El endurecimiento de criterios deja sin ayudas a 2.900 grandes dependientes cada mes

El sistema público de atención a las personas dependientes registra una tendencia a la baja en el número de personas calificadas como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria– que acceden a las ayudas.

En abril de 2014 (últimos datos disponibles) el número de personas valoradas con grado III, que  incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,08% de todas las evaluadas. Eran en total 365.412. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total. En números absolutos eran 438.682. Es decir, en junio de 2011 había 73.270 personas más reconocidas como grandes dependientes que en abril de 2014. Las cifras reflejan que, de media, cada mes el sistema ha dado cobertura a alrededor de 2.900 grandes dependientes menos. 

Es cierto que los datos de 2011 aún no habían pasado por el tamiz del Tribunal de Cuentas, que evaluó la gestión de la ley y que en 2013 dictaminó que había en el sistema 13.418 expedientes que estaban duplicados o que pertenecían a personas ya fallecidas. No obstante son los únicos disponibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que depende el Ministerio de Sanidad y que ofrece la estadística mes a mes con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas. Sin embargo, aunque se diera el caso poco probable de que todos esos expedientes pertenecieran a personas evaluadas como grandes dependientes, la diferencia seguiría siendo significativa. Habría 59.852 personas menos valoradas con grado III en abril de 2014 respecto a junio de 2011. 

José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica que la bajada paulatina de las personas con grado III de dependencia está relacionada con varios factores. Señala que entre estas personas están las que tienen mayor fragilidad y que, por tanto, es de esperar que en este grupo se produzcan más bajas por fallecimiento. No obstante, recuerda que también pueden influir los cambios introducidos en el baremo que, a su juicio, han "endurecido" las condiciones para el reconocimiento de este grado a los nuevos solicitantes.

Esta caída tiene que ver también con la situación de colapso en la que se encuentra el sistema. Las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. Algo que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta el abultado número de personas que no están recibiendo un servicio o prestación que tienen reconocido. Los datos de finales de abril muestran que en la actualidad hay 184.319 personas en esta situación. 

Asimismo, Ramírez señala que en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen la valoración, pues el cambio en la valoración lleva aparejado una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que concede las ayudas. Sin embargo, la reducción del número de personas calificadas con grado III no ha llegado aparejada de un aumento en el número de personas con grado II. Los datos corroboran esta afirmación, pues este grupo se ha mantenido constante. En junio de 2011 eran 437.202 las personas calificadas como dependientes severas. Y en abril de 2014 eran 437.300. Es decir, ha habido una disminución de 98 personas en términos absolutos. 

94.900 personas renunciaron en 2013 a buscar empleo por tener que cuidar a dependientes

Ver más

La clave del ahorro 

La realidad es que la disminución de personas valoradas con el grado III resulta provechosa para el Estado en términos económicos porque se reduce la cantidad de dinero que proporciona a las autonomías. Hasta el 31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades por cada dependiente –es el llamado nivel mínimo de financiación– con el único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta cantidad dependía de esa evaluación. Eran 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. En un informe reciente, la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en entre 16 y 18 millones de euros el ahorro acumulado por la pérdida de expedientes de grado III entre julio de 2012 y diciembre de 2013. 

El Gobierno acordó cambiar a partir de este año la financiación del nivel mínimo. Ya ha comenzado a financiar en función de los servicios prestados (residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio) y no del grado de dependencia de cada persona. A partir de enero de 2014 habrá una ponderación entre los servicios ofrecidos y las prestaciones económicas para servicios prestados en el hogar para favorecer a las autonomías que prestan más servicios y que, por tanto, incurren en gastos mayores.