Crisis del coronavirus

La España del consenso se abre paso: Gobierno, oposición y agentes sociales alcanzan pactos clave a pesar de la crispación

Minuto de silencio por las víctimas en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

La bronca política española que protagoniza los titulares de prensa y los informativos de la radio y la televisión no dice toda la verdad sobre lo que ha ocurrido en España en los últimos meses. El Gobierno acumula acuerdos tanto con la oposición como con los agentes sociales, patronal y sindicatos, mucho más numerosos de lo que la crispación hace ver. Los dos últimos, este mismo jueves: el decreto de nueva normalidad, respaldado por el PP, y la prórroga de los ERTE, acordada por el Ejecutivo con CEOE , UGT y CCOO.

Los ejemplos son numerosos. En primer lugar el decreto de declaración del estado de alarma y sus seis prórrogas. El PP de Pablo Casado, el mismo con el que el Ejecutivo intercambia duras invectivas cada miércoles en el Congreso, votó a favor del estado de alarma en tres ocasiones, se abstuvo en la cuarta y sólo rechazó las dos últimas. Ciudadanos respaldó todas. Vox votó a favor de la primera y se opuso a todas las demás. Con algunas modificaciones, adaptadas a la evolución de la propia pandemia para compartir la toma de algunas decisiones con las comunidades autónomas, la principal herramienta del Gobierno para luchar contra el covid-19 se mantuvo en pie el tiempo que los epidemiólogos del Ministerio de Sanidad consideraban necesario para garantizar que el sistema sanitario estaba en condiciones de controlar la enfermedad hasta que los científicos den con una terapia efectiva o con una vacuna que erradique la enfermedad.

En segundo lugar, también han salido adelante en el Congreso, en la mayoría de los casos con un amplísimo respaldo, todos los numerosos reales decretos ley que el Gobierno ha ido aprobando en relación con la pandemia y que pusieron en marcha desde la concesión de líneas de crédito para empresas a regulaciones temporales de empleo en condiciones especiales —el PP sólo se desmarcó en tres de ellos—. Seis superaron la votación en la Cámara Baja sin ningún voto en contra, entre los que están los que regularon la compra de mascarillas, el aplazamiento de impuestos a empresas y autónomos, la prórroga de cuatro años en la suspensión de lanzamientos por impago de hipoteca y la regulación de los ERTE.

Son decretos que han permitido poner en pie medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, como movilizar recursos equivalente al 20% del PIB —200.000 millones de euros para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.—, adoptar medidas complementarias en el ámbito laboral o regular el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de las empresas no esenciales que permitió detener casi todas las actividades económicas en los días previos a las vacaciones de Semana Santa. Otros decretos se han ido ocupando de resolver situaciones de urgencia, en el ámbito social y económico, en materia de empleo agrario o en relación con medidas procesales y organizativas en materia de administración de justicia. O de aprobar medidas de apoyo al sector cultural, en defensa del empleo, de la Seguridad Social y de la recaudación tributaria.

Especialmente relevante fue la votación del real decreto ley que estableció el ingreso mínimo vital y que consiguió el respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas, incluido el PP, con la única excepción de la ultraderecha de Vox.

Los últimos ejemplos son de este jueves. Después de moverse entre el  y la abstención, el PP respaldó el decreto de la nueva normalidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez logró así que su última iniciativa en aterrizar en el Congreso de los Diputados saliese adelante por amplia mayoría, con los votos en contra de Vox, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Junts per Catalunya. El resultado final de la votación fue de 265 votos a favor, 77 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa extiende la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios abiertos al público y medios de transporte y en el caso de que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros.

La prórroga de los ERTE

La casualidad quiso que casi a la misma hora patronal y sindicatos sellasen con el Gobierno la prórroga de los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre, el tercer gran acuerdo en el marco del diálogo social que se anota la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde que tomo posesión el pasado mes de enero.

Tras una última jornada en que las negociaciones se extendieron incluso después de siete horas de reunión, sindicatos y patronal aprobaron finalmente la cuarta propuesta del Ejecutivo, que permite a las empresas acogerse a un ERTE de fuerza mayor si se ven obligadas a cerrar por culpa de un rebrote del coronavirus y se amplían las exoneraciones de cuotas a los ERTE por causas objetivas –económicas, productivas, técnicas o de organización–. Además, a partir del 30 de este mes, los descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social serán menores de los que se permitían hasta ahora, y su cuantía se irá reduciendo a cada mes. También se mantienen las exoneraciones para los trabajadores una vez reincorporados a la actividad, pese a que ni la patronal ni los sindicatos consideraban eficaz ese mecanismo de incentivo, defendido por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

La capacidad del Gobierno —y de las fuerzas que le dan soporte, PSOE y Unidas Podemos— de llegar a acuerdos con el PP a pesar del clima de crispación se pondrá de nuevo a prueba en los próximos días en el marco de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. Superadas las suspicacias iniciales, las propuestas de unos y de otros han hecho crecer la esperanza de un acuerdo que incluya, cuando menos, al PP y a Ciudadanos para definir una hoja de ruta en materia económica y social y sobre todo en relación con la potenciación del sistema sanitario público.

No son los únicos ejemplos de buen entendimiento entre el gobierno y la oposición en plena pandemia. La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es desde este jueves candidata a la presidencia del Eurogrupo con el respaldo no sólo del PP y Unidad Podemos sino del PP, Vox y Ciudadanos. El Eurogrupo es un órgano informal de la UE en el que se dan cita los ministros de Economía de los 19 Estados miembros de la eurozona.

Sánchez entra en campaña sin esperanzas de recuperar la Xunta y aspira a mantenerse en Euskadi

Sánchez entra en campaña sin esperanzas de recuperar la Xunta y aspira a mantenerse en Euskadi

Más sobre este tema
stats