a Ruth. Me gustaría que no se hubiera enterado por la prensa".
Preguntado por fragmentos del libro que pueden haber supuesto una revictimización de Ruth Ortiz -concretamente, cuando el autor hace alusión a "la mecha de una bomba exterminadora que él [José Bretón] había encendido y que solo Ruth podría apagar"-, el escritor se ha atrincherado en la premisa de que sí "pudo haber una manera de frenar el crimen", porque la víctima "podía haber vuelto con él, podía no haberse separado de él". Enseguida, no obstante, ha rectificado señalando que "no está en su ánimo sugerir ni remotamente que ella tenía que haber actuado de otra manera distinta a la que actuó".
La moción aprobada insta al Gobierno a cumplir con su obligación de presentar presupuestos para "garantizar la estabilidad y transparencia económica" y permitir a las Cortes ejercer su función de "examen, enmienda y aprobación" de las cuentas.
El PP argumenta que la presentación de presupuestos "es un deber inexcusable del Gobierno" y así lo establece la Constitución, ya que "son la herramienta mediante la cual un Ejecutivo expresa su hoja de ruta y su compromiso con la rendición de cuentas".
Recuerda, además, que los presupuestos actualmente vigentes, los de 2023, fueron aprobados en la legislatura anterior, es decir "por unas Cortes Generales con una configuración parlamentaria distinta", lo que genera inestabilidad e impide una gestión eficaz de los recursos.
La Comisión Europea presentará a inicios de mayo una hoja de ruta para que la Unión Europea se aleje aún más de los combustibles rusos, en la que planteará vetar los nuevos contratos de importación de gas natural licuado (GLN), entre otras medidas.
El documento, todavía sometido a debate dentro del Ejecutivo, se presentará el 6 de mayo y consistirá en una "comunicación" con la que Bruselas quiere abrir el debate con los Estados miembros, según informaron hoy fuentes europeas.
Bruselas no propondrá herramientas legislativas, sino que analizará ventajas e inconvenientes de diferentes medidas que podrían adoptarse, como vetar la firma de nuevos contratos con proveedores rusos en el mercado diario del gas ('spot'), así como opciones para anular los contratos existentes y en vigor.
El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso dijo ante la jueza que instruye la causa sobre la dana que la decisión de enviar un mensaje de alerta a la población se tomó a las 19.15 del 29 de octubre, si bien finalmente no se envió hasta las 20.11.
En su declaración como investigado, Argüeso atribuyó esa demora a la necesidad de redactar el mensaje correcto y al proceso para su validación.
La transcripción de la declaración de Argüeso, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que Argüeso contó a la jueza que Jorge Suárez, actual subdirector general de Emergencias, fue el primero en plantear la emisión de una alarma, pero no por el barranco del Poyo, sino ante la posibilidad de que colapsara la presa de Forata.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha culpado este martes al PP de haber "activado el botón del ventilador del odio" por la multitud de insultos que ha recibido últimamente en las redes sociales y ha advertido a esta formación de que con una campaña tóxica de ese tipo nunca la doblegarán.
Alegría lo ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al responder a la senadora del PP Emma Buj, que le ha preguntado si supo hace cinco años que el exministro José Luis Ábalos celebró una fiesta en el Parador de Teruel, durante la pandemia, cuando ella era delegada del Gobierno en Aragón.
"Si ustedes pensaban que con esta campaña tóxica me iban a doblegar, es que no me conocen; han dado ustedes con un hueso. Si algo he aprendido estos días, es cabeza alta y ni un paso atrás", ha concluido Alegría.
El Grupo Popular ha pedido este martes la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso para que informe sobre el plan de seguridad y defensa aprobado en el Consejo de Ministros y que requiere, insisten, de votación previa de la cámara.
Los populares han registrado ya esta petición, en cuyo texto recuerdan que el plan aprobado este martes supone un incremento de gasto en Defensa de 10.471 millones de euros, con el fin de alcanzar el 2 % del PIB en 2025. Remarcan además que "en ausencia de presupuestos generales del Estado, requiere votación previa del Congreso de los Diputados".
