El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado que este Gobierno “ha sido el primero en reclamar una reforma profunda y estructural del mercado eléctrico en Europa”. Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, el presidente ha recordado que fue hace un año cuando desde España se proponía actuar contra el alza de precios de la energía. Con la llegada de la invasión de Ucrania “lo importante se ha convertido en urgente”, y a día de hoy “la mayoría de gobiernos europeos” están de acuerdo con la necesidad de una reforma.
Sánchez ha destacado que “la energía es un asunto central en el debate nacional e internacional”, por lo que se necesitan propuestas serias y rigurosas. “Estamos tomando medidas sin precedentes en España y estamos liderando el debate en Europa para una renovación del mercado europeo”, ha añadido. Ha recordado que gracias a la excepción ibérica se han ahorrado “dos mil millones de euros”.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol ha sido ingresado este lunes en el Hospital de Sant Pau de Barcelona por una afección neurológica leve y le están realizando pruebas, han explicado a Europa Press fuentes cercanas al exdirigente.
Según ha publicado La Vanguardia, Pujol ha ingresado en un primer momento en el Hospital de Barcelona y después lo han derivado al Hospital de Sant Pau.
La última aparición pública de Pujol, que tiene 92 años, fue el jueves en la presentación de un documental sobre el expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas y el sábado dio una entrevista en Cataluña Ràdio.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a las declaraciones realizadas este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha asegurado que "unos padres no pueden jamás obligar a un menor a abortar", y ha señalado que tampoco se puede "obligar a una mujer a ser madre".
Feijóo dice que no se puede obligar a una mujer a abortar. Tanto es así que las leyes feministas de este Gobierno reconocen el aborto forzado como una forma de violencia contra las mujeres", ha apuntado la ministra a través de su cuenta de Twitter. "Tampoco podemos obligar a una mujer a ser madre. Para eso, aborto seguro y en la pública", concluye su mensaje.
El líder 'popular' ha hecho estas declaraciones en referencia a la medida que Igualdad ha incluido en la reforma de la ley del aborto, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto, que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento paterno. Feijóo ha vuelto a defender el consentimiento paterno en estos casos al tiempo que ha reconocido que no hay unanimidad sobre este tema.
Cabe recordar que la declaración del aborto forzoso como violencia hacia la mujer está incluida en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley "solo sí es sí", y fue precisamente un artículo en el que se habla de esta práctica el causante de que la aprobación de la norma se retrasase un mes.
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell vincula su acusación por presunto fraude de 230.296 euros a Hacienda -por el que ha sido juzgado este lunes- a la "persecución" a raíz de la Operación Cataluña y el encargo de la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho al excomisario José Manuel Villarejo para que lo investigara.
"En estas extrañas circunstancias este letrado puede comprender perfectamente que mi cliente, Sandro Rosell, se sienta objeto de una persecución. Motivos para pensar así no le faltan", ha dicho el abogado Pau Molins durante su informe final en el juicio de este lunes en el Juzgado Penal 3 de Barcelona, en el que ha pedido la absolución de Rosell.
Molins ha señalado que Rosell "hasta que accedió a la presidencia del Barça no había tenido ni un problema con la justicia, a partir de ese momento empezaron todos sus problemas a partir de una conversación entre la entonces presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, y Villarejo", ha dicho en referencia a los audios publicados de las conversaciones de la Operación Cataluña.
En este juicio la Fiscalía pide una condena de dos años y nueve meses, mientras que la Abogacía del Estado reclama dos años y dos meses, por un presunto fraude de 230.296 euros -la cantidad se ha recalculado durante la vista, al principio se le reclamaban 230.591 euros- en la declaración de 2012.
Rosell ya devolvió esta cantidad y pagó los intereses por el retraso (otros 57.320 euros), y por eso la acusación de la Fiscalía ya incluye una atenuante de reparación del daño.
El rey emérito y Sofía también asistirán, al igual que los reyes, al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra el próximo lunes en Londres, según han informado fuentes de Casa Real.
Zarzuela ya confirmó esta mañana que los reyes han aceptado la invitación y ahora ha precisado que Juan Carlos y Sofía han comunicado a la Casa del Rey "su intención de atender la invitación cursada", a pesar de que el pasado viernes Carlos Herrera, periodista muy cercano a la familia real, anunciase que no iba a acudir.
La Casa del Rey recibió este domingo vía la Embajada española en Londres la invitación cursada a través del Foreign Office para Felipe VI y la reina Letizia, así como para Juan Carlos y Sofía, y había precisado que era "decisión personal" de ambos el asistir.
Según la Casa del Rey, la familia real británica ha invitado a los jefes de Estado y sus consortes, así como a los antiguos jefes de Estado y su pareja en el caso de España, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, país este último en el que se ha invitado igualmente al príncipe heredero.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo el viernes que una vez se recibieran las invitaciones el Gobierno decidiría junto con Casa Real "la mejor representación" para el funeral, al tiempo que defendió que el actual jefe de Estado es Felipe y que este, igual que su padre, mantiene parentesco con Isabel II y con el nuevo rey Carlos III.
