El Europarlamento aportó casi 100 millones de dinero público en diez años al fondo de pensiones privado de la sicav

El Parlamento Europeo inyectó entre 2000 y 2009 más de 95 millones de euros (95.072.280 euros) al fondo privado y voluntario de pensiones que un grupo de eurodiputados mantiene aún hoy bajo gestión de una sicav de Luxemburgo. Lo anterior significa que, en contra de la primera versión oficial, que fue rectificada ayer por sus portavoces tras una conversación con infoLibre, la Eurocámara no aportó al fondo un euro por cada dos que desembolsaban de su pecunio los futuros pensionistas. Aportó exactamente el 68,5% del total, es decir, más de dos tercios. Según el Parlamento Europeo, la decisión de crear una sicav no fue de la institución sino del fondo.

Pese a las reiteradas peticiones de este diario, Estrasburgo aún no ha facilitado datos oficiales sobre la posición de los integrantes del fondo en los órganos parlamentarios cuando en 1990 la Eurocámara aprobó dar soporte económico al plan privado de pensiones. Tampoco ha desvelado aún la cuantía exacta de dinero público que llegó a sus arcas entre 1994 y 2009.

Pero las cuentas anuales depositadas en el Registro de Luxemburgo desglosan la procedencia del dinero, aunque solo en lo relativo a los últimos 10 años de los 15 con que la sicav manejó financiación europarlamentaria. infoLibre no ha logrado localizar balances anteriores al del ejercicio 2000 en el Registro luxemburgués.

Fue una “asociación sin ánimo de lucro” nutrida por parlamentarios en activo y cesantes la que depositó esas cuentas. Porque es justamente esa asociación de fines altruistas la propietaria de “todas las participaciones de la sicav” a través de la cual se gestiona el fondo de Luxemburgo. Así figura en los balances de la asociación, disponibles año tras año para todos sus miembros.

Variación en el sufijo

El nombre de la asociación y el de la sicav es idéntico. Solo varía el sufijo mercantil: la ONG constituida por eurodiputados y exeurodiputados se llama Fonds de Pension de Deputés au Parlement Européen asbl, siglas que en francés significan “asociación sin ánimo de lucro”. Y la empresa privada finaliza con la palabra sicav, acrónimo de sociedad de inversión de capital variable, una figura que, en la modalidad Fis (fondo de inversión especializado), y esta lo es, solo paga en Luxemburgo un único impuesto: la llamada tasa de suscripción, cuyo importe equivale al 0,01% de los activos netos de la sociedad. Al cierre de 2012, la sicav europarlamentaria contabilizó 164 millones en activos.

Bajo el epígrafe "Gestión de Fondos", el balance y la memoria anual de la asociación correspondientes a 2003 dice lo siguiente en su apartado quinto: "En marzo de 1994, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) fue constituida para gestionar las inversiones del fondo". "La ASBL [asociación sin ánimo de lucro] –continúa el texto– es dueña de todas las participaciones de esta sicav, y la gestora de las inversiones de la sicav, Crédit Agricole Indosuez Luxembourg, se encarga de la gestión de las inversiones del día a día del fondo en el marco de la estrategia general establecida por el consejo de administración". Esa memoria puede obtenerse, previo pago, en el Registro de Luxemburgo.

La participación del Parlamento Europeo en la financiación de esa asociación –y, por tanto, de la sicav que posee al 100%– queda reflejada de modo inequívoco en sus cuentas anuales.

Mucho más que las Cortes Generales

Bajo el epígrafe “ingresos” (revenus, en el original), hay dos leyendas: “Cuota del Parlamento” y “Cuota de los diputados”. Junto a cada una de ellas, figura la cifra de ingresos. Es ese apartado el que confirma que la Eurocámara aportó en cada uno de esos diez años el doble que los diputados. Una vez que infoLibre expuso esos datos a los servicios oficiales del Parlamento Europeo, y previa consulta a Bruselas, de donde dos días antes partió la información original, las fuentes admitieron que se había producido un error: la aportación de dinero público no equivalía a un tercio sino a dos.

El porcentaje de aportación de fondos aplicado por el Parlamento Europeo a lo largo de la pasada década supera, muy de largo, al aprobado por Congreso y Senado para el ya desaparecido fondo privado de pensiones de los diputados españoles: el 10% de la llamada asignación constitucional, lo que en 2009 se traducía en unos 280 euros al mes. Gestionado por el BBVA, ese fondo privado de previsión social quedó extinguido a comienzos de 2012 por acuerdo de las Mesas de las dos Cámaras.

También hasta 2009, cuando el Parlamento Europeo unificó sueldos y pensiones de jubilación –y pasó a dotar esas obligacioines con fondos propios–, la cobertura de los eurodiputados españoles corría a cargo del Congreso. El fondo que gestiona la sicav de Luxemburgo es, y así lo reflejan sus documentos oficiales, “voluntario” y “adicional”. La Eurocámara dejó de financiar la sicav de Luxemburgo ese mismo año, aseguran sus portavoces oficiales.

