El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que el 'caso Mediador', que tenía como uno de sus principales cabecillas al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, haya puesto en cuestión la "honorabilidad" de los parlamentarios con "prácticas bochornosas", incluso en pleno estado de alarma. Por eso, ha pedido unanimidad para crear una comisión de investigación y "devolver la dignidad" al Congreso, asegurando que el PP está "siempre a favor de las investigaciones", como se ha hecho con la operación Kitchen.
"Si el Congreso quiere mantener la legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás, debe investigarse a sí mismo cuando tiene un problema reputacional, como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara", ha declarado a los periodistas tras intervenir en las jornadas En defensa del sistema alimentario español organizadas por el Grupo Popular.
Alberto Casero ha transmitido este viernes a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que renuncia al acta de diputado "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido". Esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor. Esta mañana Alberto Casero ya había pedido la suspensión de militancia en el Partido Popular.
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la causa 'Kitchen', en la que se ha investigado la presunta operación parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha remitido un escrito al juez instructor para denunciar que desde que éste acordó incorporar a la plataforma virtual de la causa el volcado íntegro de sus conversaciones de whatsapp, sus mensajes están saliendo publicados en numerosos medios de comunicación a pesar de no tener nada que ver con lo investigado, con afectación a secretos oficiales y a su intimidad.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Martínez advierte de que "aparece información relativa a cuestiones que están directamente relacionadas con la seguridad pública a las que tuvo acceso en la época en la que ostentó el cargo de Secretario de Estado de Seguridad", y señala que es información "clasificada" con arreglo a la ley de Secretos Oficiales, con la categoría de secreto.
El Ministerio de Igualdad ha confirmado el voto en contra de Podemos a la toma en consideración en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí es sí presentada por el PSOE si no hay cambios, aunque no da por rotas las negociaciones y hace un llamamiento al PSOE para llegar a un acuerdo antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no saque el consentimiento del centro de la ley.
"Hacemos un llamamiento al PSOE, creemos que de aquí al martes existe una posibilidad de acuerdo alternativa a acordar con PP y Vox una vuelta al Código Penal de la manada. Cualquier votación que nos lleve a consolidar ese acuerdo con las derechas tiene que tener la negativa por nuestra parte", ha manifestado la secretaria de estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez.
Así se ha pronunciado este viernes, en una rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, después de que Unidas Podemos haya avanzado que votará en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí que proponen los socialistas.
Rodríguez ha propuesto al PSOE "sentarse a negociar y "revisar las propuestas" porque, a su juicio, hay una posibilidad de acuerdo, y sería "irresponsable alimentar la posibilidad de volver al Código Penal que permitió que se crease tanto terror sexual". Si bien, ha reconocido que, por el momento, no han obtenido respuesta positiva a volver a sentarse a negociar.
El sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, que fue director general de la Consejería de Ganadería de Canarias, aseguró en su declaración judicial que fue "utilizado" por el empresario Antonio Navarro Tacoronte, alias mediador, al tiempo que se desmarcó completamente de la presunta trama de cobro de sobornos a empresarios locales a cambio de favores políticos.
Así se expresó en la declaración que prestó el pasado 16 de febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, tras ser detenido como uno de los supuestos cabecillas, junto a su tío, Navarro Tacoronte, alías Tito Berni, y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según Fuentes Gutiérrez, conoció a Navarro Tacoronte en septiembre de 2020. El empresario insistió en ponerse en contacto con él a través de las redes sociales y luego a través de llamadas a su secretaria en la Dirección de Ganadería para concertar una cita. "Él se presenta como parte de una empresa que viene a Canarias porque quiere invertir en el sector primario, en energías renovables", relató, detallando que tras ese primer encuentro empezaron a verse con más frecuencia: "Una semana sí, una semana no".
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Gobierno agotará la legislatura y que las próximas elecciones generales serán en diciembre, y en estos casi ocho meses que restan antes de disolver las Cortes ve "tiempo suficiente" para aprobar más de cien leyes.
Bolaños ha acudido este viernes al Congreso a presentar el Plan Normativo del Gobierno para este año que incluye elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y generales a final de año. Según ha explicado, en lo que va de legislatura se ha dado luz verde 200 leyes y su idea es aprobar algo más de un centenar antes de disolver las Cortes.
