Sigue en infoLibre la actualidad minuto a minuto del jueves 29 de septiembre:
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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que no hay ningún cambio en la decisión de la Ejecutiva de Junts y les pide que "respondan claramente si quieren Govern u oposición".
Lo han dicho fuentes de Presidencia de la Generalitat después de que Junts haya decidido no salir por ahora del Govern y haya dado margen hasta el domingo para negociar con Aragonès las concreciones del cumplimiento del acuerdo del Ejecutivo antes de dejar en manos de la militancia la decisión sobre si salir o no del Ejecutivo en una consulta el 6 y 7 de octubre.
"Observamos que no hay novedades y que tampoco ha habido un posicionamiento sobre la cuestión de confianza", han subrayado las fuentes ya citadas.
La Ejecutiva de Junts ha decidido no salir por ahora del Govern y dejar en manos de su militancia la decisión de continuar o no en el Ejecutivo catalán en una consulta que celebrará la semana que viene.
Lo han explicado fuentes del partido a Europa Press después nueve horas de reunión de la Ejecutiva del partido tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza, una decisión que Junts calificó de "error histórico".
La reunión de la Ejecutiva de Junts ha finalizado este jueves a las 19.30 horas tras unas nueve horas de deliberación sobre si continúan o no en el Govern después del cese de Jordi Puigneró como vicepresidente de la Generalitat, y a las 20.15 darán una rueda de prensa para informar sobre la decisión que han tomado.
Los dirigentes del partido han comenzado la reunión a las 10.30 horas en la sede de Junts en Barcelona, un encuentro que también ha contado con la presencia del propio Puigneró y de todos los consellers de Junts excepto la de Acción Exterior, Victòria Alsina, que estaba de viaje en Ginebra (Suiza).
En el encuentro, que ha tenido un receso a la hora de comer, el debate de la Ejecutiva se ha centrado en si dejar el Govern de forma inmediata o si dejar en manos de la militancia la decisión, a través de una consulta.
El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avanzado que el Gobierno regional estudiará a fondo el impuesto a las grandes fortunas que gravará la riqueza neta superior a los 3 millones del Gobierno para ver si es recurrible ante el Tribunal Constitucional (TC).
"El hachazo fiscal que ha anunciado hoy el Gobierno es un golpe más contra la economía y por tanto contra los españoles pero contra todos los españoles. Ya van casi 20 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.
Lasquetty ha criticado que usen "la crisis, el precio de la energía o lo que sea como excusa" cuando es algo que anunciaron hace cuatro años. "Llevan cuatro años diciendo que lo iban a hacer, que iban a dar un hachazo fiscal y ahora lo hacen", ha declarado, al tiempo que ha censurado el "autoritarismo fiscal" que ejerce el Gobierno.
Así, ha hecho hincapié en que en el paquete de medidas que ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no hay deflactación" y por tanto "a todos los españoles les va subir los impuestos en frío sin que haya una ley que lo autorice".
Esquerra Republicana ha reconocido este jueves que el plan de medidas fiscales "suena bien", al igual que EH-Bildu, que cree que "van en la buena dirección" pero que ha exigido respeto a las competencias forales y ampliar a más patrimonios el nuevo gravamen a grandes fortunas.
"En principio, evidentemente suena bien, es algo que hemos pedido por activa y por pasiva", ha dicho el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que en declaraciones a los medios tras la sesión plenaria de este jueves ha reivindicado "un régimen fiscal más justo en el los que más tienen aporten un poco más".
En todo caso, ha lamentado no tener "detalles" sobre este plan, más allá de lo comunicado a los medios de comunicación. "Cuando dejen de celebrarlo que nos lo pasen y veremos los detalles", ha ironizado.
El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha asegurado este jueves que no es "su trabajo" señalar culpables en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino "organizar e incrementar el diálogo" entre partidos políticos y descubrir si hay "una voluntad real de moverse en la dirección" correcta.
En declaraciones a los medios antes de intervenir en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, Reynders se ha mostrado "seguro de que hay una gran voluntad" de avanzar para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea. "Me parece lógico. He organizado muchas visitas no solo en Madrid sino a muchas capitales y todo el tiempo he intentado ver si se podía mejorar la situación", ha detallado.