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En 2004, la “asociación sin ánimo de lucro” propietaria de la sicav europarlamentaria tenía como suscriptores a 384 eurodiputados en activo y 240 antiguos parlamentarios, según los documentos oficiales del Registro luxemburgués. De esos 640 integrantes –el Parlamento Europeo tenía entonces 730 escaños–, había 58 españoles: 35 parlamentarios en activo y 23 exeurodiputados. Entre ellos, y como ya desveló este diario el pasado martes, se cuentan el conservador Miguel Arias Cañete, que en 1996 había ocupado uno de los cargos de administrador de la sicav; la socialista Elena Valenciano; la líder de UPyD, Rosa Díez, y el dimisionario jefe de la delegación europea de IU, Willy Meyer. Tanto Valenciano como Meyer y Díez –que se pronunció a través de un portavoz– dijeron desconocer la existencia de la sicav.

La relación de miembros de la asociación europarlamentaria que posee la sicav incorpora también en 2004 los nombres del actual titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de la exministra de Educación Pilar del Castillo, ambos del PP.

Una de las europarlamentarias más célebres de la historia de la Cámara, la italiana Emma Bonino, aparece en la lista de ese ejercicio, aunque los documentos de 2006 confirman que lo abandonó ese año. El listado de 2004 también incluye a una figura en alza tras su triunfo electoral de mayo: la ultraderechista francesa Marine Le Pen, cuyo nombre flanquea al de su padre, Jean-Marie Le Pen.

El Parlamento Europeo inyectó entre 2000 y 2009 más de 95 millones de euros (95.072.280 euros) al fondo privado y voluntario de pensiones que un grupo de eurodiputados mantiene aún hoy bajo gestión de una sicav de Luxemburgo. Lo anterior significa que, en contra de la primera versión oficial, que fue rectificada ayer por sus portavoces tras una conversación con infoLibre, la Eurocámara no aportó al fondo un euro por cada dos que desembolsaban de su pecunio los futuros pensionistas. Aportó exactamente el 68,5% del total, es decir, más de dos tercios. Según el Parlamento Europeo, la decisión de crear una sicav no fue de la institución sino del fondo.

Un día antes de publicar que

un grupo de eurodiputados mantiene un fondo privado de pensiones gestionado por una sicav de Luxemburgo, infoLibre consultó esa información con fuentes oficiales del Parlamento Europeo.

Solicitó igualmente ayuda a técnicos parlamentarios que trabajan en Bruselas y que se declararon estupefactos por la noticia: jamás habían oído hablar de esa sicav. En cambio, las fuentes oficiales dijeron que la noticia “ya se había publicado en 2009 pero en otros países”, algo que a fecha de hoy todavía no ha podido comprobar este diario pese a su exhaustiva búsqueda en hemerotecas de diversos países e idiomas. Pero esas fuentes dijeron igualmente que el Parlamento no podía desvelar la identidad de quienes integran el fondo. Y que aún no tenían respuesta a la pregunta sobre cuánto dinero público se destinó a ese plan de pensiones privado.

Una vez verificado el nombre oficial de la sicav, un rastreo a través del buscador Google arrojó entonces dos únicos datos, ninguno de ellos de carácter oficial: una información publicada en abril por el rotativo británico Daily Telegraph y centrada en el caso de los diputados británicos que impulsaron la creación del fondo –y de la sicav–; y un listado de eurodiputados supuestamente adscritos a ese mismo fondo y difundido por el laboratorio de ideas británico Open Europe. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad del listado, infoLibre decidió no publicarlo. Y se limitó a facilitar los nombres de los parlamentarios cuyos nombres aparecían en documentos oficiales –el caso de Miguel Arias Cañete y María Teresa Estevan, del PP, y de los socialistas Ludivina García Arias y Joan Colom, que constan como administradores en distintas fechas en el Boletín Mercantil de Luxemburgo– y los de aquellos otros con los que, en conversación con este diario, admitieron que, efectivamente, habían participado en el fondo. Ese fue el caso de la socialista Elena Valenciano y del ahora dimisionario Willy Meyer.

El miércoles, y dado que el nombre de Rosa Díez figuraba igualmente en el listado difundido por Open Europe, infoLibre contactó con UPyD. Un portavoz oficial de la líder de esa formación aportó una respuesta casi idéntica a la que la víspera habían dado Elena Valenciano y Willy Meyer: Díez había participado en el fondo pero ignoraba que su gestión estuviera a cargo de una sicav.

InfoLibre no logró hablar con Miguel Arias Cañete. Pero fuentes europarlamentarias del PP conocedoras de los entresijos de este fondo privado de pensiones refutaron de plano al día siguiente la hipótesis de que un suscriptor del fondo pudiera ignorar la existencia de la sicav: “Lo sabían todos porque todos recibían información periódica sobre la evolución del fondo”, dijeron las fuentes consultadas en el PP.

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