Socios del gobierno como el PNV han cuestionado esas previsiones, achacando al ministro una "ambición no realista", pero Bolaños ve "tiempo suficiente" para aprobar un total de 117 leyes, de las cuales 3 son orgánicas, 33 ordinarias y 81 reales decretos.
Según ha explicado el ministro de esas 117 leyes, 35 son transposiciones de directivas europeas y una de cada tres están vinculadas a algún compromiso o hito del Plan de Recuperación, por lo que espera apoyos. Además, ha precisado que el 10% de las mismas ya han pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las mayores empresas del sector en España, incluida Ferrovial, ha advertido al Gobierno de que ejercerá cuantas acciones pudieran corresponderle en caso de un trato desigual o discriminatorio hacia la empresa.
En un comunicado, la patronal tacha de "inexactas e injustas" las descalificaciones que en los últimos días cree que se están vertiendo desde diferentes ámbitos "de dentro y fuera del Gobierno" contra la empresa, como consecuencia de su decisión de trasladar el domicilio social de la cabecera del grupo empresarial a Países Bajos.
Seopan argumenta su mensaje en la "necesidad" de defender la imagen pública y la reputación de su empresa asociada, señalando que Ferrovial está ejerciendo su legítimo derecho y con estricto cumplimiento de la legalidad española y comunitaria.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha alejado la posibilidad de celebrar una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador que acabó forzando la destitución de un diputado del PSOE. A su juicio, cuando aparece un caso de corrupción es la Justicia la que debe actuar.
Así lo ha expresado este viernes en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ha comparecido a petición propia para explicar al Plan Normativo 2023. La diputada del PP, Edurne Uriarte, le ha pedido que el PSOE apoye la comisión de investigación que impulsa su grupo, a lo que Bolaños ha respondido que ante cualquier caso de corrupción "a quien le toca hacer el trabajo es a la Justicia".
El PP le había recordado, sin embargo, que el PSOE sí que apoyó crear comisiones de investigación sobre asuntos bajo investigación judicial que afectaban a los conservadores, como con las relativas al caso Gürtel o la operación Kitchen.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abierto la puerta a hacer un cara a cara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para confrontar modelos, aunque cree que "ella no querría".
Lo ha dicho en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 después de que Ayuso participara este lunes en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde acusó al Govern de la Generalitat de "aislarse y fabricar con tiempo y dinero un país".
"Si quiere discutir sobre el modelo socioeconómico y si quiere discutir el modelo de servicios públicos estoy dispuesto a discutir con ella, incluso de hacer un cara a cara. Pero creo que ella no querría", ha afirmado Aragonès.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que el 'caso Mediador', que tenía como uno de sus principales cabecillas al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, haya puesto en cuestión la "honorabilidad" de los parlamentarios con "prácticas bochornosas", incluso en pleno estado de alarma. Por eso, ha pedido unanimidad para crear una comisión de investigación y "devolver la dignidad" al Congreso, asegurando que el PP está "siempre a favor de las investigaciones", como se ha hecho con la operación Kitchen.
"Si el Congreso quiere mantener la legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás, debe investigarse a sí mismo cuando tiene un problema reputacional, como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara", ha declarado a los periodistas tras intervenir en las jornadas En defensa del sistema alimentario español organizadas por el Grupo Popular.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que mantuvo una "conversación cordial" con el presidente de Ferrovial, Rafael Del Pino, en la que le trasladó que "el Gobierno de España lamentaba que se hubiera producido" la decisión de trasladar la sede social de la compañía fuera de España para ubicarla en los Países Bajos.
"Le trasladé que no nos parecía (al Gobierno) que, después de cómo España había tratado a Ferrovial durante toda la democracia", que después de "la globalidad de contratos que ha tenido" la compañía en este país "de la mano de la obra pública y de otras inversiones de carácter privado, el Gobierno lamentaba que ahora se marchara a otro país", ha contado también la ministra de Hacienda a preguntas de los periodistas sobre dicha conversación con Rafael Del Pino, que él mismo "ha contado", según ha apostillado.
En una atención a medios en el Ayuntamiento de Granada antes de presidir la firma de un protocolo para impulsar un hub tecnológico, María Jesús Montero ha añadido que, aunque el cambio de sede anunciado por Ferrovial sea "una decisión aislada que se produce por una decisión particular" de su presidente, "es evidente que nos hubiera gustado (al Gobierno) que hubiera permanecido en España".