En su visita a España, ha continuado el comisario, su "primera impresión" es que existe el "mismo compromiso" en avanzar para implementar las citadas recomendaciones. "Especialmente cuando estamos hablando de la designación de los miembros del CGPJ", ha zanjado.
El Estado ha presentado recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de permitir a los Franco la retira de bienes del Pazo de Meirás. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea que se acuerde que la entrega de los mismos "se circunscriba exclusivamente a los no incluidos" en la demanda que presentó en el juzgado de Madrid y a la espera de que este resuelva.
En ella, el Estado reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
La demanda la presentó después de que la familia Franco recurriese el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que estimó, casi en su totalidad, la cuestión incidental del Estado, con respaldo de Xunta y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.
En él, se decretó que 132 bienes de los 697 inventariados en su momento tenían que permanecer en Meirás por ser "inseparables" del mismo. Solo permitió la retirada de una alfombra pasillera.
El Gobierno de Hungría ha avisado de que no respaldará el octavo paquete de sanciones de la UE contra Rusia si se incluyen medidas contra el sector energético, en línea con lo que ha manifestado en estas últimas semanas el primer ministro, Viktor Orbán.
Un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, esbozasen los nuevos castigos que se estudiarán como represalia por los referéndums ilegales en el este de Ucrania, Hungría ha marcado su línea roja.
El portavoz del Gobierno de Orbán, Gergely Gulyas, ha dejado claro que Budapest no respaldará el nuevo paquete si afecta a temas de energía, lo que 'de facto' implicaría vetar las medidas, ya que éstas deben salir adelante con el beneplácito de los Veintisiete.
Von der Leyen señaló el miércoles que Bruselas pondrá sobre la mesa la "base legal" para aplicar un precio máximo al petróleo ruso, en un intento de reducir los ingresos de Rusia y estabilizar los mercados.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha retado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posicionarse ya sobre las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno y que, ha recalcado, "benefician al 99,8% de los ciudadanos".
En una primera valoración de las mismas, Feijóo ha tachado de "decepcionante y escasa" bajada de impuestos a rentas medias y bajas pactada por los dos partidos que integran el Gobierno, pero ha indicado que quieren estudiar toda la propuesta "con detalle" antes de pronunciarse sobre el conjunto de la misma.
"Como (el PP) se dedica a bajar impuestos al 0.2%, cuando se hacen propuestas que benefician al 99,8% igual no sabe qué decir", ha comentado López en los pasillos del Congreso.
"Es muy sencillo: ¿Saben o no saben que bajar los impuestos a los productos de higiene femenina beneficia a más de la mitad como población? ¿Les parece bien o no les parece bien que las rentas de menos de 15.000 euros no tributen, que se baje el IRPF a las de entre 15.000 y 21.000 euros, y que a las pymes se les rebaje el impuesto de sociedades?", ha añadido López.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido estabilidad y seguridad jurídica y ha advertido de que los empresarios son "la solución, y no el problema". Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha animado a la colaboración público-privada porque "no hay consenso político, ni se le espera".
Durante un debate junto al presidente de la Cámara de Comercio de España, en el marco del XXI Congreso de Directivo CEDE celebrado este jueves en Barakaldo (Vizcaya), el presidente de la patronal española ha defendido que, desde la Segunda Guerra Mundial, las empresas "hacían lo que tenían que hacer" y "el efecto político estaba marcado". "Y sin embargo, ahora la política está influyendo muchísimo cada vez que tomamos una decisión. Lo estamos viendo", ha apuntado.
Según ha señalado, los empresarios reclaman seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. "¿Para qué te van a dar dinero si luego no tienes la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria?", ha preguntado.
Además, cree importante romper "la dicotomía" de grandes y pequeñas empresas porque es "fundamental", y ha reivindicado el "efecto tractor de las grandes empresas en cascada". "Esa gran empresa es capaz de traccionar absolutamente un tejido empresarial enorme. Aquí no sobra nadie", ha indicado.