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado de "inaceptable" y "autoritario" que el presidente Pedro Sánchez no lleve el plan de defensa al Congreso y ha exigido que someta a votación las medidas después del que el jefe del Ejecutivo explicara que hay varios artículos de la Constitución que permiten no llevar el plan a la Cámara Baja.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este martes que "lo importante" el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, "es que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas", tras la negativa del Gobierno a que se celebre la tradicional parada militar en la Puerta del Sol.
Robles ha respondido así a una pregunta del senador popular Alfonso Serrano sobre "los motivos por los que el Gobierno deniega por primera vez en la historia la participación del Ejército en los actos conmemorativos del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid".
El Ejecutivo de Díaz Ayuso no invitará este año a ningún miembro del Gobierno al acto institucional, tras la negativa del Defensa a que se celebre la tradicional parada militar por tratarse de un acto cívico y no militar, como tampoco el desfile aéreo de la Patrulla Águila.
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz, ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Gobierno valenciano es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias".
Los ministros de Sumar han chocado de nuevo con el PSOE al rechazar este martes en la reunión del Consejo de Ministros la decisión de destinar a armamento parte de los 10.471 millones de euros del plan de defensa, según han informado fuentes de la formación.
Es la segunda vez en menos de un mes que hay división entre ambos socios de Gobierno en el Consejo de Ministros por este asunto, después de que el pasado 8 de abril los ministros de Sumar presentaran objeciones a la aprobación de una transferencia de crédito de 2.084 millones de euros para gastos en el Ministerio de Defensa.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha admitido en su comparecencia en Moncloa para explicar este plan que hay discrepancias con Sumar en el Gobierno de coalición y que Sumar ha planteado "observaciones" a la parte del plan referida a la fabricación y adquisición de materiales.
Esta parte, que supone un 19% por ciento de la inversión total del plan es según el presidente la única que ha suscitado objeciones de los socios, que según su versión comparten la mayoría de los puntos y su objetivo.
"El europeísmo une al Gobierno de coalición", ha destacado Sánchez, quien ha señalado que PSOE y Sumar no son "partidos iguales", que tienen sus diferencias y que pese a ello hay amplio consenso, de modo que el Gobierno de coalición está así "unido" detrás del plan aunque "evidentemente algunos matices", ha resumido.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha demandado este martes más colaboración entre las administraciones regionales, provinciales, insulares y locales para desarrollar políticas públicas de memoria y seguir indagando y exhumando restos de represaliados por todo el país.
En una visita al municipio de Arucas, en Gran Canaria, donde ha conocido la labor de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas (AMHA) y su presidenta, Pino Sosa, Martínez ha insistido en la necesidad de seguir indagando en pozos y lugares en los que se cree que pudieron haber sido arrojadas estas personas para devolverles la memoria y acabar con el olvido al que han sido sometidas sus familias.
"No hay que olvidar una cosa, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de democracia. Y no hay democracia sin memoria. Y desde luego, el olvido al que han sido sometidas todas las víctimas a lo largo de tantísimo tiempo es totalmente incompatible con la democracia", ha defendido el secretario de Estado.
Martínez, junto a la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y representantes del Ayuntamiento de Arucas, ha visitado la sede de la asociación y se ha desplazado también hasta el pozo del barranco de Tenoya y al panteón de la Memoria Histórica del cementerio municipal, donde ha depositado sendas ofrendas florales.
En declaraciones a los periodistas en la sede de la AMHA, ha señalado que es necesaria una colaboración entre instituciones para poder desarrollar políticas públicas de memoria, recordando que el Estado no es solo la administración central, "sino también los Cabildos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos".
En ese sentido, y preguntado por la inexistencia de un banco de ADN en Canarias, Martínez ha dicho que el Gobierno está "en contacto" con todas las autonomías después de haber adquirido hace unos meses el software Bonaparte como banco nacional de ADN, requerimiento que plantea la Ley de Memoria Democrática, y que en su opinión va a "subsanar los déficit que hay en alguna comunidad".