Recortes sociales

La espera en dependencia se reduce por fallecimientos y expulsiones del sistema

La ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado 25 de abril.

El retraso en los pagos y en las valoraciones es una de las principales quejas de los especialistas en trabajo social y los colectivos de afectados en el devenir de la Ley de Dependencia. Ambos defienden –y así lo han corroborado varios testimonios a los que ha tenido acceso infoLibre– que las personas que fallecen sin recibir una prestación que tenían reconocida y las que han sido excluidas de cualquier cobertura al considerar que su grado de dependencia es leve contribuyen a reducir las listas de espera, que es algo de lo que el actual Gobierno viene presumiendo desde su llegada al poder. La ampliación en 2012 del plazo de ejecución de la prestación, que pasó de seis meses a dos años y medio, ha sido fundamental para la reducción del cómputo total de dependientes en espera.

Los datos oficiales reflejan que existe una paulatina reducción del número de personas con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación. Y eso es algo que Sanidad se encarga de repetir como un logro cada mes, que es la periodicidad con que el ministerio publica la situación del sistema con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas. La realidad es que en diciembre de 2011 las personas en espera de ayuda eran 305.941. Un año después eran 231.119. En diciembre de 2013 eran 190.503. Y en marzo de este año –últimos datos publicados– 186.138. Por tanto, hay una reducción del 37,7% entre diciembre de 2011 y marzo de 2014.

Estas cifras corresponden a datos oficiales ya depurados de las duplicidades o errores que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas. En el resumen que hace la página web del Imserso, entidad dependiente del departamento que dirige Ana Mato, este organismo presume de que la comparativa de las cifras existentes en la actualidad con las cantidades manejadas a fecha de 1 de enero de 2012 [...] supone que la cifra y niveles interanuales más bajos de personas pendientes de percibir prestación desde el inicio de la dependencia". 

Datos de lista de espera. FUENTE: Imserso

Sería lógico pensar que a la abultada reducción de la lista de espera fuera aparejado un aumento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de un grupo a otro. Sin embargo, a la luz de los datos, la reducción de la lista de espera no se ha producido por un incremento de las atenciones, pues las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición yfallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema.

De hecho, entre diciembre de 2011 y marzo de 2014 ha habido incluso un descenso neto de las personas que cuentan con algún tipo de ayuda o prestación. Han pasado de 738.587 a 737.120. La reducción es mínima (del 0,19%) pero sí da cuenta de una tendencia a la baja en el número de personas asistidas en virtud de la Ley de Dependencia. José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales, encuentra una explicación a estos datos. "No se ha reducido la lista de espera por procurar atenciones sino simplemente porque se causa baja antes de recibir la atención. Más de la mitad de los potenciales beneficiarios tienen más de 80 años, por lo que el importante ritmo de los fallecimientos sin recibir atención es lo que marca fundamentalmente la reducción del limbo de la dependencia", señala. 

El descenso neto de personas atendidas entre diciembre de 2011 y marzo de 2014 es de 1.467. Durante ambos periodos las personas a la espera de atención pasaron de 305.941 a 186.138. Por tanto, en ese periodo hay 119.803 personas que han salido de la lista de espera. Ramírez explica que su salida es consecuencia en gran parte de haber fallecido antes de recibir ninguna prestación o de haber perdido el derecho a la atención al haberse valorado su dependencia con un grado I y nivel 2 –los llamados moderados–. En enero de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy retrasó el plazo de entrada al sistema de las personas valoradas en este nivel hasta 2015. Además, amplió hasta los dos años y medio el tiempo máximo que debe pasar entre que un ciudadano solicita una ayuda y se le concede sobre el papel. En su artículo 28, la Ley de Dependencia cifraba en seis meses este plazo, aunque es cierto que en raras ocasiones se cumplió.

Personas pendientes de recibir prestación y atendidas. FUENTE: AEDGSS. Observatorio Dependencia.

La realidad es que en la actualidad sigue habiendo más de 180.000 personas que no están recibiendo una ayuda o prestación que tienen reconocida. Y eso a pesar de que en los últimos dos años el saldo neto de solicitudes apenas supera las 15.000 personas por año, una cifra muy inferior a las 350.000 solicitudes de media que hubo en los tres primeros años de implantación de la norma. El ritmo mensual de entrada de nuevas solicitudes está entre las 10.000 y 15.000 al mes, que a su vez se ven compensadas con las numerosas bajas que se producen cada mes en el sistema, según puede leerse en el XII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales.

