La empresa fundada por un acusado en 'Gürtel' alegó en un pleito que tener sucio un geriátrico no es incumplir el contrato

Que un baño de uso común esté "muy sucio", que el suelo de la cocina muestre una "falta de limpieza y dejadez absoluta", que en la sala de estancia del centro de día anexo haya "esputos de los propios usuarios", que las mesas, de nuevo "sucias", exhiban restos de alimentos secos o que se perciba "un fuerte olor" en algunas de las habitaciones. A nada de eso le atribuyó Aralia Servicios Sociosanitarios SA "entidad suficiente" para que alguien concluyera que había vulnerado el contrato con la Comunidad de Madrid en relación a un geriátrico y le obligase así a pagar una sanción. 

La afirmación de que las deficiencias entrecomilladas carecían de "entidad suficiente para ser consideradas incumplimientos contractuales" fue uno de los argumentos esgrimidos por Aralia ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) con el fin de ahorrarse la multa –"penalidades", en el argot técnico– de 16.383 euros que el Gobierno regional le había impuesto en julio de 2015 por las faltas de "especial gravedad" detectadas en su residencia de mayores del madrileño Ensanche de Vallecas.

Allí, en ese centro de 160 plazas concertadas, los familiares de los residentes llevaban contabilizadas el 8 de abril 27 muertes a causa del covid-19. Así lo asegura la plataforma en defensa de los mayores Plagdimare, que al igual que la asociación Defensor del Paciente ocupa un papel capital en las denuncias que contra las residencias van creciendo por día. Cuántas son a día de hoy es un misterio: la Fiscalía General del Estado (FGE) se niega tanto a actualizar datos como a publicitar su posición sobre un fenómeno –el malestar con el actual modelo de las residencias de ancianos– que ha estallado durante la pandemia. 

Fundada en 1993 por José Luis Ulibarri, Aralia Servicios Sociosanitarios SA gestiona 20 residencias privadas en España que se nutren de mayores con plazas concertadas: es decir, financiadas con dinero público. Aralia cerró 2018 con ingresos de 51,89 millones y una ganancia de 908.000 euros. Pendiente de juicio por partida doble en dos piezas del caso Gürtel –la llamada principal, donde se juzgarán comisiones ilegales y fraude a Hacienda; y la de los supuestos desmanes de la trama en el municipio madrileño de Boadilla–, José Luis Ulibarri es también el principal imputado en otro caso de corrupción focalizado en Castilla y León –Enredadera–, donde se erige en uno de los empresarios más poderosos. Tras cesar como presidente en 2009, al frente de Aralia se sitúan ahora dos miembros de su familia.

La sanción a Aralia por lo sucedido en el centro de Vallecas fue confirmada por el TSJM en julio de 2019, pero ni la empresa ha aceptado desvelar a infoLibre si recurrió ante el Tribunal Supremo ni ha accedido a explicar tampoco por qué entiende que carece de entidad que en una residencia de mayores la suciedad adquiera rango general. La compañía no contestó a las preguntas que este periódico le hizo llegar a través de un cuestionario al que adjuntó la página de la sentencia del TSJM que enumera una panoplia de faltas donde encuentran lugar desde la mezcolanza de "baberos sucios" y limpios, el hallazgo de un alicatado de cocina "muy sucio" o de una lencería de tela "en pésimas condiciones, muy deteriorada e inaceptable para su uso". 

"El informe técnico –se lee en la sentencia– pone de manifiesto la existencia de una serie de deficiencias en el mantenimiento y limpieza de las habitaciones, baño, comedor, entorno y zonas de esparcimiento y en e centro de día que son calificadas de especial ravedad dada la extensión del deterioro, suciedad y falta de mantenimiento que tienen, y su especial incidencia en una adecuada atención a los usuarios".

La resolución judicial expone de manera sorprendente la posición de Aralia: "La recurrente, como decimos, no niega ni cuestiona la existencia de tales deficiencias que además están contrastadas en el informe técnico, siendo lo que alega que tales deficiencias no tienen entidad suficiente para ser consideradas incumplimientos contractuales".

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Pero la de Vallecas no parece constituir una excepción. En otra de las residencias madrileñas de Aralia, la de Peñuelas, la cifra de fallecidos por el covid-19 asciende ya a 25, siempre según la asociación Plagdimare. Sobre la mesa de la Fiscalía ya hay una denuncia por los supuestos delitos atribuidos a Aralia en el centro de Peñuelas, localizado en el distrito de Arganzuela.

En febrero, antes de que la pandemia sumergiera al país en una crisis sanitaria, económica y vital de consecuencias todavía impredecibles, el diario El País publicó que Aralia se enfrentaba al primer expediente de sanción en la Comunidad para retirarle a una empresa la gestión de tres centros públicos de la tercera edad: los ya citados del Ensanche de Vallecas y el de Peñuelas (en el distrito capitalino de Arganzuela), así como la residencia que posee en Leganés. La consejería de Políticas Sociales ha iniciado el proceso para romper esas tres concesiones de geriátricos, que suman 720 plazas. ¿La causa? Haber subcontratado a empleados para cubrir bajas de cuidadores, opción que el contrato prohíbe de manera expresa.