Así pues, Felipe coincidirá por primera vez de nuevo con su padre tras la reunión que ambos mantuvieron el pasado 23 de mayo en el Palacio de la Zarzuela como broche final a su visita de cuatro días a España, la primera desde que se trasladó a vivir a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020.
Unidas Podemos optará por la abstención durante la votación en el Congreso sobre el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, según han avanzando a Europa Press fuentes del grupo confederal.
De esta forma, el socio minoritario de la coalición ha decidido esta postura al entender que es la mejor forma de conciliar su tradicional rechazo a la Alianza Atlántica, pero a la vez respetar también la decisión soberana de los dos países comunitarios.
La previsión es que el Congreso este jueves el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, un texto que se tramitará por el procedimiento de urgencia y en lectura única, es decir, con un sólo debate en el Pleno, sin necesidad de pasar por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.
Hasta la fecha Podemos no había desvelado el sentido de su voto a la entrada de las dos naciones escandinavas, que hasta la fecha mantenían una condición de neutralidad que dejaron atrás ante la invasión de Rusia a Ucrania.
El pasado mes de junio, durante la cumbre que la OTAN celebró en Madrid, Turquía levantó su veto a la entrada en esta organización militar de los dos países escandinavos que, tras la invasión rusa de Ucrania optaron por poner fin a su histórica neutralidad.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus propuestas para un pacto energético acompañado de una carta en la que expresa su disposición a debatir estas medidas e incluso negociar su implantación. A su entender, la "gravedad del momento" requiere "respuestas ágiles, medidas valientes y la responsabilidad de todos".
El PP ha presentado este lunes su plan de rescate energético para familias y empresas basado en el ahorro de energía. El documento propone la creación de una AIREF energética, revisar la fórmula de fijación del precio de la energía, simplificación de la imposición en la factura eléctrica, la bonificación del ahorro que consigan familias y empresas y todo ello sin renunciar a ninguna fuente de emisión de energías -extensión nucleares, cogeneración e hidrógeno verde-.
Feijóo comienza su misiva, que ha recogido Europa Press, recordando que España vive una situación económica "extremadamente compleja", en la que uno de los principales problemas que afecta el país son los "exorbitados precios de la energía".
"Soy consciente de que muchas de las dificultades vienen dadas por el incierto panorama internacional, pero también estoy seguro de que la respuesta que se ofrezca desde las administraciones públicas incidirá desisivamente en los efectos que esta crisis tendrá sobre las familias, los trabajadores y las empresas de nuestro país", añade.
El jefe de la oposición considera que la "gravedad del momento requiere respuestas ágiles, medidas valientes y la responsabilidad de todos". Por ello, remite al Gobierno el documento del PP titulado 'Propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas. Un plan para la recuperación de la economía de España'.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación contra el diputado del PP Alberto Casero, ha propuesto dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el dirigente al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Palomo ha elevado este lunes una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que recoge indicios de que Casero, en su condición de alcalde, concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso".
Se trata de un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.
El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
Podemos ha respaldado la iniciativa de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para llegar a un acuerdo con las distribuidoras para limitar precios básicos de la alimentación, pero ha defendido que el Ejecutivo debe intervenir de "motu proprio" y establecer medidas si el pacto con las empresas no es posible.
El coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha destacado el apoyo a la iniciativa de Díaz y que es prioritario topar los precios, que incluyan medidas de producción para el pequeño comercio y los productores al ser un sector "vital" para el país.
Por ello, ha reivindicado que su partido, en caso de no alcanzarse ese consenso, es partidario de establecer un nuevo impuesto específico a los grandes supermercados, que permita obtener ingresos para financiar un cheque ayuda a la adquisición de la cesta de la compra, tanto para grandes como pequeñas superficies.
El vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha sido el encargado de presentar el plan energético del partido. “Lo que proponemos era ni más ni menos lo que está planteando Europa”, ha asegurado Bravo. Entre las medidas que ha mencionado, destaca la “bonificación a familias que reduzcan su consumo”. Ha justificado su utilidad explicando que “si reducimos el consumo rebajaremos el precio de la luz y atacaremos directamente la inflación”.
En relación con las medidas que está llevando a cabo el Gobierno, Bravo ha afirmado: “La solución a los problemas no puede ser siempre más intervención y más impuestos”. Ha destacado la importancia de “incentivar” y nunca “prohibir o limitar”.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha mostrado su respaldo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y ha avisado de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" –como el órgano de gobierno de los jueces– "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
Así lo ha subrayado en una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que traslada su "coincidencia" con el discurso que expresó el magistrado durante la apertura del año judicial, en referencia a la "urgencia y prioridad absoluta" de renovar el CGPJ y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, "que la Comisión considera necesaria".
Según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, Jourová ha hecho referencia a la "desesperada situación" en la que se encuentra el Poder Judicial español después de casi cuatro años en funciones y ha asegurado que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".