La dispersión autonómica 

La Defensora del Pueblo dijo en un informe reciente al que tuvo acceso El País que se estaba produciendo una "demora inaceptable" en los abonos de las prestaciones reconocidas como consecuencia de la "carencia de presupuesto". En el informe se reseñaba además que también eran frecuentes las protestas remitidas a esta institución en la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia o la asignación de los servicios o prestaciones más adecuados a las necesidades del usuario. En este sentido, el documento dice que "se observa que en algunas autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Murcia se produce la paralización de las resoluciones, especialmente las que reconocen prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, ante la falta de fondos para abonarlos". 

Sin embargo otro informe oficial, esta vez del Tribunal de Cuentas, ya evidenció cómo el acceso a las ayudas depende en gran parte del lugar de residencia. Señaló que los retrasos son "especialmente significativos" en Andalucía, Asturias, la Comunitat Valenciana y Extremadura. Además, según datos recopilados por la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales en Canarias un 52,74% de las personas con derecho reconocido no están recibiendo el servicio o prestación que les pertenece. Este porcentaje es del 39,27% en Murcia, del 31,86% en Galicia, del 31,03% en Aragón, del 30,37% en la Comunitat Valenciana o del 27,67% en Baleares. Todas ellas están por encima de la media, que se sitúa en el 20,2%. En el otro extremo se sitúan Castilla y León (1,66%), Ceuta y Melilla (4,45%) o Cantabria (6,77%).

La alternativa de los seguros privados

Los datos publicados reflejan que en 2013 las prestaciones que más subieron fueron las monetarias que se dan a los beneficiarios para que abonen un servicio, paguen a un cuidador profesional o sufraguen los gastos de una plaza en una residencia o centro de día. Es la llamada Prestación Económica Vinculada al Servicio. El problema de estas ayudas es que no siempre cubren el 100% de la necesidad de cuidados, por lo que el dependiente se ve obligado a pagar de su bolsillo lo que falta. La alternativa en este punto parece clara. O se tienen grandes ahorros o un seguro. Si no, resulta muy complicado hacer frente a esos gastos. 

Las pólizas privadas de dependencia aparecieron al calor de la nueva ley, en 2007. Según datos de la patronal de las aseguradoras españolas Unespa, a finales de 2013 había 21.724 pólizas suscritas. En 2009 había 15.477. Es decir, se produjo un aumento del 40,4%. "Aunque existe oferta de este tipo de productos, que comercializan varias entidades aseguradoras, la demanda ha sido escasa", reconocen fuentes de Unespa. No obstante, en esta organización son optimistas frente al futuro y creen que la aplicación progresiva de la ley en los años venideros "hará que los ciudadanos sean cada vez más conscientes de este nuevo derecho, así como de la necesidad de disponer de recursos complementarios para hacer frente al copago". 

En Unespa creen que el débil desarrollo de este producto se debe, entre otros factores, a su desconocimiento por parte de la población. Asimismo, consideran que otro factor muy relevante es la "falta de mentalización de los ciudadanos", a los que –dicen– les resulta difícil asumir que en un futuro pueden encontrarse en una situación de dependencia. "Por otro lado, todavía existe una creencia bastante generalizada en el ciudadano de que, en caso de devenir dependiente, será el entorno familiar el que se hará cargo de sus cuidados, o bien que las distintas Administraciones Públicas cubrirán la totalidad de las necesidades derivadas de su futura situación de dependencia. También cabe destacar que la configuración tributaria que se ha creado para estos nuevos instrumentos no es la más adecuada para su desarrollo futuro", señalan a infoLibre fuentes de la patronal. 

José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales, denunció en el programa Salvados de La Sexta el pasado domingo 27 de abril que en el sector de los seguros se abrirá una nueva oportunidad de negocio si se sigue retrocediendo de un sistema universal –que es bajo el que se diseñó la ley de 2007– hacia uno dual en el que los que puedan completar el cheque acudirán a geriátricos muy bien dotados y los que no puedan tendrán que conformarse con los centros públicos que acabarán desvirtuados y dejarán de ser la referencia en los cuidados que son en la actualidad. El otro gran escollo con el que, según Ramírez, se encuentran los seguros privados es Hacienda. "Si claudica Montoro y se abre la vía a las exenciones fiscales empezará su ascenso y, a la par, el declive de la red pública. No obstante conviene recordar que las compañías no quieren asegurar a todo el mundo. Vas con tus hijos grandes dependientes y te mandan a casa", sentencia. 

Las ayudas a la Dependencia se estancan en cifras inferiores a las que heredó Rajoy en 2011

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